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Ecuador elije presidente para dejar atrás la devastadora gestión de Lenin Moreno

Los comicios se dan tras cuatro años de un gobierno signado por la crisis política, económica y judicial, donde el lawfare contra dirigentes y líderes sociales fue moneda corriente. Ahora, frente a unas elecciones que se presentan altamente polarizadas, los ecuatorianos apuntan hacia una derecha conservadora, representada por el banquero Guillermo Lasso, y hacia una izquierda atomizada, en la que el economista Andrés Arauz es el favorito y también el elegido de Rafael Correa.

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Los comicios se dan tras cuatro años de un gobierno signado por la crisis política, económica y judicial, donde el lawfare contra dirigentes y líderes sociales fue moneda corriente. Ahora, frente a unas elecciones que se presentan altamente polarizadas, los ecuatorianos apuntan hacia una derecha conservadora, representada por el banquero Guillermo Lasso, y hacia una izquierda atomizada, en la que el economista Andrés Arauz es el favorito y también el elegido de Rafael Correa.

Más de 13 millones de ecuatorianos comenzaron a votar este domingo en Ecuador en unas polarizadas elecciones entre una derecha conservadora aglutinada y una izquierda atomizada, marcadas además por un rebrote de la pandemia de coronavirus, la crisis económica que deja un Gobierno altamente impopular y el correísmo que busca retomar el poder.

El proceso eleccionario arrancó a las 7 y terminará a las 17 (9 y 19 en la Argentina, respectivamente), jornada en la que los ecuatorianos eligen a su próximo presidente, pero también a 137 miembros de la Asamblea Legislativa y cinco representantes del Parlamento Andino, para los cual hay 4.276 recintos habilitados en todo el país y otros 101 en el exterior.

Aunque la carrera presidencial la integran 15 hombres y una mujer, un récord de candidatos en la historia de la democracia ecuatoriana, solo dos parecen perfilarse para una probable segunda vuelta el 11 de abril: el banquero Guillermo Lasso y el aleado de Correa, el economista Andrés Arauz.

Según los últimos sondeos, publicados antes de la veda electoral el 29 de enero, el favorito era Arauz, con una media de 35,4% de los votos, seguido por Lasso, con un promedio de 26,3%, y tercero figuraba Yaku Pérez, candidato del partido Pachakutik, brazo político del movimiento indígena, con una media de 16,2%.

Según estos datos ningún aspirante obtendría la mayoría absoluta de votos válidos ni el 40% de los sufragios, con una diferencia de 10% sobre la segunda fuerza, necesarios para alzarse con el triunfo en primera vuelta.

Los indecisos, en tanto, suman promedio de 14% y los votos blancos y nulos alrededor de 17% y será la franja que defina la elección, en un contexto donde el llamado voto oculto, que no se cuenta en los sondeos, y las persecuciones políticas serán relevantes.

El tercer favorito según los sondeos podría traer una sorpresa: se trata del abogado Yaku Pérez, que representa al movimiento indígena y está alineado con la izquierda opuesta al correísmo.

Los comicios suponen el principio del fin del Gobierno de Lenín Moreno, quien termina su mandato sumido en un ocaso político, en plena crisis económica y sanitaria, con un criticado manejo de la pandemia, socialmente deslegitimado y tildado de «traidor» por el movimiento correísta que lo llevó al poder hace cuatro años.

Poco después de su asunción en 2017, el mandatario rompió con su predecesor, a quien acusó de corrupción y endeudamiento irresponsable, e inició un giro radical en materia económica y un alineamiento con Washington.

Buscó nuevos acuerdos comerciales, alianzas con el sector privado y una apertura de la minería a nivel industrial, pero la economía nunca despegó y se ahondaron las tensiones sociales, por lo que terminó engrosando la deuda pública al acudir a organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La economía ecuatoriana se vio además golpeada por la pandemia de coronavirus, que impactó de lleno en el país, donde se espera una caída del 8,9% del PBI en 2020, según las proyecciones oficiales, mientras que para el Banco Mundial sería de 9,5% y para el FMI de 11%.

La Covid-19 puso expuso las graves deficiencias del sistema público de salud, golpeado por las políticas de ajuste del Gobierno, y destapó también cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como barbijos, test o bolsas para transportar cadáveres.

Un total de 13.099.150 de ecuatorianos están llamados a votar en los comicios generales de hoy, para los que se dispuso un protocolo sanitario particular.

En un intento de evitar las aglomeraciones, la votación estará repartida en dos turnos: de 7 de la mañana al mediodía para los ciudadanos con documento terminado en número par, y del mediodía hasta las 5 de la tarde para aquellos terminados en impar.

El uso de barbijo será obligatorio -excepto cuando se pida quitarlo para comprobar la identidad-, se deberá guardar una distancia de tres metros entre los electores, llevar birome propia y estará prohibido ingresar a los centros de votación con acompañantes.

En tres de las provincias más afectadas por el brote, la norteña Pichincha y las occidentales Guayas y Manabí, las autoridades desplegarán 14 drones para vigilar el distanciamiento social o posibles aglomeraciones en los recintos electorales.

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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

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La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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