DDHH
Impresionante persecución judicial y política contra Milagro Sala
Insólito: en plena internación y convalecencia por una trombosis grave, una policía del Servicio Penitenciario entró a su habitación sin anunciarse y la zamarreó para entregarle una cédula de notificación judicial.
Los abogados de la dirigente social Milagro Sala denunciaron «presiones» del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y del Poder Judicial de esa provincia, para que la referente de la organización Tupac Amaru -quien se encuentra internada por una trombosis- «cumpla una pena ya cumplida».
«Hace una hora, una persona del Servicio Penitenciario jujeño entró, sin anunciarse, a la Clínica Los Lapachos, donde está alojada Milagro Sala, y le entregó una cédula de notificación en la que el juez de ejecución establece que tiene que cumplir una condena hasta el 21 de junio de 2024», señalaron los abogados de la dirigente a través de un comunicado.
El cuerpo de letrados consignó que «se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación».
«El juez pretende computar una condena de dos años, que Milagro Sala ya cumplió, a partir de ahora. En cualquiera de las lecturas posibles, la pena está cumplida. La sentencia de condena, además, se encuentra en revisión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», añadieron.
Al respecto, los letrados recordaron que «más allá de la arbitrariedad de lo decidido, lo cierto es que la resolución ya había sido notificada a la defensa el viernes pasado, y hasta ya fue recurrida en el juzgado. Aun así, el juez de ejecución la notificó ayer a las 22 30 en el domicilio de Milagro Sala, donde la recibió su marido, y nuevamente hoy, en la clínica«.
«Ninguna de estas últimas notificaciones tiene sentido legal alguno, por lo que, evidentemente, es solo una forma de hostigar y atormentar a Sala en un contexto crítico para su salud, en el que está aislada de todo estimulo que pueda perturbarla«, agregaron los abogados.
También alertaron que «de acuerdo a los testimonios de quienes estaban allí, la oficial notificadora zamarreó a Milagro para despertarla, ya que estaba dormida». «Tras recibir la cédula, la dirigente social quedó conmocionada, justamente lo que hay que evitar, de acuerdo con el personal médico», acotaron.
El equipo de abogados comunicará la situación a los «organismos nacionales e internacionales competentes y realizará las denuncias penales correspondientes».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió hoy informes al Estado argentino sobre la situación actual de Sala, quien permanece internada en la capital jujeña por un cuadro de trombosis venosa, y otorgó plazo hasta el próximo 13 de julio para presentar sus observaciones.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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