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La CIDH pidió informes al Estado argentino sobre la situación de Milagro Sala

La Corte otorgó plazo hasta el próximo 13 de julio para presentar sus observaciones.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió este jueves informes al Estado argentino sobre la situación actual de la dirigente social Milagro Sala, quien permanece internada en la capital jujeña por un cuadro de trombosis venosa, y otorgó plazo hasta el próximo 13 de julio para presentar sus observaciones.

A raíz de la internación que atraviesa la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y «el creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales», la Corte IDH solicitó al Estado argentino informes sobre su salud y «sigue con atención su situación», informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado.

El informe de prensa de la secretaría recordó que Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal internacional, que ordenó «proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy».

El 23 de noviembre de 2017, la Corte IDH consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

En el marco de aquella resolución de 2017, la Corte IDH concedió al Estado argentino «un plazo hasta el 13 de julio de 2022 para que remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria», según precisó el documento del tribunal internacional.

En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos argentina volvió a señalar que «las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino».

Sobre el estado actual de salud de la dirigente social, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, dijo hoy en declaraciones radiales, que Sala «está estable y un poco mejor, los anticoagulantes parecen hacer efecto».

Sin embargo, el abogado expresó que Sala recibió una notificación de un juez que «sólo busca hostigar, molestarla y transmitirle una mala noticia». «Uno de los jueces le notificó una resolución que ya nos habían dicho hace cinco días», subrayó Aldazabal sobre una misiva que le entregaron en su habitación «sin pedir permiso».

Además, el abogado subrayó que «es imposible» que Sala vuelva a cárcel común, algo que pidió ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado que «hay una medida vinculante de la Corte Interamericana», explicó.

En ese sentido, agregó: «Es una expresión de deseo de él, pero hay una medida que lo impide».

Asimismo, destacó que la visita que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a su defendida fue fructífera: «Fue muy positivo el gesto de Alberto Fernández, a ella también le hizo bien».

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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