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La CIDH pidió informes al Estado argentino sobre la situación de Milagro Sala

La Corte otorgó plazo hasta el próximo 13 de julio para presentar sus observaciones.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió este jueves informes al Estado argentino sobre la situación actual de la dirigente social Milagro Sala, quien permanece internada en la capital jujeña por un cuadro de trombosis venosa, y otorgó plazo hasta el próximo 13 de julio para presentar sus observaciones.

A raíz de la internación que atraviesa la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y «el creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales», la Corte IDH solicitó al Estado argentino informes sobre su salud y «sigue con atención su situación», informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado.

El informe de prensa de la secretaría recordó que Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal internacional, que ordenó «proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy».

El 23 de noviembre de 2017, la Corte IDH consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

En el marco de aquella resolución de 2017, la Corte IDH concedió al Estado argentino «un plazo hasta el 13 de julio de 2022 para que remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria», según precisó el documento del tribunal internacional.

En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos argentina volvió a señalar que «las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino».

Sobre el estado actual de salud de la dirigente social, uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, dijo hoy en declaraciones radiales, que Sala «está estable y un poco mejor, los anticoagulantes parecen hacer efecto».

Sin embargo, el abogado expresó que Sala recibió una notificación de un juez que «sólo busca hostigar, molestarla y transmitirle una mala noticia». «Uno de los jueces le notificó una resolución que ya nos habían dicho hace cinco días», subrayó Aldazabal sobre una misiva que le entregaron en su habitación «sin pedir permiso».

Además, el abogado subrayó que «es imposible» que Sala vuelva a cárcel común, algo que pidió ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dado que «hay una medida vinculante de la Corte Interamericana», explicó.

En ese sentido, agregó: «Es una expresión de deseo de él, pero hay una medida que lo impide».

Asimismo, destacó que la visita que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a su defendida fue fructífera: «Fue muy positivo el gesto de Alberto Fernández, a ella también le hizo bien».

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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