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Judiciales ⚖️

Imputan a Alberto Fernández en causa por contratación de seguros

Se investigan supuestas irregularidades en contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el «ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas», indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal.

«A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´», publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia «también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario», según el fiscal.

«Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado», recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los «antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021».

También señaló que «puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios».

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede «aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones», se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante».

Policiales 🚨

Rosario sin frenos: el menor que mató al playero Bussanich, detenido por tercera vez

M.D.G., el adolescente declarado no punible por el asesinato de Bruno Bussanich en marzo de 2024, fue arrestado por segunda vez en menos de un año. Ahora tiene 17 años y fue interceptado junto a un mayor armado en el barrio donde opera el crimen organizado.

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El menor que mató al playero Bussanich en Rosario volvió a ser detenido

★ El adolescente identificado como M.D.G., quien en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de la ciudad de Rosario, fue detenido por segunda vez en lo que va de su corta historia delictiva. Esta vez, las autoridades lo interceptaron en el cruce de las calles Colastiné y Blomberg junto a un joven mayor que portaba un arma de fuego ilegal.

Un menor con prontuario en construcción

La detención se produjo durante la madrugada del domingo, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones en la zona. La Policía desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de tres personas: S.L.F., de 17 años; L.A.R., de 20; y D.M.G. (el mismo M.D.G. referenciado en la causa Bussanich), también de 17. Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa calibre 380, número p06725, con el cargador colocado y municionado con ocho cartuchos, uno en recámara, y un cargador adicional con doce cartuchos más. El rastrillaje posterior en la zona no arrojó material balístico ni daños visibles por las detonaciones denunciadas.

Según informó el periodista Hernán Funes, este lunes la jueza Dolores Aguirre Guarrochena definirá el futuro procesal del menor por los delitos de abuso de arma de fuego, tenencia y portación ilegítima de arma de fuego.

El historial que la Justicia no pudo contener

La trayectoria del adolescente representa una de las evidencias más crudas del fracaso institucional frente al crimen organizado en Rosario. En marzo de 2024, siendo menor de 16 años, mató a Bruno Bussanich en una estación de servicio. La Justicia lo declaró no punible por su edad y ordenó su traslado fuera de la provincia de Santa Fe, medida que nunca se cumplió. El propio adolescente confesó haber cometido el asesinato por encargo del narco conocido como «Chuky Monedita», recibiendo un pago de $400.000 pesos. Declaró además que tenía la orden de disparar «a cualquiera» y que eligió a Bussanich por ser simplemente la primera persona con la que se cruzó.

En noviembre de 2025, el menor fue detenido por primera vez por una causa autónoma: un operativo le encontró 16 bochas de droga empaquetada lista para su comercialización. Ahora, a menos de seis meses de ese arresto, vuelve a quedar bajo custodia judicial.

El contexto: Rosario, laboratorio del narcocrimen y la impunidad estructural

El caso de M.D.G. no es una excepción sino una expresión concentrada de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario desde hace años. El asesinato de Bussanich ocurrió en un período de recrudecimiento de la violencia narcocriminal que convirtió a la ciudad en símbolo nacional del colapso del Estado ante el crimen organizado. La declaración de no punibilidad, el traslado que nunca se ejecutó y las detenciones reiteradas sin consecuencias efectivas configuran un ciclo que las autoridades provinciales y nacionales no han logrado interrumpir.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad resurge con cada caso así, aunque los especialistas en derecho penal y en derechos de la infancia advierten que criminalizar más temprano no resuelve las condiciones estructurales que empujan a adolescentes hacia el crimen organizado. Lo que el caso de M.D.G. expone, más que cualquier debate legislativo, es la ausencia de una política de contención real para menores que ya operan como instrumentos de redes narco.

Puntos clave

  • M.D.G., el adolescente que mató al playero Bussanich en 2024, fue detenido por segunda vez en Rosario.
  • Fue interceptado junto a un mayor armado; se secuestró una pistola Bersa calibre 380 con munición.
  • La jueza Aguirre Guarrochena definirá este lunes su situación procesal por portación y tenencia ilegal de armas.
  • En noviembre de 2025 ya había sido detenido por posesión de droga fraccionada para la venta.
  • Confesó haber matado a Bussanich por encargo del narco «Chuky Monedita» por $400.000 pesos; la medida de traslado provincial ordenada por la Justicia nunca se cumplió.

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