Judiciales ⚖️
Imputan a Alberto Fernández en causa por contratación de seguros
Se investigan supuestas irregularidades en contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno
El expresidente Alberto Fernández fue imputado hoy en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.
La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.
Los imputados son el «ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas», indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal.
«A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´», publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia «también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario», según el fiscal.
«Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado», recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los «antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021».

También señaló que «puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios».
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede «aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones», se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante».
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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