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Denuncia

Piden secuestrar celulares de asesoras de Milman en «Casablanca»

La querella solicitó que «se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco».

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La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después.

Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira presentaron un recurso de reposición ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti para que «se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco», según surge del escrito al que accedió Télam.

Los abogados remarcaron allí que esa medida, a la que la jueza no hizo lugar el día que ambas colaboradoras de Milman fueron escuchadas como testigos, era la única que permitiría probar o descartar la línea de investigación que se abrió a partir de la declaración del testigo que mencionó al legislador.

El testigo, que es colaborador del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, aseguró ante la justicia haber escuchado a Milman decir, el 30 de agosto en la confitería Casablanca, que «cuando la maten» él estaría «camino a la costa».

Dos días después, el 1 de septiembre, se produjo el intento de homicidio a la Vicepresidenta cuando llegaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Los abogados afirmaron que «este recurso tiene origen en la denegación de la solicitud de esta querella vinculada con el secuestro de los dispositivos celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco. Dicha petición se realizó verbalmente en un cuarto intermedio solicitado por esta parte durante las audiencias de las testigos».

«Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país», remarcaron.

En la presentación se destacó además que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia de Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada, fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.

«El resto del testimonio (del testigo) se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo (´cuando la maten yo estoy camino a la costa´), la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada», explicaron.

Aldazabal y Ubeira consideraron que, «más allá de lo que hicieran las partes», la jueza debió «haber ordenado una medida indudablemente necesaria», mientras que «lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, ´fundándolo´ varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 Constitución Nacional».

Los abogados señalaron en su presentación que los testimonios de Bohdziewicz y Gómez Mónaco presentaron contradicciones, como por ejemplo, que la primera respondió que no iba nunca a la confitería Casablanca, ubicada a metros del Congreso de la Nación, cuando se le preguntó si había estado allí el 30 de agosto.

En primer lugar, declaró Bohdziewicz. La jueza, en su deber de dirigir la investigación, le hizo una sola pregunta. Cuando el MPF le preguntó si había ido a Casablanca el 30 de agosto respondió: «no, a Casablanca no voy nunca». Dijo que la última vez que fue había sido en marzo y que no recordaba haber estado en el lugar el día del atentado.

También aseguraron que hubo contradicciones entre las testigos en relación a lo que hablaron con el diputado Milman aquella tarde: una de las testigos dijo que se habían referido a los preparativos del viaje a Pinamar (que finalmente haría el diputado), mientras que la otra dijo jamás haber hablado de eso.

«El cuadro era, entonces, que el testimonio (del testigo) se había confirmado en todo salvo en la frase atribuida a Milman. Por un lado, entonces, tenemos a un testigo que relató algo que se confirmó en su mayoría. Por otro lado, tenemos dos testigos que se contradijeron entre sí claramente (respecto del viaje a Pinamar) y cuya memoria espacial parece ser bastante mejor que la temporal, ya que una recuerda dónde estaba una mesa y cómo estaban sentadas pero sitúan en marzo eventos de agosto«, señalaron.

«Casablanca, por su parte, parecía haber escapado de los recuerdos de ambas; al menos, hasta que vieron las fotos. En otras palabras, mientras todo lo que dijeron Bohdziewicz y Gómez Mónaco es distinto de lo que pasó y ambas se contradicen, todo lo que dijo el testigo se verificó», sostuvieron los abogados tras señalar que ambas recordaron haber estado el 30 de agosto en Casablanca solo en el momento en el que les fueron exhibidos los videos que permitieron reconstruir esa situación.

Para resolver esta contracción -señalaron los letrados- la jueza «tenía dos opciones: o encomendarse a su intuición o producir pruebas. A criterio de esta parte, dado que se investiga el atentado de inusitada gravedad y que, probablemente, el secuestro de los celulares fuera la única forma de probar o descartar esta línea de investigación, esta hubiera sido la mejor opción».

«Este recurso se presenta con la horrible sensación de que dejar ir a estas dos personas con estos celulares hirió gravemente la posibilidad de dilucidar esta hipótesis. Una vez que Bohdziewicz y Gómez Mónaco se fueron del juzgado, es casi obvio que le comunicaron a su jefe lo sucedido y que, si había alguna prueba, se estarán encargando de que deje de existir», concluyeron.

Denuncia

Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”

El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Kicillof, a cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina, cuestionó que “la investigación no arrojó ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.

«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.

Un atentado con condenas parciales y una causa trunca

El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.

Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.

«Dos caras de una misma moneda»

La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.

Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».

La pregunta que la Justicia no responde

El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.

En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.

Puntos clave

  • El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
  • El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
  • Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
  • La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
  • La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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