Denuncia
Piden secuestrar celulares de asesoras de Milman en «Casablanca»
La querella solicitó que «se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco».
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy que sean secuestrados los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque que ocurriría dos días después.
Los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira presentaron un recurso de reposición ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti para que «se ordene el inmediato secuestro de los celulares de (Ivana) Bohdziewicz y (Carolina) Gómez Mónaco», según surge del escrito al que accedió Télam.
Los abogados remarcaron allí que esa medida, a la que la jueza no hizo lugar el día que ambas colaboradoras de Milman fueron escuchadas como testigos, era la única que permitiría probar o descartar la línea de investigación que se abrió a partir de la declaración del testigo que mencionó al legislador.
El testigo, que es colaborador del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, aseguró ante la justicia haber escuchado a Milman decir, el 30 de agosto en la confitería Casablanca, que «cuando la maten» él estaría «camino a la costa».
Dos días después, el 1 de septiembre, se produjo el intento de homicidio a la Vicepresidenta cuando llegaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.
Los abogados afirmaron que «este recurso tiene origen en la denegación de la solicitud de esta querella vinculada con el secuestro de los dispositivos celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco. Dicha petición se realizó verbalmente en un cuarto intermedio solicitado por esta parte durante las audiencias de las testigos».
«Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país», remarcaron.
En la presentación se destacó además que todos los datos aportados por el testigo vinculados con la presencia de Milman en la confitería Casablanca en un día, a una hora y con una compañía determinada, fueron constatados por prueba independiente de su testimonio por lo que restaba confirmar o descartar era aquello que él dijo haber escuchado.
«El resto del testimonio (del testigo) se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo (´cuando la maten yo estoy camino a la costa´), la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada», explicaron.
Aldazabal y Ubeira consideraron que, «más allá de lo que hicieran las partes», la jueza debió «haber ordenado una medida indudablemente necesaria», mientras que «lejos de eso, se limitó a rechazar lo pedido por esta parte, ´fundándolo´ varias horas después, en una resolución que no cita un solo precedente ni razón válida y se limita a afirmar, de modo genérico, que secuestrar un celular violaría los artículos 18 y 19 Constitución Nacional».
Los abogados señalaron en su presentación que los testimonios de Bohdziewicz y Gómez Mónaco presentaron contradicciones, como por ejemplo, que la primera respondió que no iba nunca a la confitería Casablanca, ubicada a metros del Congreso de la Nación, cuando se le preguntó si había estado allí el 30 de agosto.
En primer lugar, declaró Bohdziewicz. La jueza, en su deber de dirigir la investigación, le hizo una sola pregunta. Cuando el MPF le preguntó si había ido a Casablanca el 30 de agosto respondió: «no, a Casablanca no voy nunca». Dijo que la última vez que fue había sido en marzo y que no recordaba haber estado en el lugar el día del atentado.
También aseguraron que hubo contradicciones entre las testigos en relación a lo que hablaron con el diputado Milman aquella tarde: una de las testigos dijo que se habían referido a los preparativos del viaje a Pinamar (que finalmente haría el diputado), mientras que la otra dijo jamás haber hablado de eso.
«El cuadro era, entonces, que el testimonio (del testigo) se había confirmado en todo salvo en la frase atribuida a Milman. Por un lado, entonces, tenemos a un testigo que relató algo que se confirmó en su mayoría. Por otro lado, tenemos dos testigos que se contradijeron entre sí claramente (respecto del viaje a Pinamar) y cuya memoria espacial parece ser bastante mejor que la temporal, ya que una recuerda dónde estaba una mesa y cómo estaban sentadas pero sitúan en marzo eventos de agosto«, señalaron.
«Casablanca, por su parte, parecía haber escapado de los recuerdos de ambas; al menos, hasta que vieron las fotos. En otras palabras, mientras todo lo que dijeron Bohdziewicz y Gómez Mónaco es distinto de lo que pasó y ambas se contradicen, todo lo que dijo el testigo se verificó», sostuvieron los abogados tras señalar que ambas recordaron haber estado el 30 de agosto en Casablanca solo en el momento en el que les fueron exhibidos los videos que permitieron reconstruir esa situación.
Para resolver esta contracción -señalaron los letrados- la jueza «tenía dos opciones: o encomendarse a su intuición o producir pruebas. A criterio de esta parte, dado que se investiga el atentado de inusitada gravedad y que, probablemente, el secuestro de los celulares fuera la única forma de probar o descartar esta línea de investigación, esta hubiera sido la mejor opción».
«Este recurso se presenta con la horrible sensación de que dejar ir a estas dos personas con estos celulares hirió gravemente la posibilidad de dilucidar esta hipótesis. Una vez que Bohdziewicz y Gómez Mónaco se fueron del juzgado, es casi obvio que le comunicaron a su jefe lo sucedido y que, si había alguna prueba, se estarán encargando de que deje de existir», concluyeron.
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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