Investigación 🔎
Cuadernos: declaró el ex funcionario de la AFIP tras el insólito error judicial que citó a un homónimo
El Tribunal Oral Federal 7 convocó por equivocación a un contador homónimo antes de escuchar al verdadero Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP. En su declaración, el exfuncionario colaboró en la reconstrucción de las maniobras que usaban empresarios para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública.
El juicio por la causa Cuadernos registró este martes un nuevo episodio ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7): declaró el ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Carlos Santos, quien colaboró en la reconstrucción del funcionamiento de la AFIP durante 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos en contratos de obra pública. La audiencia se concretó luego de que la Justicia incurriera en un error que ya tiene estado público: el pasado 7 de julio, el tribunal citó a otro Juan Carlos Santos que no tenía ninguna vinculación con la causa.
Un error que llegó por WhatsApp
El episodio de la confusión fue narrado por el propio homónimo involuntario ante el juez Enrique Méndez Signori. El contador, de 73 años, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y afirmó sin rodeos: «Se equivocaron de Juan Carlos Santos». Al preguntarle el tribunal si le habían explicado los motivos de la citación, la respuesta fue contundente: «No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto».
El episodio expone una irregularidad procesal llamativa en un juicio de alto perfil como el de los Cuadernos: la notificación de un testigo a través de un mensaje de WhatsApp, sin identificación precisa del convocado ni explicación del objeto de la citación. El verdadero Juan Carlos Santos, en cambio, ya tenía antecedentes de colaboración con la Justicia federal; había declarado anteriormente en la causa Oil Combustibles durante la pandemia.
Lo que Santos vino a reconstruir
En su declaración ante el TOF 7, el ex subdirector de Grandes Contribuyentes se abocó a reconstruir el desempeño de la AFIP en los años 2018 y 2019, período en que el organismo tramitó oficios judiciales vinculados a la investigación central. En ese marco, funcionarios de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) describieron ante el tribunal los mecanismos que utilizaban empresarios investigados para extraer dinero en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante gestiones del kirchnerismo.
Las operatorias detectadas por el fisco seguían un patrón sistemático: las empresas contratadas por el Estado recibían adelantos o pagos parciales y derivaban esos fondos a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos quedaban registrados contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a obras, lo que permitía que el dinero saliera del circuito formal sin respaldo documental.
Las empresas y el dinero que llegó hasta Andorra
Entre las firmas señaladas en el juicio figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, todas integrantes de uniones transitorias de empresas (UTE) para proyectos de infraestructura. Una de las maniobras más detalladas involucra a Isolux, adjudicataria en 2007 de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2.000 millones de pesos. Según testimoniaron exagentes de la AFIP, parte de los fondos del contrato fueron canalizados a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
«Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa», declaró una de las testigos ante el tribunal. El circuito descripto combina evasión tributaria, uso de paraísos fiscales y triangulaciones a través de entidades offshore, en lo que los investigadores identificaron como una estructura de salida de divisas organizada y sostenida en el tiempo.
El juicio por la causa Cuadernos continúa acumulando testimonios que, lejos de sostener el relato que inspiró la investigación original, revelan la complejidad técnica de los mecanismos de desvío de fondos públicos y los límites que el propio organismo recaudador encontró para seguir el rastro del dinero.
Puntos clave
- El TOF 7 citó por error a un homónimo del testigo convocado, quien debió interrumpir un viaje al exterior para presentarse en Comodoro Py.
- Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP, declaró sobre el período 2018-2019 y los oficios judiciales relacionados con la causa Cuadernos.
- Funcionarios de ARCA describieron ante el tribunal maniobras de empresas para extraer efectivo de contratos de obra pública mediante facturas sin respaldo.
- Isolux habría derivado fondos desde contratos estatales a través de intermediarios en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra, según el testimonio de exagentes del fisco.
- Las empresas implicadas incluyen a Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, que integraban UTE para proyectos de infraestructura pública.
Investigación 🔎
Rafecas destraba $LIBRA y deja a Martínez de Giorgi ante la lupa para reabrir la causa
Dos fiscalías miden fuerzas en el expediente por la criptoestafa que llegó a la Casa Rosada. El juez subrogante corrió vista a Eduardo Taiano, el fiscal que blindó a los Milei, mientras la Procuraduría Anticorrupción insiste en que el cierre fue prematuro. El titular del Juzgado 8 definirá la suerte del caso al volver de su licencia.
El juez federal Daniel Rafecas allanó el camino para que se defina si la investigación por la criptomoneda $LIBRA vuelve a correr. Con el Juzgado Federal Nº 8 bajo subrogancia, el magistrado corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que exponga su postura sobre el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de reabrir el expediente que había cerrado el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.
Aunque el dictamen de Taiano no es vinculante, Rafecas consideró necesario escucharlo antes de dejar el trámite amarrado. El paso deja todo listo para que el titular del juzgado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, defina la próxima semana, recién de regreso de su licencia, si concede la reapertura que pide la PIA o sostiene el sobreseimiento que él mismo consagró.
Dos fiscalías, dos criterios y el ojo puesto en la Casa Rosada
El escenario judicial quedó partido al medio, con dos fiscalías que sostienen posturas encontradas sobre un mismo caso. De un lado, Taiano, el mismo fiscal que impulsó el cierre de la pesquisa: el 23 de octubre pidió el sobreseimiento del presidente, de su hermana y de otros nueve imputados por presunta estafa, con el argumento de que el caso carecía de «sustento fáctico alguno». Al día siguiente, Martínez de Giorgi hizo lugar a su pedido y cerró el expediente tras poco más de un año y medio de investigación.
Del otro lado, la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, que asumió el ejercicio de la acción penal y calificó el cierre de «prematuro». Para la procuraduría anticorrupción quedaron medidas de prueba pendientes y no existió agotamiento de la investigación sino todo lo contrario: advirtió que las pruebas en curso mostrarían señales de una concertación defraudatoria. Además de pedir la reapertura, interpuso una apelación en subsidio para que, si el planteo se rechaza, decida la Cámara Federal.
El fiscal que blindó a los Milei, bajo la lupa de los querellantes
El rol de Taiano no pasó desapercibido para los inversores afectados, que no se guardaron nada en su contra. Querellantes pidieron que fuera apartado de la causa por inacción, obstrucción de pruebas y falta de objetividad, cuestionamientos que ahora cobran otra dimensión con el trámite ordenado por Rafecas. Que sea justamente ese fiscal, el de la partida de nacimiento del sobreseimiento, a quien se convoca a opinar sobre la reapertura, deja asomar toda la tensión institucional del expediente.
El trasfondo es inevitablemente político. La causa nació del escándalo que estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario promocionó desde su cuenta en la red X el lanzamiento de $LIBRA, un criptoactivo vinculado al proyecto Viva la Libertad Project, que se desplomó y dejó pérdidas millonarias a inversores. Un año y medio después, la mirada crítica que impone la lógica del lawfare recae sobre una resolución que, para los que impulsan la reapertura, obtuvo un cierre exprés cuando más conviene a los poderosos.
Una definición con la Casa Rosada expectante
Todo queda ahora en manos de Martínez de Giorgi. A su regreso de la licencia deberá resolver si concede la reapertura o sostiene el sobreseimiento que él mismo dictó sobre los once investigados. La próxima semana, la suerte de $LIBRA se juega entre la casilla del juez titular y la presión de una fiscalía que insiste en que la investigación se cortó en el peor momento. Mientras tanto, el expediente que llegó a la puerta de la Casa Rosada queda a la espera de saber si la justicia vuelve a correr o si, por ahora, el episodio se archiva en la memoria judicial.
Lo que tenés que saber
- Rafecas, subrogante del Juzgado Federal Nº 8, corrió vista al fiscal Eduardo Taiano sobre el pedido de la PIA de reabrir la causa $LIBRA.
- El dictamen de Taiano no es vinculante; Martínez de Giorgi definirá la semana próxima, al volver de su licencia, si concede la reapertura o sostiene el sobreseimiento.
- Taiano pidió el 23 de octubre el sobreseimiento de Milei, Karina y otros nueve imputados; al día siguiente el juez cerró el caso.
- La PIA, al frente de Sergio Rodríguez, calificó el cierre de prematuro, advirtió sobre medidas de prueba pendientes e interpuso apelación en subsidio ante la Cámara Federal.
- Querellantes pidieron apartar a Taiano por inacción, obstrucción de pruebas y falta de objetividad.
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