La jurista brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) del Grupo de Puebla, Gisele Ricobom, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «es el objetivo principal de una estructura de persecución política que se judicializa para dar apariencia de legalidad al intento de sacarla de la vida política».

Ricobom sostuvo que el veredicto de primera instancia que impuso a la exmandataria seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa ‘Vialidad’ es un «fallo político» y analizó que tanto los procesos judiciales que enfrenta en la Argentina la titular del Senado como los que soportó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil «no se sostienen en pruebas fácticas».

«El lawfare es sobre la democracia toda, no únicamente sobre líderes políticos como Cristina, Evo Morales, Rafael Correa o Lula. Debemos comprender que el lawfare es la criminalización de la política pero de la política que hace justicia social», puntualizó Ricobom en una de las definiciones que, en una entrevista exclusiva con Télam, utilizó para alertar sobre los desafíos que enfrenta la región ante mecanismos que, bajo «la apariencia de legalidad», atacan «las garantías de los derechos sociales culturales y económicos».

Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide (España) y docente de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), Ricobom participó en la formación de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia y además integra el Grupo Prerrogativas, colectivo de abogados que denunciaron en todo el mundo las arbitrariedades de la Justicia de Brasil en perjuicio de Lula.

Esas irregularidades fueron reconocidas por el fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) que en 2021 anuló cuatro procesos en los que había sido condenado y le restituyó los derechos políticos.

Ricobom coordinó junto al exjuez español Baltasar Garzón y la historiadora argentina y licenciada en Comunicación Silvina Romano la publicación del libro «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina», editado por el Grupo de Puebla junto a otras instituciones, que se presentó el jueves pasado en la ex ESMA en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH 2023).

En esa obra colectiva se analizan los efectos de las ‘fake news’ que reproducen ciertos medios de comunicación para la propagación del odio político y la consecuente «legitimación» de los «arbitrios y el abuso del sistema de justicia contra líderes populares».

-Télam: El título del libro «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina», sugiere un accionar central sobre la figura de la vicepresidenta. ¿Por qué piensa que la expresidenta condensó, con más de 600 denuncias en su contra, el ataque de poderes fácticos nacionales e internacionales?

-Gisele Ricobom: El título del libro concentra la idea de que Cristina es el objetivo principal de una estructura de persecución política que se judicializa para darle apariencia de legalidad al intento de sacarla de la vida política. Cuando un juez que debe ser imparcial, que tiene una función que no debe ser ideologizada ni partidizada, supedita su rol como servidor público a perseguir a una mujer que es una de las principales lideresas de la historia de la Argentina se advierte que el objetivo final del lawfare es sacarla de la vida política.

-T: ¿Cómo opera el lawfare sobre el sistema de representación política?

-G.R: En Brasil, con la Operación Lava Jato, hubo muchas personas, empresarios, y distintos niveles de políticos denunciados con un objetivo muy claro: el de la delación premiada (beneficio concedido al acusado en una causa penal), que es también una de las estrategias utilizadas por el lawfare, fundamental en la instrucción criminal. Ahora ya sabemos que es así porque todo esto ha tornado estado público tanto en Brasil como en Argentina. Lo que hacen es poner en marcha procesos judiciales tremendamente rápidos, hacer las condenas más rápidas posibles, sacarles los derechos políticos a los principales líderes para que no puedan concurrir a los procesos electorales y candidatearse. Eso ha pasado con Lula. Desde su arresto los procesos contra él fueron todos acelerados para sacarle sus derechos políticos e impedir que pudiera candidatearse en las elecciones de 2018. Hubo una denuncia en la ONU que reconoció que en la actuación de los tribunales de Brasil en el caso Lula hubo una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como ocurre ahora en el caso de Cristina. Entonces, nos vamos a imaginar que esa condena del caso ‘Vialidad’ va a tramitar de forma acelerada porque el objetivo final es sacar a la expresidenta del juego democrático.

-T: ¿Cuáles son las inconsistencias jurídicas más severas del fallo del TOF 2 que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua?

-G.R: Baltasar Garzón, que estudió atentamente las más 1600 páginas (de los fundamentos de la condena), dice que no hay nada que compruebe la vinculación de una supuesta corrupción en la causa Vialidad. Algo que relacione a Cristina directamente o que enseñe nexo de causalidad entre su función de (entonces) Presidenta con supuestos hechos de corrupción en las adjudicaciones de esas obras. Luego hay cuestiones técnicas también relacionadas a problemas en los peritajes sobre supuestos sobreprecios, de rescate de procesos (judiciales) que ya habían sido archivados, etcétera.

-T: ¿Piensa que se trata de un fallo «político», como se suele decir en ciertos círculos?

-G.R: Por supuesto. Existen una serie de detalles que enseñan con mucha fuerza que se trata de un fallo político. Porque, como en el caso de Lula en el proceso Lava Jato, no hay pruebas.

-T: ¿Qué semejanzas y diferencias advierte entre los procesos que enfrenta Cristina Fernández y los que debió soportar Lula, que estuvo 580 días preso en la cárcel?

-G.R: Hay muchísimas semejanzas. Primero, (en ambos casos) los procesos judiciales no se sostienen en pruebas fácticas. Segundo, (hubo) una presión mediática importante para legitimar el discurso anticorrupción. Eso promueve el odio en la gente, porque termina creyendo en las fake news que día tras día son emitidas en los principales canales de TV, legitimando los arbitrios y el abuso del sistema de justicia. En el caso brasileño hay jueces que salieron como verdaderos héroes de la nación por estar, supuestamente, dando una importante lucha contra la corrupción, algo que era una hipocresía. La principal diferencia entre los procesos que pasaron Cristina y Lula es que la expresidenta es una mujer, una de las principales lideresas de la política latinoamericana. El juego contra ella es más duro por una cuestión patriarcal y de misoginia. No solo por parte de los medios de comunicación, también por parte de los jueces. La prensa fue absolutamente misógina, contribuyó a promover las fake news, el odio político contra su imagen, su familia, su historia. Si bien parte de eso también vivió Lula, hay cuestiones de genero que son mucho más duras. La misoginia en la sociedad patriarcal preserva a los hombres aunque estén arrestados porque hay criticas a la imagen y a la forma de ser que no son admitidas para ellos.

-T: En la introducción del libro se remarca la conexión entre la economía y la utilización del lawfare contra determinados líderes políticos. ¿Es una advertencia de las élites para evitar que se afecten sus intereses?

-G.R: El derecho, el estado y las instituciones están colonizadas por el pensamiento de las élites, siempre comprometidas con los mercados externos. El lawfare utiliza la apariencia de la legalidad para atacar una forma de hacer política; se impone contra las garantías de los derechos sociales culturales y económicos que fueron conquistados a lo largo de los años con mucha lucha, muerte y resistencia.

-T ¿Cuál es el mayor daño que provoca el lawfare en los Estados democráticos?

-G.R: Es sobre la democracia toda, no únicamente sobre líderes como Cristina, Evo Morales, Rafael Correa o Lula. No observamos las mismas ganas de investigar corrupción en gobiernos de derecha, (la guerra jurídica) siempre se vuelca sobre partidos y líderes que promueven la igualdad y la protección a los DDHH. El lawfare es la criminalización de la política, pero de la política que hace justicia social.