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Judiciales ⚖️

Mesa judicial: avanza la investigación

Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.

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La investigación parlamentaria sobre la mesa judicial bonaerense busca esclarecer la responsabilidad política del gobierno de María Eugenia Vidal en perjudicar a dirigentes sindicales y la expectativa está puesta en la declaración de cuatro figuras clave: el procurador Julio Conte Grand, el ex director de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra y dos ex empleados del Banco Provincia.

Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia.

La decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la filmación de una reunión del 2017, en la que ex funcionarios de Vidal, ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios expresaban su acuerdo para delinear acciones judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

De hecho, días atrás el comisario Hernan Cassasa confirmó ante la subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los que detalla quiénes formaban parte de ella.

Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, fue uno de los primeros en declarar ante ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.

Así, mientras la fiscal Ana Russo y el juez federal Ernesto Kreplak llevan adelante el expediente judicial, en el que están imputados todos los asistentes a dicha reunión del 2017, realizada en la sede porteña del Banco Provincia, los parlamentarios quieren establecer la responsabilidad política de ese armado ilegal.

Por eso, ante la posibilidad de que Conte Grand vuelva a excusarse de asistir en persona al Congreso Nacional (el funcionario judicial pidió responder por escrito), los legisladores advirtieron que no concurrir a la bicameral «es causal de mal desempeño y de juicio político», algo que debería analizar el Parlamento bonaerense.

«No aceptamos el planteo de Conte Grand de querer declarar por escrito. Tiene responsabilidades políticas, institucionales y éticas y debe presentarse el 27 de enero«, dijeron desde la subcomisión.

Las explicaciones del Procurador, quien días atrás fue visto compartiendo un almuerzo con el ex presidente Mauricio Macri, son trascendentes a la hora de establecer si hubo responsabilidad política en el armado de ese plan para perjudicar a sindicalistas durante la gestión de Vidal, quien en un primer momento dijo que se había tratado sólo de una «reunión de trabajo» (la del 15 de junio de 2017) y luego objetó que hubiera sido filmada.

En este escenario, el martes próximo está previsto que respondan preguntas de la subcomisión Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, y el ex gerente de Relaciones Institucionales de esa entidad Hernán Stella.

Los legisladores buscan saber el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro en el banco y si se concretó a pedido de la Gobernación. Fuentes parlamentarias explicaron que Emilia Jaime fue quien envió el mail pidiendo la reserva del salón por tres días.

La convocatoria a Stella, responsable entonces de las relaciones institucionales del banco, apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quiénes participaron de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense. La subcomisión, en tanto, ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, se reunieron además con el ex jefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente «nunca hubo cámaras» en el lugar.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

El jueves último también los legisladores recibieron al ex director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, cuya declaración sin embargo fue postergada por consejo de su abogado para no interferir en la presentación que deberá hacer próximamente ante la justicia bonaerense, informaron fuentes parlamentarias.

El imputado Dalmau Pereyra fue uno de los asistentes a la reunión realizada el 15 de junio de 2017, al igual que Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, ex jefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También estuvieron en el Bapro el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa OCSA); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Otros participantes fueron Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

Frente a este escenario, el ex miembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero, aseguró que hubo un «plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país» durante la gestión de Cambiemos y pidió ser querellante en la causa de la mesa judicial, en su rol de abogado del ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez.

Solicitó también que se investigue a Vidal por violación de la ley de Inteligencia, al igual que al diputado nacional Cristian Ritondo, Conte Grand y al ex jefe funcionario bonaerense Federico Salvai.

Investigación 🔎

Repudio unánime a la carpa VIP: $20.477 millones en contratos directos para un puñado de empresas

Una carpa de 30 por 40 metros con climatización, alfombras y catering para invitados especiales, y siete contrataciones directas por $20.477 millones (unos US$ 14 millones) para la misa de León XIV. DF Entertainment concentró el 42,4% del monto, y el repudio llegó desde la política y los medios.

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El Argentino Diario-Carpa Vip en la misa del Papa León XIV en Palermo.
El Papa habló de humildad y el Gobierno armó una carpa con aire acondicionado para los de siempre.

Mientras miles de fieles aguantaron horas al aire libre para ver al papa León XIV, una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras y servicio gastronómico esperaba a los invitados especiales. Esa postal, difundida por los propios invitados en redes sociales, terminó de encender un escándalo que ya tenía números propios: siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75, unos US$ 14 millones al tipo de cambio implícito utilizado para esa estimación.

La cifra surge de una investigación de un medio local sobre la organización de la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. El trabajo reconstruyó contratos de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. Atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete y señaló a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como la funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

Siete procedimientos, ocho adjudicaciones y tres empresas con el 80%

La mayor adjudicación fue para DF Entertainment S.A., con $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes (procedimiento 79-0012-CDI26). Ese contrato por sí solo representa el 42,4% del total informado. La distribución publicada fue la siguiente:

  • DF Entertainment S.A.: $8.690.000.000
  • Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000
  • Recordvision S.A. (MediaHub): $3.090.000.000
  • PRG Argentina SRL: $1.979.345.158
  • Fidias Energía SRL: $1.736.000.000
  • VMG Video Tech S.A.: $225.000.000
  • Alfombra Mágica SRL: $128.080.000
  • Tetramon: $81.209.506,75

Nuevos Aires Producciones recibió el 22,2% y Recordvision el 15,1%. Entre las tres firmas se quedaron con cerca del 80% de lo adjudicado.

Una carpa con aire, alfombras y mil detalles

Según el pliego de la contratación con DF Entertainment, los sectores reservados debían incluir una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se previeron 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo. Se habló además de un dispositivo de acreditaciones para unos 4.000 invitados especiales, una cifra que no equivale a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente la usaron.

Contratación por urgencia a casi tres meses de la confirmación

El mecanismo fue la contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto, pero los procedimientos recién se tramitaron a mediados de octubre. Esa secuencia abre interrogantes sobre la planificación del operativo, la justificación de la urgencia y las condiciones de competencia entre proveedores.

Los Menem en el radar y lo que todavía no se probó

La investigación vinculó a TechSecurity, empresa de seguridad, con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma de limpieza, con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados. Sostuvo que ambas participaron de los servicios del operativo. Sin embargo, no se informaron montos adjudicados ni procedimientos administrativos a nombre de esas dos empresas, por lo que su eventual participación contractual no puede sumarse a los $20.477 millones. Los vínculos societarios y el alcance de esos servicios requieren documentación adicional.

Tampoco está acreditado que el responsable político de la Jefatura de Gabinete haya firmado personalmente cada contratación. La conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento, la firma de una adjudicación y la conformidad con la prestación son intervenciones distintas, y solo los expedientes completos permitirán establecer quién respondió por cada una.

El repudio: de la Justicia a los micrófonos

La diputada nacional Marcela Pagano adelantó que el tema irá a la Justicia. “Ellos deberán explicar en la Justicia por qué tuvieron que utilizar los recursos de los contribuyentes para que un grupo selecto tuviera un catering”, dijo en Radio Rivadavia. Para la legisladora, la carpa no estuvo de más, sino que fue pensada para que estén cómodos “los grupos de los amigos, los de siempre”. Pagano aseguró que se contrató el mismo catering que se usó en los casamientos de Mauricio Macri y de Luis Caputo, y el que se utilizó cuando visitó el país Barack Obama: “No me vengan a hacer creer que eran medialunas nada más porque en los videos se puede ver más que eso”.

El conductor Gonzalo Rodríguez, de Rock and Pop, habló de “vergüenza ajena” en su programa. “No eran las medialunas, ni las personas que estaban adentro, es lo que representa, esa necesidad permanente de sentirnos un poquito más importantes que los demás”, sostuvo. Describió una “pequeña isla de privilegiados, una carpa, una pulserita, un lugar reservado” frente a miles de personas que hicieron horas de cola bajo el sol, y cuestionó la “Argentina del atajo, la de la cintita, el contacto, el QR”.

El conductor Ari Paluch fue más lejos en un video en sus redes sociales: calificó al sector como “la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen”. Sostuvo que los VIP deberían haber sido “algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural”, y cuestionó que los invitados publicaran sus experiencias. “Este ha sido un papelón enorme”, sentenció, y recordó que no hubo licitación y que se decidió de forma directa convocar a DF Entertainment. Cerró con una frase que resume el ánimo de las críticas: “la carpa del horror”.

Las ironías de una misa con jerarquías

El empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, explicó que aceptaron la invitación al sector VIP con emoción: “Es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”. Contó que llegaron a las siete y media de la mañana y que esperaron unas tres horas al sol antes de la ceremonia. La ironía es que hasta el testimonio de un invitado confirma que el sol pegó para todos, aunque no todos tuvieron aire acondicionado. Gravier agregó que había mucha gente conocida, entre ellos integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció después que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque cuestionó que se describiera al sector como un lujo descomunal. Un reconocimiento a medias para un episodio que sus propios organizadores admiten que se les fue de las manos.

El contraste se completa con el Pequeño Cottolengo Don Orione, institución por la que el pontífice expresó preocupación y que, según se informó, obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas. Son obligaciones de naturaleza diferente, pero su exposición simultánea alimentó el cuestionamiento sobre las prioridades del gasto público: US$ 14 millones para organizar la misa y un embargo judicial por deudas con una institución a la que el propio Papa mencionó.

Lo que sigue abierto

Falta establecer qué funcionarios autorizaron cada erogación, qué controles se aplicaron, qué prestaciones se ejecutaron efectivamente y cuánto del total correspondió a los servicios exclusivos. Los expedientes completos dirán si las contrataciones se ajustaron a los procedimientos exigidos y quién responde por cada una. Mientras tanto, el reclamo político ya anticipa que la discusión no se agota en las medialunas.

Lo que tenés que saber:

  • Se identificaron siete procedimientos de contratación directa por $20.477.334.664,75 (unos US$ 14 millones) para la misa del Papa.
  • DF Entertainment recibió $8.690 millones, el 42,4% del total; con otras dos firmas reúne cerca del 80%.
  • La Santa Sede confirmó la visita el 5 de agosto y los procedimientos se tramitaron a mediados de octubre, por compulsa abreviada por urgencia.
  • Pagano, Gonzalo Rodríguez y Ari Paluch repudiaron la carpa VIP; Pagano afirmó que los responsables deberán explicarlo en la Justicia.
  • No se informaron montos ni procedimientos de TechSecurity y Purgato, firmas vinculadas por la investigación con la familia Menem.
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