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Denuncia

Causa Revolución Federal: declaró Sabrina Basile

La hija del Coco Basile admitió ser parte de la organización de ultraderecha que amenazó a Cristina.

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Sabrina Basile, una de las integrantes de Revolución Federal que fueron detenidas, negó hoy haber cometido delitos, confirmó que se relacionó con esa organización desde julio pasado y aseguró que participó de distintas manifestaciones con el solo objetivo de ejercer su derecho a la protesta, informaron fuentes judiciales.

La hija del exdirector técnico de la selección argentina de fútbol Alfio «Coco» Basile solicitó además su excarcelación y pidió que se resuelva el planteo de modo urgente porque es, de los tres hijos del entrenador, la que se ocupa del cuidado de su padre.

Basile declaró de modo virtual, asistida por el abogado Martín Sarubbi, y explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó, ante preguntas de su defensa y de la fiscalía, que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.

Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Frente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, Basile aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno.

Tras la indagatoria de Basile, será el turno de Jonathan Morel (referente y vocero de Revolución Federal) y luego el de Gastón Guerra y Leonardo Sosa, según informaron voceros judiciales.

Desde la defensa de Jonathan Morel, que encabeza Tomas Fraga, adelantaron que también hará uso de la posibilidad de declarar, a pesar del consejo en contrario toda vez que el expediente tiene unas 4 mil fojas que aún no pudieron ser compulsadas en su totalidad por sus abogados.

La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio», cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

«Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta de la Nación» cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal del caso Gerardo Pollicita.

En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que «la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales».

Denuncia

Cruce de llamadas: la Justicia va tras los contratos del amigo de Adorni en la TV Pública

La Justicia busca pruebas sobre contratos irregulares en la TV Pública vinculados a Marcelo Grandio. En paralelo, declaró el hijastro de una de las prestamistas por la compra de los inmuebles en Caballito.

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Amigos, productoras y TV Pública: la nueva veta de la investigación contra Adorni

★ El cerco judicial sobre el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estrechó este miércoles con nuevas medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, estrecho amigo del funcionario. La medida busca detectar irregularidades en las contrataciones de su productora, ImHouse, con la Televisión Pública, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación y tiene como terminal jerárquica a la Jefatura de Gabinete.

La ruta de las dádivas en la TV Pública

La investigación intenta determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La orden de Lijo alcanza no solo a los contactos de Grandio, sino también a las comunicaciones cruzadas con el presidente de la productora, Horacio Silva. Esta medida es la continuidad del procedimiento realizado semanas atrás, cuando el juez motorizó un oficio para que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresara a la TV Pública con el fin de recolectar documentación oficial sobre los contratos de ImHouse.

La sospecha de la justicia radica en la posible utilización de vínculos personales para el beneficio de terceros con fondos estatales, en un contexto donde el área de comunicación está bajo el mando directo de Adorni. Mientras el Gobierno nacional impulsa el cierre o vaciamiento de medios públicos, la productora del amigo del jefe de ministros logró cerrar acuerdos comerciales que hoy son objeto de pericias tecnológicas y auditorías documentales.

Hipotecas y herederos bajo sospecha

En una jornada de intensa actividad en los tribunales de Comodoro Py, también se produjo la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que aparecen como prestamistas de Adorni. Miano declaró en el marco de la investigación por la compra-venta de uno de los departamentos situados en el barrio porteño de Caballito. Este inmueble, según consta en el expediente por enriquecimiento ilícito, se escrituró por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario solo habría aportado 30.000 dólares iniciales, financiando el resto mediante hipotecas con particulares.

Este testimonio resulta clave para contrastar la versión del oficialismo sobre el origen del patrimonio familiar. Cabe recordar que Adorni acumula deudas y gastos por más de 800.000 dólares, incluyendo refacciones de lujo con jacuzzi y cascada pagadas en efectivo. La declaración de Miano busca arrojar luz sobre la veracidad de esos préstamos otorgados por adultos mayores, una maniobra que la justicia analiza como una posible ingeniería para blanquear fondos no declarados mientras el funcionario ostenta el tercer lugar en la jerarquía del mando gubernamental.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo ordenó el cruce de llamadas y mensajes del productor Marcelo Grandio.
  • Se investigan contratos de la productora ImHouse con la Televisión Pública.
  • La Justicia sospecha de dádivas y negociaciones incompatibles con el cargo de Adorni.
  • Declaró Leandro Miano, hijo de una de las «prestamistas» de los departamentos de Caballito.
  • El caso se suma a la investigación por un patrimonio injustificado de 840.000 dólares.
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