Lawfare
Lawfare: Fiscalía dio por probado que durante 12 años se direccionó obra pública en favor de Baéz
En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los magistrados Diego Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.
Los fiscales que intervienen en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 dieron este viernes por probado que durante ese período los gobiernos kirchneristas se manejaron de modo arbitrario para beneficiar al empresario Lázaro Báez y comenzaron a cerrar así el alegato acusador.
En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los magistrados Diego Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.
Se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 los fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque de lo expresado en la audiencia de hoy surgiría que no acusarán al exfuncionario del ministerio de Planificación, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.
“La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.
En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.
El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades», hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.
A la misma hora que Luciani se refería a aquella causa en la cual los imputados fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, la Cámara Federal de casación Penal notificaba a las partes a cerca de la fijación de fecha de audiencia para analizar si confirma o revoca los sobreseimientos.
La audiencia comenzó, como las siete anteriores, a las 8.30 y se desarrolló de modo semipresencial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
«Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron», recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de hoy, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran «contratistas contratantes, una misma parte».
Luego intervino Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la persecución política a través de este proceso penal al sostener que «el ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe».
«El ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción», sostuvo Mola.
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además de Báez y la vicepresidenta, en esta causa se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.
Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.
Judiciales ⚖️
Taiano, el fiscal que no apeló por los Kirchner y pidió sobreseer a los Milei
En 2009 no recurrió el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. El mismo día en que Cristina, presa por Vialidad, empezó a ser juzgada por Hotesur y Los Sauces, $Libra se cerró a su pedido sin indagatorias.
El mismo viernes, la Justicia federal mostró dos caras. Cristina Fernández de Kirchner, presa por la causa Vialidad, empezó a ser juzgada por Hotesur y Los Sauces, mientras Javier y Karina Milei quedaban sobreseídos en la causa $Libra sin haber sido nunca indagados. El pedido de cierre de $Libra llevó la firma de Eduardo Taiano, el mismo fiscal que en 2009 decidió no apelar el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito.
A pedido del fiscal federal Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, sobreseyó a los hermanos Milei y al resto de los investigados por el lanzamiento de la criptomoneda, al considerar que los hechos no encuadran en una figura legal.
2009: el sobreseimiento que no apeló
En diciembre de 2009, el juez Norberto Oyarbide sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ni Taiano ni el fiscal Guillermo Noailles, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, apelaron, y el sobreseimiento quedó firme. Por esa decisión, la UCR que presidía Ernesto Sanz impulsó un pedido de juicio político contra Taiano por incumplir sus deberes de funcionario público.
Vialidad y Hotesur: qué causa es cuál
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Hotesur y Los Sauces es otro expediente. El viernes, el Tribunal Oral Federal N° 5 empezó el juicio unificado por las dos causas, con la expresidenta y su hijo Máximo conectados de manera remota. Según el requerimiento fiscal leído en la primera audiencia, Cristina Kirchner habría organizado una asociación ilícita que, entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, habría sustraído fondos públicos y los habría lavado a través de la actividad inmobiliaria y hotelera de la familia.
Un expediente que ya estaba cerrado
Las causas contra Cristina Kirchner se inscriben en una persecución judicial que este medio caracteriza como lawfare. Hotesur y Los Sauces es el ejemplo más claro: el mismo Tribunal Oral Federal N° 5 que hoy la juzga la había sobreseído en noviembre de 2021 sin llegar a juicio, y fue la Cámara Federal de Casación Penal la que revocó esa decisión y reabrió el expediente.
$Libra: sin indagatorias y sin querellantes
En $Libra, el recorrido fue el inverso. El expediente se cerró sin que ningún imputado fuera llamado a indagatoria y después de que el juzgado apartara a los inversores que se habían presentado como querellantes, una exclusión que confirmó la Cámara Federal. Los inversores acudieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para volver a ser parte. Hoy no hay querellantes admitidos que puedan apelar el sobreseimiento, y el fiscal que podría hacerlo es el mismo que lo pidió.
Los vínculos con el Gobierno
El 15 de julio de este año, el Boletín Oficial publicó el Decreto 589/2026, firmado por Milei, que nombró a Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Según la prensa local, se trata de la esposa de Martínez de Giorgi; el decreto no menciona ese vínculo.
Del lado del fiscal, la Resolución 106/2024 de la Jefatura de Gabinete, del 22 de agosto de 2024, designó a Federico Nicolás Taiano, señalado en esos mismos reportes como hijo del fiscal, como titular de la Unidad Bienes Decomisados, que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El dato tiene un límite: según la Resolución 244/2026, publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto de 2026, su renuncia fue aceptada con efecto desde el 15 de abril de 2025, y hoy ya no ocupa ese cargo.
La doble vara
Ninguno de esos datos prueba por sí solo una decisión indebida. Pero el contraste es visible: para la expresidenta, la Justicia federal reabrió una causa cerrada y la sentó otra vez en el banquillo; para el Presidente, el expediente se cerró sin indagatorias, sin querellantes y con un juez cuya esposa, según esos reportes, fue designada por decreto del propio Milei tres meses antes del fallo.
Lo que tenés que saber:
- Taiano pidió el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en $Libra, que el juez Martínez de Giorgi dictó el viernes sin indagatorias.
- En 2009, Taiano no apeló el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito y la UCR pidió su juicio político.
- Cristina Kirchner está presa por Vialidad y el viernes empezó su juicio por Hotesur y Los Sauces, una causa que había sido cerrada en 2021.
- Los inversores apartados como querellantes fueron en queja ante Casación.
- Milei nombró por decreto en julio a una jueza identificada como esposa de Martínez de Giorgi.
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