Los fiscales que intervienen en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 dieron este viernes por probado que durante ese período los gobiernos kirchneristas se manejaron de modo arbitrario para beneficiar al empresario Lázaro Báez y comenzaron a cerrar así el alegato acusador.

En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los magistrados Diego Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.

Se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 los fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque de lo expresado en la audiencia de hoy surgiría que no acusarán al exfuncionario del ministerio de Planificación, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.

“La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.

En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.

El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades», hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.

A la misma hora que Luciani se refería a aquella causa en la cual los imputados fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, la Cámara Federal de casación Penal notificaba a las partes a cerca de la fijación de fecha de audiencia para analizar si confirma o revoca los sobreseimientos.

La audiencia comenzó, como las siete anteriores, a las 8.30 y se desarrolló de modo semipresencial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

«Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron», recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de hoy, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran «contratistas contratantes, una misma parte».

Luego intervino Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la persecución política a través de este proceso penal al sostener que «el ‘lawfare’ como construcción jurídica no existe».

«El ‘lawfare’ no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción», sostuvo Mola.

Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Además de Báez y la vicepresidenta, en esta causa se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.

Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.