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Denuncia

Carrizo negó haber participado de la planificación del atentado contra Cristina

El imputado declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado. Se declaró inocente y dijo que sus mensajes «fueron una broma».

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Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó hoy haber participado en la organización del ataque y aseguró que los mensajes incriminatorios detectados en su teléfono celular fueron disparados como una broma a un familiar, según pudo reconstruir la agencia Télam.

Carrizo declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado defensor, Gastón Marano. En la indagatoria, aseguró que no tuvo nada que ver con el ataque perpetrado el pasado 1 de septiembre contra la dos veces ex presidenta.

Además, el imputado indició que conoció hace poco tiempo a los procesados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, a quienes les había dado trabajo como vendedores de copos de azúcar.

En el teléfono celular de Carrizo había sido detectado un mensaje en el que hacía referencia a que el ataque debió haber sido ejecutado de otro modo.

“Esto no tendría que haber salido así, le di un arma y se le trabó”, decía el intercambio que le fue exhibido como prueba en el marco de su indagatoria.

Ante una pregunta de su defensor, el imputado declaró que se trataba de una “broma” que le estaba haciendo a un pariente cercano de ideología filokirchenrista y consideró que los investigadores lo sacaron de contexto, por lo que solicitó que esa persona sea citada a declarar en calidad de testigo.

En un momento de su declaración, Carrizo rompió en llanto y aseguró que conoció a Sabag Montiel y a Uliarte en una fiesta hace tres meses y que el hombre que quiso asesinar a la Vicepresidenta le dijo que estaba sin trabajo, por lo que le ofreció sumarse a su emprendimiento de producción y venta de copos de azúcar.

En ese contexto, afirmó que no conoce los recorridos que hacen los vendedores a los que provee de los copos para vender y sostuvo que cada uno sale a ofrecer el producto y luego le pagaban una suerte de canon.

Además, sostuvo que salió a defender a Brenda Uliarte en una entrevista con Telefe Noticias porque ella les dijo a los vendedores de copos de nieve que había recibido amenazas, pero señaló que luego de enterarse de que podía tener vinculación con el ataque a la Vicepresidenta fueron a presentarse ante la Policía para que se los considerara como testigos.

Carrizo aseguró, además, que el 27 de agosto pasado no estuvo en la zona donde vive la Vicepresidenta y añadió que por ese entonces desconocía el lugar en el cual estaba la casa de la exmandatria, a la vez que aseguró que no sabía de la preparación de un atentado antes de que se concretara este intento fallido.

A Carrizo se le imputó el haber participado junto con Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Mariel Diaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner .

También se le endilgó el haber aportado un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, distinta a la que finalmente se utilizó en el ataque fallido, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales que explicaron que esa información salió de los mensajes hallados en el celular del acusado.

Carrizo, quien se hizo conocido como el jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar, fue detenido el último miércoles por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti y esta mañana lo trasladaron a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para tomarle declaración indagatoria.

La indagatoria estaba prevista para esta mañana, cerca de las 10, pero los tiempos se fueron estirando porque durante la jornada se incorporó prueba al expediente y su defensa necesitaba compulsarla antes llevar a delante la indagatoria: se trataría de más de 100 fojas con el informe global del análisis del celular de Carrizo.

Esta mañana, el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, sostuvo que su cliente «no es un asesino» y reveló que anoche ya había solicitado su excarcelación, pedido que sería resuelto recién una vez que concluya la indagatoria.

«No tenía ninguna idea de la intención criminal de las dos personas procesadas», afirmó el abogado Marano en declaraciones a la prensa al arribar a los tribunales federales de Retiro. Para ese entonces ya había mantenido una entrevista con su cliente pero no había revisado toda la prueba de cargo en su contra.

Antes de la indagatoria, el abogado de Carrizo había pedido que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y en calidad de testigo, planteo que el fiscal Rívolo solicitó que sea rechazado.

“Como ya se dijo, había razones para requisar el celular, ya que las conversaciones de Carrizo con Uliarte y los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag Montiel eran de investigación para la pesquisa. Por eso, si Carrizo se hubiera negado a aportar su teléfono celular, la jueza podría haber ordenado el secuestro y posterior peritaje, incluso siendo Carrizo un testigo y no un imputado (como lo era hasta aquel momento)”, explicó el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

Carrizo es el cuarto detenido en la causa y la jueza debe definir aún la situación procesal de Agustina Díaz, quien ya fue indagada a raíz de los mensajes que intercambió con su amiga de la escuela y detenida Uliarte, con quien hablaba sobre la idea de matar a la vicepresidenta.

Ayer, la jueza Capuchetti procesó con prisión preventiva a Sabag Montiel y a Uliarte como «coautores» del delito «tentativa de homicidio calificado», por haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, informaron a Télam fuentes judiciales.

La jueza los imputó por el ataque de ese día, concretado cerca de las 21, cuando la exmandataria saludaba a los manifestantes que fueron a expresarle su apoyo al edificio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay de la ciudad de Buenos Aires.

La magistrada entendió que el delito que les endilgó a ambos imputados está «agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas» y que el plan criminal se venía pergeñando al menos desde el 22 de abril, según surge del fallo de 96 páginas al que accedió esta agencia.

Sabag Montiel (35) es el hombre que le apuntó a la cabeza (y gatilló) a la dos veces expresidenta con una pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor, de acuerdo con la resolución a la que accedió Télam.

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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