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Denuncia

Carrizo negó haber participado de la planificación del atentado contra Cristina

El imputado declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado. Se declaró inocente y dijo que sus mensajes «fueron una broma».

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Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó hoy haber participado en la organización del ataque y aseguró que los mensajes incriminatorios detectados en su teléfono celular fueron disparados como una broma a un familiar, según pudo reconstruir la agencia Télam.

Carrizo declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado defensor, Gastón Marano. En la indagatoria, aseguró que no tuvo nada que ver con el ataque perpetrado el pasado 1 de septiembre contra la dos veces ex presidenta.

Además, el imputado indició que conoció hace poco tiempo a los procesados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, a quienes les había dado trabajo como vendedores de copos de azúcar.

En el teléfono celular de Carrizo había sido detectado un mensaje en el que hacía referencia a que el ataque debió haber sido ejecutado de otro modo.

“Esto no tendría que haber salido así, le di un arma y se le trabó”, decía el intercambio que le fue exhibido como prueba en el marco de su indagatoria.

Ante una pregunta de su defensor, el imputado declaró que se trataba de una “broma” que le estaba haciendo a un pariente cercano de ideología filokirchenrista y consideró que los investigadores lo sacaron de contexto, por lo que solicitó que esa persona sea citada a declarar en calidad de testigo.

En un momento de su declaración, Carrizo rompió en llanto y aseguró que conoció a Sabag Montiel y a Uliarte en una fiesta hace tres meses y que el hombre que quiso asesinar a la Vicepresidenta le dijo que estaba sin trabajo, por lo que le ofreció sumarse a su emprendimiento de producción y venta de copos de azúcar.

En ese contexto, afirmó que no conoce los recorridos que hacen los vendedores a los que provee de los copos para vender y sostuvo que cada uno sale a ofrecer el producto y luego le pagaban una suerte de canon.

Además, sostuvo que salió a defender a Brenda Uliarte en una entrevista con Telefe Noticias porque ella les dijo a los vendedores de copos de nieve que había recibido amenazas, pero señaló que luego de enterarse de que podía tener vinculación con el ataque a la Vicepresidenta fueron a presentarse ante la Policía para que se los considerara como testigos.

Carrizo aseguró, además, que el 27 de agosto pasado no estuvo en la zona donde vive la Vicepresidenta y añadió que por ese entonces desconocía el lugar en el cual estaba la casa de la exmandatria, a la vez que aseguró que no sabía de la preparación de un atentado antes de que se concretara este intento fallido.

A Carrizo se le imputó el haber participado junto con Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Mariel Diaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner .

También se le endilgó el haber aportado un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, distinta a la que finalmente se utilizó en el ataque fallido, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales que explicaron que esa información salió de los mensajes hallados en el celular del acusado.

Carrizo, quien se hizo conocido como el jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar, fue detenido el último miércoles por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti y esta mañana lo trasladaron a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para tomarle declaración indagatoria.

La indagatoria estaba prevista para esta mañana, cerca de las 10, pero los tiempos se fueron estirando porque durante la jornada se incorporó prueba al expediente y su defensa necesitaba compulsarla antes llevar a delante la indagatoria: se trataría de más de 100 fojas con el informe global del análisis del celular de Carrizo.

Esta mañana, el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, sostuvo que su cliente «no es un asesino» y reveló que anoche ya había solicitado su excarcelación, pedido que sería resuelto recién una vez que concluya la indagatoria.

«No tenía ninguna idea de la intención criminal de las dos personas procesadas», afirmó el abogado Marano en declaraciones a la prensa al arribar a los tribunales federales de Retiro. Para ese entonces ya había mantenido una entrevista con su cliente pero no había revisado toda la prueba de cargo en su contra.

Antes de la indagatoria, el abogado de Carrizo había pedido que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y en calidad de testigo, planteo que el fiscal Rívolo solicitó que sea rechazado.

“Como ya se dijo, había razones para requisar el celular, ya que las conversaciones de Carrizo con Uliarte y los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag Montiel eran de investigación para la pesquisa. Por eso, si Carrizo se hubiera negado a aportar su teléfono celular, la jueza podría haber ordenado el secuestro y posterior peritaje, incluso siendo Carrizo un testigo y no un imputado (como lo era hasta aquel momento)”, explicó el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

Carrizo es el cuarto detenido en la causa y la jueza debe definir aún la situación procesal de Agustina Díaz, quien ya fue indagada a raíz de los mensajes que intercambió con su amiga de la escuela y detenida Uliarte, con quien hablaba sobre la idea de matar a la vicepresidenta.

Ayer, la jueza Capuchetti procesó con prisión preventiva a Sabag Montiel y a Uliarte como «coautores» del delito «tentativa de homicidio calificado», por haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, informaron a Télam fuentes judiciales.

La jueza los imputó por el ataque de ese día, concretado cerca de las 21, cuando la exmandataria saludaba a los manifestantes que fueron a expresarle su apoyo al edificio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay de la ciudad de Buenos Aires.

La magistrada entendió que el delito que les endilgó a ambos imputados está «agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas» y que el plan criminal se venía pergeñando al menos desde el 22 de abril, según surge del fallo de 96 páginas al que accedió esta agencia.

Sabag Montiel (35) es el hombre que le apuntó a la cabeza (y gatilló) a la dos veces expresidenta con una pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor, de acuerdo con la resolución a la que accedió Télam.

Denuncia

Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina

La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.

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Las grabaciones de Beller podrían revelar quién decidió filtrar los audios de Spagnuolo y por qué: Basil en el centro de la escena.

Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.

La causa boliviana avanza sobre los autores materiales

La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.

Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.

El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil

El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.

Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.

Pagano pide videoconferencia y protección de testigos

La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.

Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.

Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.

Puntos clave

  • Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
  • Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
  • Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
  • La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
  • Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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