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Judiciales ⚖️

Lorenzetti intervino en el debate sobre la inhabilitación de Cristina con un argumento que intenta blindar a la Corte

El ministro de la Corte Suprema afirmó ante el Rotary Club que la defensa de la expresidenta jamás cuestionó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua ante los tribunales locales. El argumento, que elude el fondo político del asunto, opera como cobertura técnica del fallo que la proscribió.

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El Argentino Diario-Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti habló de todo menos de lo que importa: la Corte que proscribió a Cristina se defiende con tecnicismos en el Rotary Club.

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti intervino este miércoles en el debate sobre la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner con un argumento de corte técnico-procesal: la defensa de la expresidenta, dijo, jamás planteó la inconstitucionalidad de esa pena ante los tribunales argentinos. El juez habló ante el Rotary Club y evitó pronunciarse sobre el reclamo de la expresidenta en la ONU, pero su intervención opera, en los hechos, como respaldo al propio fallo de la Corte que él integra.

Lorenzetti expuso este mediodía en el Hotel Libertador ante directivos y socios del Rotary Club, en el marco del tradicional almuerzo semanal de la institución. Su charla se tituló «Liderazgo en el siglo XXI» y giró en torno a los desafíos que la inteligencia artificial y el avance tecnológico plantean a las democracias y al Estado de Derecho. Pero fue en la ronda de preguntas donde el magistrado se metió, aunque con cuidado, en el terreno más caliente de la política judicial argentina.

El argumento procesal que esquiva el fondo

Lorenzetti validó el derecho de Cristina Fernández de Kirchner de «decir lo que quiera y de impulsar las acciones que desee» en los tribunales internacionales, en referencia al reclamo que la expresidenta lleva adelante ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero inmediatamente trazó una distinción que no es neutral: «No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación» ante la justicia argentina, señaló. Y precisó que esa discusión «no llegó a la Corte» ni a la Cámara Federal de Casación Penal, porque la estrategia de la defensa en el fuero local se limitó a cuestionar la confirmación de las penas de prisión.

El argumento es técnicamente ajustado pero políticamente funcional al tribunal que lo pronuncia. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es precisamente el instrumento que convierte la condena en la Causa Vialidad en una proscripción política, ya que impide a Kirchner presentarse a cualquier elección. Que la defensa no haya planteado ese punto ante la Corte puede deberse a múltiples razones de estrategia procesal; que Lorenzetti lo subraye ahora, ante un auditorio civico-empresarial, tiene un efecto político concreto: presentar a la Corte como un tribunal que actuó dentro de sus atribuciones y trasladar la responsabilidad exclusivamente a las decisiones de la defensa.

Ante la consulta sobre si el reclamo ante las Naciones Unidas podría modificar la sentencia final, Lorenzetti optó por el blindaje: «Cada uno busca los argumentos que considera pertinentes y está en su derecho de hacerlo, pero no puedo opinar ni adelantar ningún criterio sobre ese tema», respondió. La neutralidad declarada encubre, sin embargo, una intervención selectiva: habló de lo que conviene a la Corte, calló sobre lo que podría cuestionarla.

Operadores informales y reforma del Consejo de la Magistratura

El público también consultó a Lorenzetti sobre la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. El magistrado recogió el guante y criticó lo que denominó una «política de ocupación de espacios» dentro del sistema judicial, denunciando la influencia de «operadores informales» y el «amiguismo» en la designación de magistrados. La denuncia es válida; lo que no mencionó es que esa lógica de copamiento político del aparato judicial opera hace décadas con la complicidad, activa o pasiva, de los propios miembros de la Corte que hoy la denuncian.

En ese marco, Lorenzetti anunció que seguirá impulsando junto al ministro Carlos Rosenkrantz un proyecto para reformar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. No ofreció precisiones sobre el contenido de esa propuesta ni sobre los tiempos de presentación.

Quintela, expropiaciones y la Corte como ancla

Otro de los temas que surgió en la ronda de preguntas fue la declaración del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien sostuvo que si el peronismo vuelve al poder revisará todas las medidas de Javier Milei y no descartó expropiaciones. Lorenzetti no polemizó con el contenido político del planteo; se limitó a decir que esas declaraciones «no tienen efecto jurídico». Y aprovechó para reivindicar a la Corte Suprema como el único factor de previsibilidad económica que sobrevive a los cambios de gobierno, destacando que la jurisprudencia en la materia se ha mantenido estable a lo largo de más de veinte años y cinco presidencias. La Corte, en la mirada de Lorenzetti, es el dique que contiene a los políticos, sean del signo que sean.

Inteligencia artificial, desempleo y el fantasma del autoritarismo

En la parte central de su exposición, Lorenzetti desarrolló un diagnóstico sombrío sobre el impacto de la tecnología en el orden social. Advirtió que el nuevo ecosistema digital está provocando una «fuga del Estado de Derecho» en Occidente y proyectó que la inteligencia artificial podría generar hasta un 40% de desempleo global al reemplazar tareas actualmente realizadas por personas. «Nadie sabe a dónde vamos», graficó.

El magistrado no ahorró referencias históricas: recordó que el nazismo emergió en un contexto de desempleo del 25% y advirtió que en escenarios similares «la gente buscó una solución autoritaria». La comparación quedó flotando sin destinatario explícito, aunque el contexto político argentino, con un presidente que se reivindica «tecno-optimista» y mantiene vínculos estrechos con figuras del poder tecnológico global, no pasó inadvertido para el auditorio. Lorenzetti habló sin nombres ni apellidos, pero se refirió a los «superricos» como un sector que logra manejarse con «legislaciones privadas», apartado de las normas generales, lo que contribuye a la fragmentación del sistema legal.

Puntos clave

  • Lorenzetti afirmó que la defensa de Cristina Kirchner nunca planteó la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua ante la Corte Suprema ni ante la Cámara de Casación.
  • El juez evitó opinar sobre el reclamo de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero su intervención técnica opera como blindaje al propio fallo de la Corte.
  • Denunció la influencia de «operadores informales» en la designación de magistrados y anunció que impulsará una reforma del Consejo de la Magistratura junto a Rosenkrantz.
  • Proyectó que la inteligencia artificial podría generar hasta un 40% de desempleo global y advirtió sobre el riesgo de salidas autoritarias en contextos de alta desocupación.
  • Las declaraciones se produjeron durante el almuerzo semanal del Rotary Club, en el Hotel Libertador de Buenos Aires.

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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