El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman designó abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado y en la cual se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, que supo ser abogado de Gendarmería y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó en su cuenta de Twitter Sergio Maldonado, y la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron a Télam fuentes judiciales.

La decisión de Milman, que no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora el diputado nacional quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una «autoimputación».

«Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)», sostuvo Milman en la presentación a la que accedió Télam.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga y en el marco del cual el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.

Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Milman no está imputado en la causa.

Esta decisión fue apelada y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, mientras que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medidas de estas características se le debería imputar al legislador la comisión de un delito.

La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La medida del secuestro del celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida por el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe.

«Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal», sostuvo el fiscal ante la Cámara Federal porteña.

«No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas», sostuvo el representante del ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

«La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)», sostuvo el fiscal.

La exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz declaró que el legislador le había facilitado un «perito» para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera.

La llamada «pista Milman» está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como «partícipe secundario», Gabriel Carrizo.

En ese dictamen Rívolo remarcó que debe seguir la investigación en pos de establecer si hubo autores intelectuales.

La querella se opone a que el caso vaya a juicio aún y reclamó que se ordenen nuevas medidas de prueba.

La medida que sí había habilitado la jueza en relación a la pista Milman era un entrecruzamiento de llamadas limitado al análisis de las llamadas entrantes y salientes de los imputados: allí debía buscarse que existieron comunicaciones entre ellos y el diputado nacional o alguna de sus asesoras.

Ayer la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) informó que entre el 1 de agosto del 2022 y el 2 de noviembre del mismo años no existieron comunicaciones entre esos dos grupos de personas.