Judiciales ⚖️
Muy turbio: ¿Qué pasó con los teléfonos de las asesoras de Milman?
Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz declararon por segunda vez y brindaron sus teléfonos al fiscal. Según un testigo, ambas estaban en el bar Casablanca cuando el diputado de JxC habría hecho referencias al intento de magnicidio que se produjo dos días después.
Dos asesoras del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que estuvieron con él en el bar en el que se habría referido al intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera, entregaron este jueves sus teléfonos celulares al fiscal federal Carlos Rívolo, al declarar por segunda vez como testigos en la causa.
Sin embargo, al hacerlo una de ellas informó que cambió el aparato y la otra que borró información, en la investigación dedicada a la llamada «pista Milman» en el marco del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre pasado, informaron a Télam fuentes del caso.
Carolina López Mónaco e Ivana Bohdziewicz declararon por segunda vez bajo juramento de verdad, esta vez ante la fiscalía de Rívolo que tiene delegada la investigación mientras que la primera había sido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Al ser consultadas por el fiscal sobre si aceptaban entregar sus teléfonos, ambas respondieron de manera afirmativa, explicaron a Télam fuentes del caso.
Qué declararon las asesoras de Milman
La primera en declarar fue López Mónaco, quien respondió preguntas de la fiscalía y la querella, accedió a entregar el celular y aportó la clave de acceso, aunque dijo que semanas atrás cambió el aparato.
López Mónaco explicó que el teléfono anterior está en poder de su hermana y lo ofreció en caso de ser necesario.
En la sede de la fiscalía esperó durante toda la mañana personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para recibir los celulares que serán sometidos a pericia en tanto Rívolo informó a Capuchetti que ambas testigos hicieron entrega «voluntaria» de los mismos.
López Mónaco, quien se desempeñó en el Ministerio de Seguridad en 2017 y luego fue nombrada colaboradora de Milman en el Congreso, negó además conocer a algún referente de la agrupación Revolución Federal.
También le preguntaron cómo reaccionó el equipo de trabajo de Milman cuando se supo del intento de magnicidio a la Vicepresidenta la noche del 1 de septiembre y dijo que hubo un clima de consternación, según las fuentes.
Tras la declaración de López Mónaco comenzó la de Ivana Bohdziewicz, asesora de Milman en Diputados, que terminó pasado el mediodía.
En su caso, también aceptó entregar el teléfono pero dijo que la semana pasada «borró» información, precisaron las fuentes.
Ambas acompañaban a Milman el 30 de agosto en la confitería Casablanca, dos días antes del atentado sufrido por la exmandataria, cuando un testigo dijo haber escuchado decir al legislador «cuando la maten voy a estar camino a la costa».
«Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa»el mensaje del colaborador del diputado Marcos Cleri
Las colaboradoras del legislador llegaron poco después de las 9.30 a los tribunales federales de Retiro y esperaron en el quinto piso, sede de la fiscalía de Carlos Rívolo, hasta que fueron llamadas para comenzar una segunda declaración testimonial en la causa.
Antes de ingresar a la fiscalía, reiteraron en declaraciones a la prensa que «no es cierto para nada» lo que dijo el testigo sobre la frase atribuida a Milman
«Es todo un falso testimonio», agregó López Mónaco, antes de ingresar a la fiscalía.
A la audiencia asistieron también los apoderados de la Vicepresidenta querellante en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
Ambas mujeres, según se probó en la causa, estuvieron en la mesa con Milman el día en que el testigo dijo haberlo escuchado decir esa frase.
En cuanto al testigo, la fiscalía busca volver a tomarle declaración pero sufrió un ACV y el trámite dependerá de su estado de salud.
Rívolo tomó este miércoles declaración de manera remota a través de la plataforma Zoom a otro testigo, el diputado Marcos Leito, quien según fuentes del caso dijo que es habitual concurrente a Casablanca y no recordaba ese día en particular.
El secuestro de los teléfonos celulares de ambas asesoras había sido reclamado por la querella la primera vez que ambas fueron citadas a declarar como testigos por la jueza Capuchetti, de manera previa a delegar la pesquisa en la fiscalía de Rivolo.
La magistrada rechazó ordenar esta medida y los abogados llegaron con el reclamo del secuestro de los celulares hasta la Cámara Federal porteña, que el viernes pasado emitió una resolución en la que señaló que era una medida procedente pero que antes debían llevarse a cabo otras, que tenían que ver con declaraciones testimoniales.
La «pista Milman»
La pista Milman se inició el 23 de septiembre a las 17, cuando un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y aseguró ante la jueza María Eugenia Capuchetti que había escuchado al legislador referirse a un eventual atentado antes de que ocurriera.
El testigo, colaborador del diputado del FdT Marcos Cleri, aseguró que el 30 de agosto, 48 horas antes de que se concretara el atentado fallido, escuchó a Milman decirle a dos colaboradoras la siguiente frase, entre risas: «Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa».
La investigación de esa pista permitió confirmar que el testigo, Milman y sus dos colaboradoras coincidieron en la confitería Casablanca, ubicada a metros del Congreso, el día señalado por el asesor parlamentario.
Hasta el momento, no hubo nadie más que el que hubiera escuchado esa frase en boca del diputado de JxC.
El lunes, Cleri (FdT) exhibió el mensaje que recibió de parte de su asesor, que le dijo haber escuchado a Milman referirse al ataque fallido antes de que ocurriera.

El dato más relevante tiene que ver con la hora de aquel mensaje, ya que lo recibió instantes después de que trascendiera la noticia del intento de magnicidio.
«Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa», decía el primero de cuatro mensajes consecutivos que el asesor le envió por WhatsApp a Cleri el 1 de septiembre desde las 22.36, informaron fuentes judiciales.
«Créeme estoy temblando», decía el cuarto mensaje que Cleri recibió del testigo, menos de dos horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de 35 años (Fernando André Sabag Montiel) había intentado matar a la Vicepresidenta en la puerta del edificio en el que vivía en Recoleta, ante la mirada de los manifestantes que habían ido a expresarle su apoyo y de las cámaras de televisión que registraban el momento.
Cleri explicó que el 7 de septiembre reenvió los mensajes a dos compañeros suyos de la Cámara de Diputados y al «equipo jurídico» de la Vicepresidenta (que por entonces no era querellante en la causa), a la vez que esperó a que el propio emisor de los mensajes se presentara en la justicia para luego hacerlo él.
Análisis
Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado
Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.
El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.
Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.
El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.
El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos
En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.
La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.
La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.
El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia
El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»
El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.
Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel
El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.
En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.
En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.
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