DDHH
La Secretaría de DDHH denunció a Espert por pedir «bala» para manifestantes en Lago Escondido
La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama «Cárcel o bala para estos delincuentes», en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente hoy al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia luego de que pidiera públicamente «cárcel o bala» contra el dirigente social Juan Grabois y otras personas que izaron una bandera a orillas de Lago Escondido, en la provincia de Bariloche, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que se encuentran en litigio con la Justicia.
La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama «Cárcel o bala para estos delincuentes», en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación.
En la presentación el secretario de Derechos Humanos destacó la «peligrosidad y el carácter antidemocrático» del mensaje de Espert, «especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional».
Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien «públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución», fundamenta la denuncia a la que tuvo acceso, que quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La Secretaría de Derechos Humanos recordó en su escrito que en septiembre ya denunció a Espert por un mensaje similar, en el que pidió «Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala» para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes reclamaban en el Ministerio de Trabajo.
Esa causa recayó en el Juzgado Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después.
«Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial», señaló la presentación.
Además -según informó un comunicado del organismo que preside Pietragalla Corti-, la Secretaría de Derechos Humanos puso en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se adopten «las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición».
La acción judicial había sido adelantada esta mañana por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, en su cuenta de Twitter consideró: «No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país».
En ese marco, el funcionario añadió que «el Señor @jlespert sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir ‘bala’ es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!», al tiempo que advirtió en tono directo: «Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!».
Espert tuiteó «cárcel o bala para estos delincuentes» desde su cuenta de personal, en referencia a un posteo del dirigente social Juan Grabois, quien había subido una foto con la leyenda «Ya izamos la bandera en territorio nacional ¡Recuperemos lo nuestro!» a orillas de Lago Escondido.
Hoy, un grupo conformado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se encuentra en Lago Escondido para reclamar la recuperación de esas tierras «como parte del territorio nacional» denunció haber recibido «amenazas verbales y amedrentamiento» por parte de personas encapuchadas que trabajan para Lewis.
Voceros de los manifestantes del MTE, que lidera Grabois, aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis que les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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