DDHH
La Secretaría de DDHH denunció a Espert por pedir «bala» para manifestantes en Lago Escondido
La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama «Cárcel o bala para estos delincuentes», en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente hoy al diputado nacional José Luis Espert por instigación a la violencia luego de que pidiera públicamente «cárcel o bala» contra el dirigente social Juan Grabois y otras personas que izaron una bandera a orillas de Lago Escondido, en la provincia de Bariloche, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que se encuentran en litigio con la Justicia.
La denuncia fue presentada este miércoles por el secretario Horacio Pietragalla Corti a partir de un mensaje en Twitter en el que Espert reclama «Cárcel o bala para estos delincuentes», en referencia a un tuit en el que Grabois difundió la manifestación.
En la presentación el secretario de Derechos Humanos destacó la «peligrosidad y el carácter antidemocrático» del mensaje de Espert, «especialmente teniendo en cuenta la reiteración de estas conductas y que quien difunde estas expresiones violentas sea un diputado nacional».
Este tipo de declaraciones se encuentran prohibidas por el artículo 209 del Código Penal, que pena a quien «públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución», fundamenta la denuncia a la que tuvo acceso, que quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La Secretaría de Derechos Humanos recordó en su escrito que en septiembre ya denunció a Espert por un mensaje similar, en el que pidió «Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala» para miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes reclamaban en el Ministerio de Trabajo.
Esa causa recayó en el Juzgado Federal 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo Marcelo Martínez De Giorgi, quien decidió archivarla pocos días después.
«Es evidente que la falta de respuesta judicial adecuada ante expresiones que configuran el delito de instigación pública por parte de un diputado nacional genera su repetición. En un país con alta conflictividad social y política, que se encuentra obligado a respetar el derecho humano a la protesta social, que un representante del pueblo instigue públicamente a matar a quien protesta no puede quedar sin sanción judicial», señaló la presentación.
Además -según informó un comunicado del organismo que preside Pietragalla Corti-, la Secretaría de Derechos Humanos puso en conocimiento de esta situación a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se adopten «las medidas necesarias para sancionar este tipo de declaraciones y evitar su repetición».
La acción judicial había sido adelantada esta mañana por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, en su cuenta de Twitter consideró: «No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país».
En ese marco, el funcionario añadió que «el Señor @jlespert sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir ‘bala’ es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!», al tiempo que advirtió en tono directo: «Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!».
Espert tuiteó «cárcel o bala para estos delincuentes» desde su cuenta de personal, en referencia a un posteo del dirigente social Juan Grabois, quien había subido una foto con la leyenda «Ya izamos la bandera en territorio nacional ¡Recuperemos lo nuestro!» a orillas de Lago Escondido.
Hoy, un grupo conformado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se encuentra en Lago Escondido para reclamar la recuperación de esas tierras «como parte del territorio nacional» denunció haber recibido «amenazas verbales y amedrentamiento» por parte de personas encapuchadas que trabajan para Lewis.
Voceros de los manifestantes del MTE, que lidera Grabois, aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis que les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.
CABA
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados
Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.
Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.
El repudio de la CGT y las CTA
En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.
La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.
Derechos humanos y estatales se suman al reclamo
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.
Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal
Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.
No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.
Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.
Lo que tenés que saber:
- La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
- La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
- La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
- Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
- Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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