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Denuncia

UNIÓN PERSONAL bajo la lupa: crisis, copagos ilegales, recortes y abandono a sus afiliados

Afiliados denuncian cobros indebidos, restricciones discriminatorias y colapso de servicios. ATE presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por prácticas que consideran «extorsivas» contra trabajadores estatales.

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★ Desde principios de 2025, afiliados de Unión Personal, obra social vinculada al sindicato UPCN que nuclea a empleados estatales, y de Accord Salud denuncian en grupos de Facebook y foros virtuales una crisis silenciosa que no logra visibilidad en los grandes medios: pérdida masiva de prestadores, cierre de oficinas zonales, eliminación de descuentos en medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas, y cobros ilegales de coseguros en prestaciones que deberían estar cubiertas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La situación escaló cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal por aplicar lo que calificó como «prácticas manifiestamente ilegales» y «extorsión comprobada» contra trabajadores que no están afiliados a UPCN.

Discriminación según afiliación sindical: el núcleo de la denuncia

Según la presentación judicial de ATE, Unión Personal implementa un sistema discriminatorio que establece «tarifas exorbitantes» en prestaciones médicas obligatorias, diferenciando los aranceles según la pertenencia sindical del beneficiario. La obra social cobra co-seguros sobre servicios que integran el PMO, lo cual está prohibido por ley, y restringe el acceso a determinados prestadores a empleados estatales que no están afiliados a UPCN.

«La conducta de algunos dirigentes es miserable. Primero les destruyen los salarios a los trabajadores y ahora pretenden cobrar aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Aguiar interpretó estas medidas como una estrategia desesperada para detener las «desafiliaciones masivas» que estaría sufriendo UPCN. El dirigente vinculó la situación con el posicionamiento político del sindicato, que según su perspectiva «avala» la gestión del presidente Javier Milei.

Testimonios de afiliados: medicamentos suspendidos y oficinas cerradas

En los grupos de Facebook dedicados a afiliados de Unión Personal y Accord Salud, los testimonios se multiplican. Un caso reciente, verificado por este medio, relata: «Mi papá tiene plan oncológico. Cerraron la oficina de Morón. Hay miles que pagan fortuna y los dejan sin atención, sin medicamentos, sin comunicación. Afiliados desesperados piden ayuda en redes y a la Superintendencia de Salud».

Los usuarios reportan que la obra social dejó de otorgar descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, lo que derivó en que muchos afiliados dejaran de recibir fármacos vitales para diabetes, cáncer y discapacidad. Según fuentes consultadas en los foros virtuales, la amenaza constante es: «afiliate a UPCN o te dejamos fuera de la red superior».

Pedido de investigación y determinación de responsabilidades

La denuncia de ATE solicita que se determinen las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y los funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en estas prácticas. «Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.

La presentación formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud busca que el organismo de control intervenga para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras sociales y preserve los derechos de los trabajadores estatales al acceso equitativo a las prestaciones de salud.

Qué hacer si te afecta esta situación

Los afiliados que enfrentan cobros indebidos o restricciones de prestaciones pueden:

  • Presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud a través de su sitio web o llamando al 0800-222-SALUD (72583).
  • Iniciar acciones legales mediante amparos de salud, especialmente si se trata de tratamientos urgentes o enfermedades graves.
  • Documentar todos los rechazos de cobertura, cobros indebidos y comunicaciones con la obra social para respaldar eventuales reclamos administrativos o judiciales.

Puntos clave:

• ATE denunció formalmente a Unión Personal ante la Superintendencia de Servicios de Salud por cobros ilegales de co-seguros sobre prestaciones del PMO

• La obra social aplica aranceles diferenciados según la afiliación sindical del trabajador, según la acusación

• Afiliados denuncian cierre de oficinas, eliminación de descuentos en medicamentos para crónicos y oncológicos, y pérdida masiva de prestadores

• La denuncia solicita investigar responsabilidades de administradores, dirigentes gremiales y funcionarios públicos involucrados

• ATE interpreta estas medidas como una maniobra para frenar desafiliaciones masivas de UPCN

Denuncia

Oftalmólogos denuncian al PAMI por bloquear atención a jubilados y sobreprecios en lentes intraoculares

Los profesionales denuncian que se suspendieron arbitrariamente cirugías y consultas esenciales para miles de adultos mayores, medida que afecta el acceso a la salud visual de una población vulnerable, fundamental para prevenir ceguera y mantener autonomía. Las lentes intraoculares compradas por PAMI tienen precios entre 6 y 10 veces superiores a las del mercado.

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★ Entidades prestadoras de servicios oftalmológicos de todo el país denunciaron que el PAMI bloqueó de manera discrecional la atención a miles de adultos mayores, suspendiendo cirugías y consultas esenciales. La medida, calificada de arbitraria e imprecisa por los profesionales, surge mientras se intensifica la polémica por la presunta compra de lentes intraoculares a valores significativamente superiores a los del mercado.

Paralización Arbitraria y sin Fundamento

Según las entidades, la obra social de los jubilados adujo haber detectado presuntas “sobrefacturaciones” en prestaciones, una afirmación que el sector negó categóricamente. Los profesionales aseguraron que la decisión administrativa carece de criterios técnicos transparentes, parámetros clínicos verificables o dictámenes disponibles, lo que impide cualquier instancia de revisión o descargo. Esta situación, señalaron, paraliza la atención de miles de afiliados sin un procedimiento claro de auditoría ni comunicación formal a los prestadores.

Las Consecuencias para los Adultos Mayores

La medida del PAMI afecta directamente el acceso de los adultos mayores a una atención visual fundamental para prevenir la ceguera evitable, mantener la autonomía y calidad de vida, disminuir caídas y hospitalizaciones, y asegurar un estándar básico de bienestar en una población altamente vulnerable. “La mayoría de los pacientes damnificados perciben la jubilación mínima y no cuentan con alternativas reales. Cada día sin atención constituye un perjuicio cierto, acumulativo y evitable”, afirmó Omar López Mato, miembro de CAMEOF.

López Mato enumeró las graves consecuencias de la interrupción unilateral de autorizaciones oftalmológicas: desfinancia a las instituciones que dependen de la continuidad prestacional, genera inestabilidad en equipos profesionales, paraliza quirófanos y turnos programados, y compromete seriamente la continuidad asistencial de miles de personas mayores. Advirtió que, de persistir esta situación, los prestadores se verán forzados a adoptar medidas de fuerza para reclamar la regularización urgente del sistema y la apertura de canales de diálogo institucional.

Denuncian Sobreprecios en Lentes Intraoculares

En un giro que añade mayor complejidad a la situación, los profesionales de la salud contragolpearon al señalar que, mientras se suspenden cirugías esenciales con el argumento de supuestas irregularidades, paralelamente se diluyó del debate público la discusión sobre la compra de lentes intraoculares por parte del PAMI. Según trascendió, estas adquisiciones se habrían concretado a valores entre seis y diez veces superiores al precio de mercado, un hecho que genera profunda preocupación en el sector.

Aún más alarmante, se señaló que se habría solicitado un 10% a los proveedores para garantizar las adjudicaciones, lo que explicaría la participación de intermediarios en lugar de laboratorios, que por normas de compliance no pueden involucrarse en prácticas irregulares. Este escenario, reclamó la entidad, exige una investigación inmediata y transparente.

Reclamo Urgente por la Calidad de Vida de los Jubilados

Los prestadores oftalmológicos reclamaron el restablecimiento inmediato de las prestaciones, la implementación de auditorías transparentes, técnicas y basadas en evidencia, y una investigación urgente de las compras de lentes intraoculares y los eventuales retornos. Asimismo, exigieron la apertura de un canal de diálogo formal que permita sostener la calidad del servicio.

Para finalizar, Omar López Mato enfatizó que “una vez más se pone de manifiesto que, aunque los gobiernos cambien, ciertos patrones de discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad persisten, perjudicando siempre al mismo sector: el jubilado que necesita ver para vivir con dignidad”.

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