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Demandan desde Chile a la Policía de Larreta por la fuga un preso

Se trata de un hombre que está acusado de un doble crimen. Tenía pedido de captura internacional. Se fugó de una comisaría de Constitución en la que estaba detenido.

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La familia de las víctimas de un doble crimen cometido en enero pasado en Chile demandará a la Policía de la Ciudad por la fuga del principal acusado, quien tenía pedido de captura internacional y el 3 de este mes se cambió las ropas con otro preso que iba a ser excarcelado y huyó de la comisaría del barrio porteño de Constitución en la que estaba detenido.

Así lo adelantó en diálogo con Télam Susana Ite, madre de Jhans Ceballos (26) y abuela de Agustina (6), las dos víctimas del doble homicidio que se le atribuye a Miguel Alejandro Vega Pérez (29), alias «El Chuma» y que fue cometido el 23 de enero pasado en la comuna chilena de Ovalle, en la provincia de Limarí, en la región norte de Coquimbo.

«Es algo extraño y quiero saber por qué escapó. Creemos que les pagaron a los policías para que se fugue. No pueden confundirse a alguien que mató a dos personas…¿o no le vieron la cara?», se preguntó la mujer.

Ite informó que está coordinando con su abogada la presentación contra la fuerza de seguridad porteña para así establecer las responsabilidades de los efectivos que se encontraban al momento de la fuga.

«Esto da para pensar muchas cosas. Ellos tenían que haberlo resguardado, no se les pudo escapar. Fue un hecho de corrupción, les pagaron para que le dieran la fuga», consideró la mujer.

«El Chuma» Vega Pérez fue detenido el pasado 2 de junio y trasladado al Anexo de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle San José 1224, en el barrio porteño de Constitución.

Allí, se presume que burló a los policías que estaban en la dependencia al cambiarse las ropas con otro detenido al que le había llegado una autorización judicial de excarcelación -había sido aprehendido por la tentativa de robo de un teléfono celular- y salió a la calle haciéndose pasar por él

Cuando la Policía de la Ciudad advirtió lo sucedió, se irradió un alerta para buscar a Vega Pérez en las inmediaciones de la seccional con apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, aunque el fugitivo no pudo ser localizado y, a más de tres semanas, hoy continuaba prófugo.

Por el caso, tres efectivos de la Policía de la Ciudad fueron inicialmente detenidos y quedaron imputados en una causa penal por «evasión» que tramita la fiscal Andrea Scanga, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 13 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad.

La fiscal ordenó allanar la seccional porteña y le dio intervención en la investigación a la Policía Federal Argentina (PFA).

Según las fuentes, el objetivo de la causa es determinar si solo hubo negligencia en el accionar del personal policial o si, por el contrario, existió complicidad de los efectivos en la fuga.

Desde el MPF porteño indicaron que luego de ser indagados, se dispuso la excarcelación de los tres policías, aunque quedaron imputados y ligados al proceso penal.

Por su parte, la familia de las víctimas cree que el padre de «El Chuma», que se encuentra en la Argentina, fue quien «pagó para que lo liberaran».

«Cuando lo detuvieron (a Vega Pérez), una de las hermanas nos amenazó y dijo que iban a pagar lo que fuera para que sea liberado», recordó la madre de las víctimas del doble homicidio.

Jhans Ceballos y su hija Agustina fueron asesinados tras ser perseguidos y atacados por Vega Pérez, según la acusación fiscal que afronta en el vecino país.

Ite aseguró que aún desconoce los motivos por los cuales su único hijo varón y su nieta fueron asesinados y añadió que Jhans conocía al asesino ya que ambas familias tenían un puesto en una feria de la zona.

«Quiero saber por qué mató a mi hijo y a mi nieta y por qué se ensañó con una niñita de 6 años. Mi hijo le suplicó que no disparara porque estaba con su hijita pero este monstruo igual lo hizo», indicó.

Jhans era chofer de la aplicación de viajes Uber en Chile y se había lanzado como cantante, mientras que su hija estaba por comenzar el primer año de la escuela primaria.

La noche del 23 de enero las víctimas habían salido a pasear y, por motivos que se desconocen, fueron perseguidas y atacadas a tiros por Vega Pérez.

«El primer impacto le da en la pierna cuando lo iba persiguiendo. Ahí Jhans chocó contra una camioneta y se bajó a pedir ayuda en un negocio para que la protegieran. En ese momento le suplicó a Vega Pérez que no los mate, pero él le disparó en la cabeza a Agustina y en el pecho a él», relató Ite.

«El caso está en plena etapa de investigación, no se descarta alguna vendetta (venganza), pero es materia de investigación», afirmó a Télam una fuente judicial chilena.

Tras el doble crimen, «El Chuma» llegó a la Argentina, donde ahora, tras la evasión, es intensamente buscado por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA.

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“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados

Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.

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El Argentino Diario-Metrodelegados-Dellacarbonara-Subte-Emova.
Jorge Macri llamó “mafiosos” a los delegados y las centrales obreras respondieron: detener a un gremialista es perseguir la acción sindical.

“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.

Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.

El repudio de la CGT y las CTA

En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.

La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.

Derechos humanos y estatales se suman al reclamo

La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.

Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal

Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.

No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.

Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.

Lo que tenés que saber:

  • La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
  • La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
  • La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
  • Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
  • Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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