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Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores
El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.
Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.
Qué incluye el decreto
El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.
«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».
Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal
Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.
Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.
El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.
Lo que tenés que saber
- El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
- Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
- Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
- Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
- Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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Landau firmó acuerdos en Paraguay y sigue su gira en Buenos Aires
El vicesecretario de Estado estadounidense estará en la Argentina hasta el 26 de octubre junto a Juan Pablo Segura. La agenda oficial habla de inversiones, el corredor Andes Atlántico y cooperación en seguridad.
Antes de su escala argentina, el enviado de Washington dejó en Paraguay un acuerdo para interceptar vuelos narco, fondos para la lucha antiterrorista y negociaciones nucleares. Ese paquete marca el tono de la segunda etapa de su gira.
El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, tiene prevista una gira por Asunción y Buenos Aires del 19 al 26 de octubre, según informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado. Lo acompaña el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.
La agenda en Buenos Aires
De acuerdo con el comunicado oficial, Landau se reunirá «con altos cargos del Gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por la puesta en marcha por parte de Estados Unidos y Argentina del corredor Andes Atlántico» durante la Asamblea General de la ONU. Los temas previstos son el crecimiento económico, la inversión estadounidense y la cooperación en seguridad.
Lo que dejó en Paraguay
El Departamento de Estado detalló el 21 de octubre los compromisos de la escala paraguaya. Landau firmó con el canciller Rubén Ramírez un acuerdo de asistencia para la interceptación aérea contra vuelos sospechosos de narcotráfico, que entrará en vigor con un intercambio posterior de notas diplomáticas. Washington anunció US$5,5 millones para ampliar el apoyo contra el financiamiento del terrorismo y la seguridad de fronteras y US$6,25 millones contra el crimen organizado transnacional, además de una oficina antinarcóticos en Asunción. Ambos países también anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo de cooperación nuclear civil.
Lo que tenés que saber:
- Christopher Landau es el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, segundo de Marco Rubio.
- Su gira por Paraguay y la Argentina va del 19 al 26 de octubre.
- Viaja con Juan Pablo Segura, responsable del Hemisferio Occidental.
- En Buenos Aires la agenda oficial incluye inversiones, el corredor Andes Atlántico y seguridad.
- En Paraguay firmó un acuerdo de interceptación aérea y anunció fondos antiterroristas.
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