La economista y diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, denunció la derogación de las regulaciones básicas para la constitución y el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), decisión del ejecutivo publicada este viernes en el Boletín Oficial,

Las regulaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) derogadas servían como un mecanismo de prevención contra la formación de sociedades ficticias, pero fueron eliminadas, lo que suscitó preocupación sobre la potencial proliferación de entidades corporativas utilizadas para actividades ilícitas.

Strada aseguró que con la derogación, “ahora es posible constituir una SAS en tan solo 24 horas”, simplemente completando un formulario y enviándolo junto con un estatuto modelo a la IGJ. Se requiere un capital inicial mínimo, que no excede de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), y la normativa solo exige que una persona del directorio tenga domicilio en Argentina. Esta flexibilización de los requisitos ha levantado alarmas sobre la posibilidad de que estas sociedades se utilicen para el lavado de dinero.

Durante los primeros tres años desde la creación de las SAS, se inscribieron 11.881 entidades. Sin embargo, el 98% de ellas no especificó ninguna actividad concreta en su estatuto de creación, dejando un vacío que podría ser explotado para actividades ilegales. Además, el 42% de las SAS fueron constituidas por un único individuo, y en el 99% de estos casos, el único socio también fungía como administrador exclusivo de la sociedad. En cuanto a las SAS pluripersonales, el 62% raramente superaba los dos socios.

La situación se complica aún más con el descubrimiento de que el grupo narcocriminal conocido como Los Monos ha utilizado este tipo de sociedades como herramienta para sus operaciones ilícitas. Investigaciones judiciales en la ciudad de Rosario han revelado la creación de 40 sociedades ficticias en solo 24 horas, utilizadas para emitir facturas falsas y lavar más de 1.200 millones de pesos.

Este escenario ha provocado indignación pública, ya que se percibe que, bajo la bandera de la transparencia y la libertad, el Ministerio de Justicia y la IGJ están facilitando la creación de entidades corporativas opacas y subcapitalizadas. Estas entidades no solo dañan el tejido económico y social, sino que también se convierten en instrumentos para bandas criminales.

El combate al narcotráfico en Argentina enfrenta así un nuevo desafío, no solo en las calles, sino también en el ámbito corporativo y legal, donde la lucha contra la creación de entidades corporativas fraudulentas es fundamental para la integridad económica y social del país.