El abogado Pablo Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, relató cómo se inició el proceso de recopilación de casos de estaqueos, enterramientos y otras vejaciones contra ex combatientes que lucharon en 1982.

Por Martín Piqué

El abogado Pablo Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes y denunciante en la causa judicial por torturas a soldados durante la guerra de Malvinas, relató cómo se inició el proceso de recopilación de casos de estaqueos, enterramientos y otras vejaciones contra ex combatientes de unidades militares que lucharon en el conflicto bélico de 1982.

Vassel, quien ocupó la subsecretaría de DDHH entre 2004 y 2008, comenzó a investigar esos episodios a partir de la proyección en Corrientes del film «Iluminados por el fuego», dirigido por el actual ministro de Cultura Tristán Bauer a partir del testimonio del periodista y ex combatiente en Malvinas Edgardo Esteban, en un evento que había sido organizado junto a otro veterano de la guerra, ya fallecido, el también correntino Orlando Pascua.

Aquella proyección fue realizada en agosto de 2005 en el cine Colón, un auditorio antiguo de la ciudad de Corrientes que había sido alquilado especialmente, y sentados en las butacas se encontraban muchos ex combatientes junto a sus familias.

Cuando terminó la película, el auditorio permaneció en silencio y con «un impacto muy fuerte», recordó Vassel en diálogo con esta agencia. «Nadie se podía mover del cine –revivió quince años después-, durante diez minutos todo el mundo se quedó quieto y algunos lloraban.»

Tras esa escena en el cine, donde Vassel observó «la conmoción» que sentían los veteranos que habían asistido con sus mujeres e hijos, algunos incluso con sus nietos, se organizó un asado para los ex combatientes y parte del staff.

En esa cena, realizada en la sede del gremio ATE, el entonces funcionario preguntó a los exconscriptos qué les había parecido la película, en la que se mostraban tropas con hambre y la aplicación de tormentos a un soldado.

«Y muchos me dijeron esto: ‘es muy buena pero lo que muestra se queda corto’. Ahí me empecé a preguntar: ¿qué es quedarse corto?», contó Vassel.

EN BUSCA DE TESTIMONIOS

Desde ese momento, y a lo largo de dos años, el abogado viajó por distintos puntos de la provincia para reunirse con ex combatientes, para escuchar, para grabar sus testimonios y para preguntarles si estaban dispuestos a denunciar judicialmente lo que habían vivido en las islas.

«Algunos quisieron dar sus testimonios y que fueran presentados en la Justicia, otros simplemente me informaron lo que pasó, para que yo supiera, pero prefirieron no dar sus testimonios», relató el abogado.

La recorrida para recopilar casos de tormentos aplicados por oficiales y suboficiales concluyó, contó el propio denunciante, con «23 testimonios originales, con 5 que habían sido víctimas de torturas y 15 que habían sido testigos de las torturas sufridas por camaradas suyos; otros daban cuenta de la muerte de dos soldados por hambre, y otros que referían al asesinato de un soldado correntino que había recibido un disparo en la cabeza por un cabo en una pelea casi de guapos, imposible de ser asimilada a un error bélico».

«Todos los testimonios fueron desgrabados, palabra por palabra, incluso con las expresiones correntinas que vienen del antiguo guaraní, porque me parecía fundamental que aquellos soldados de la patria que nunca habían sido escuchados fueran, por fin, extremadamente escuchados, y respetadas sus opiniones», afirmó Vassel, quien no sólo recopiló las declaraciones por escrito: las registró también en material fílmico.

PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

Esta información constituyó la base documental de la denuncia que Vassel presentó en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde se abrió la causa 1777/07 que ya lleva 14 años y que está a cargo de la jueza federal Mariel Borruto.

«Presentar la denuncia en el juzgado de Río Grande fue un acto de reivindicación de la soberanía argentina, porque se buscaba que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en territorio argentino contra víctimas argentinas. Y lamentablemente cometidos por victimarios argentinos», remarcó Vassel.

Sobre las torturas y vejaciones que constató en la investigación y que luego volcó en la denuncia, el abogado dijo que «la más usual era el estaqueo, que consistía en atar a estacas a soldados con los tientos de las carpas para que queden inmovilizados por espacios variables de tiempo, a veces semidesnudos, otras veces vestidos, incluso algunos estaqueos se realizaban bajo cañoneo enemigo».

Otra práctica de castigo solían ser «los enterramientos», o sea «cavar pozos y enterrar a soldados hasta el cuello, casi a la usanza de Roca en la Campaña del Desierto a fines del siglo XIX», detalló el denunciante.

En la mayoría de los casos, dijo Vassel, los castigos o vejaciones eran impuestos por «motivaciones famélicas, o sea el hambre extremo», aunque también comprobó el caso de «soldados de regimientos patagónicos que fueron obligados a descalzarse a los que se les mojaba el pie y con el teléfono de campaña se accionaba una pequeña manivela para generar una picana eléctrica en el medio del campo».

También hubo torturas aplicadas por antisemitismo, «por lo menos en tres argentinos de religión judía que fueron torturados mientras se los trataba de ‘judío de mierda'», señaló Vassel, pero en estos casos las violaciones a los Derechos Humanos ocurrieron en regimientos de la provincia de Buenos Aires y no de Corrientes, y además se produjeron vejaciones a jóvenes «provenientes de pueblos qom o moqoit del Chaco y Formosa, motivadas por el analfabetismo, o por el escaso manejo del castellano».

Al referirse a la causa, Vessel cuestionó «el ritmo exasperadamente lento» en que se fueron disponiendo las distintas medidas procesales, aunque reconoció que el expediente «avanza pese a todas la dificultades», tras lo cual subrayó que entre el 13 y el 15 de abril prestarán declaración indagatoria «seis altos oficiales responsables de esos hechos».

Uno de los altos oficiales que declarará es el ex general de brigada Omar Parada, que al momento de la guerra se desempeñaba como jefe del comando de la Tercera Brigada de Infantería de Corrientes y en Malvinas estuvo afincado en Puerto Yapeyú, un pequeño puerto ubicado en la isla Gran Malvina, sobre el estrecho de San Carlos. La declaración de Parada, de 94 años, está prevista para el 13 de abril a las 11.

«Parada no sólo estuvo en Malvinas y convalidó la decisión de torturar a soldados sino que él mismo también dio órdenes efectivas de torturar a soldados», aseguró Vassel a esta agencia.

El abogado y ex subsecretario de DDHH de Corrientes, al repasar la historia del expediente, criticó la actuación de la Corte Suprema en la causa, ya que el máximo tribunal «la tuvo durante tres años, entre 2012 y 2015» para luego, puntualizó Vassel, emitir en febrero de 2015 «un fallo vergonzoso de tres renglones, literalmente, que cerró un tramo de la investigación».

Esto derivó en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim).

Vassel, sin embargo, mencionó logros y decisiones claves que en algún caso convalidaron la denuncia sobre torturas a soldados, y que se produjeron a partir de la denuncia en la Justicia Federal: el primero de ellos fue la desclasificación del llamado informe Rattenbach (como se conoce a las conclusiones de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Estratégico-Militares que encabezaba el general de mayor antigüedad en el último año de la dictadura, Benjamín Rattenbach).

Esa medida fue dispuesta a través del decreto 200/2012, en febrero de 2012, por la entonces presidenta Cristina Fernández, quien tres años más tarde, en septiembre de 2015, profundizó la misma línea al ordenar la desclasificación de todos los secretos militares sobre Malvinas.

«En esos secretos están todos los legajos que por normativa militar tiene que hacer cada efectivo cuando participa de una acción bélica: ahí es donde, de puño y letra, dicen ‘denuncio que Mengano hizo tal cosa con tal’, o sea eran denuncias de oficiales y suboficiales de las tres fuerzas que denunciaban a otros, a veces con eufemismos, como hablar de ‘maltrato a la tropa’ y no de torturas», apuntó Vassel.

Sobre este punto, pero también sobre las perspectivas de la causa, el denunciante concluyó: «Esta investigación, a quien más tiene que interesar, es a las propias Fuerzas Armadas, porque le va a permitir separar a aquellos que vistieron el uniforme de San Martín prestigiándolo de aquellos que lo deshonraron, porque fueron los que permitieron que casi 200 soldados estuvieran en desnutrición extrema o que hubiera soldados maltratados y vejados».