Un esquema que los legisladores no pudieron imponer por el Congreso encontró el camino que buscaba en la Corte Suprema de Justicia. El fallo del máximo tribunal que permite la venta ilimitada de tierras a compradores extranjeros no solo desactivó la protección que establecía la Ley de Tierras, sino que también cerró la puerta judicial a quienes pretendían impugnarlo: los ex combatientes de Malvinas fueron declarados sin legitimación activa para demandar la inconstitucionalidad del DNU 70/23, el decreto de desregulación de Javier Milei que derogó ese límite.

Frente a esa doble restricción, la respuesta llegó desde las calles. Convocadas para este martes a partir de las 16, organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la resolución judicial. La protesta tuvo como punto de confluencia la sede del Poder Judicial en Buenos Aires y reunió a referentes de ambas CTA y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), entre otras agrupaciones.

La Corte, los Malvineros y el portazo judicial

Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, calificó de «grave» el fallo del máximo tribunal. Para el dirigente, la decisión no solo «habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros», sino que además «invalidó» el derecho de los ex combatientes de Malvinas a cuestionar judicialmente el DNU. «Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», señaló Godoy, para quien la movilización a Tribunales es la respuesta ante «esta cueva de la injusticia que está convalidando semejantes escenarios de entrega».

El argumento central de los convocantes es que la Corte resolvió en términos de soberanía lo que el oficialismo no pudo consolidar por la vía legislativa. El bloque justicialista tiene presentado un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la Ley de Tierras, pero el debate en el Congreso aún no alcanzó el quórum necesario.

La oposición y el 15 de octubre

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores, anunció que el proceso de movilización no se detiene en esta marcha. El dirigente confirmó que el 15 de octubre habrá una nueva movilización, esta vez junto a otras organizaciones, con el objetivo de «dar de baja el DNU completo». Yasky también detalló los tres ejes que la oposición busca resolver en el Congreso: la continuidad de la ley de discapacidad, la morosidad de las familias endeudadas y la derogación íntegra del DNU 70/23. «Implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras, pero también tantos otros que golpean a la comunidad», aseguró.

Desde el FIT, la diputada nacional Myriam Bregman fue más directa en su lectura política. La legisladora cuestionó el origen del fallo y planteó una pregunta que recorre los sectores de oposición: «Quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre la Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo». Bregman remarcó que el debate no es sobre una medida cautelar, sino sobre «los jirones de soberanía sobre nuestro territorio».

Su compañero de bancada Nicolás del Caño también impulsó la convocatoria del 15 de octubre al Congreso y apuntó más lejos: exigió a las centrales sindicales y a todos los sindicatos que convoquen a un paro nacional activo para esa fecha. «Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino», afirmó el diputado, quien pidió garantizar «una movilización histórica en el camino de la huelga general para derrotar a Milei, su plan y sus cómplices».

El DNU 70/23 y la apertura de un frente político

El DNU 70/23 fue el instrumento con el que la gestión Milei desreguló en bloque una porción significativa del ordenamiento jurídico argentino. Su artículo 154 derogó la Ley de Tierras Rurales, que limitaba el porcentaje de tierra que podía estar en manos extranjeras. La impugnación judicial de esa medida, que había sido impulsada entre otros por asociaciones de ex combatientes de Malvinas, chocó ahora con la decisión de la Corte Suprema que les negó legitimidad para actuar en el proceso.

El fallo abre un frente político de consecuencias impredecibles para el Gobierno. Si la oposición logra reunir quórum en el Congreso para debatir la derogación del DNU, el Ejecutivo enfrenta la posibilidad de perder uno de los pilares de su reforma estructural sin que la Justicia pueda ampararla, dado que el Parlamento tiene facultades constitucionales propias para rechazar decretos de necesidad y urgencia. La movilización de este martes, en ese sentido, no es solo un acto de protesta: también es un mapa de alianzas que la oposición está trazando de cara a esa disputa legislativa.

Lo que tenés que saber:

• La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y rechazó la legitimación de los ex combatientes de Malvinas para impugnar el DNU 70/23.
• Organizaciones políticas, sindicales, sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales en repudio a la decisión judicial.
• El DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley de Tierras Rurales, es el objetivo central de la oposición en el Congreso; el bloque justicialista ya tiene presentado un proyecto para restituirla.
• Hugo Yasky (CTA-T) y Myriam Bregman y Nicolás del Caño (FIT) convocaron a una segunda movilización el 15 de octubre al Congreso, con pedido de paro nacional activo.
• Del Caño exigió a las centrales sindicales convocar a una huelga general; la confluencia de demandas incluye discapacidad, deuda familiar y financiamiento universitario.