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Denuncia

Alak irá a la Justicia para que investigue ñoquis en la gestión de Garro

Entre las irregularidades, el jefe comunal precisó que tras su asunción, el 10 de diciembre, se detectó que “más de la mitad de la planta de empleados registrados no asiste a trabajar”.

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El intendente de La Plata, Julio Alak, anunció que, tras detectar serias irregularidades en la administración y uso de los fondos públicos en el municipio, en los próximos días se presentará a la justicia penal para que investigue presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cometidos durante la gestión municipal anterior.

En declaraciones al diario platense El Día, el jefe comunal precisó que tras su asunción el 10 de diciembre, se detectó que más de la mitad de la planta de empleados registrados no asiste a trabajar.

“Encontramos 12.573 personas nombradas en situaciones que, más allá de las irregularidades administrativas en las que fueron contratadas, revisten circunstancias que lindan con el delito penal”, dijo.

Añadió que no sólo encontró «personas privadas de la libertad con contratos municipales», sino que se liquidaron sueldos a 1.481 personas «sin haberse confeccionado el legajo del personal y sin acto administrativo”.

Alak citó otros delitos presuntamente incurridos en la forma de contratación en la anterior gestión municipal, como la contratación de personas con delitos penales graves y el pago a personas que se encuentran detenidas.

En paralelo, contó que se registraron incompatibilidades previstas en el artículo 41 de la Constitución provincial, que impide la contratación de agentes que se encuentren desempeñando en otras áreas de gobierno, como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien Alak no especificó el día en que formalizará la presentación en el fuero penal, advirtió estar «obligado” a hacer la denuncia.

Luego, se refirió a los altos niveles de ausentismo detectados y planteó que su administración «tiene la obligación de no renovarlos porque si lo hacemos estamos incumpliendo la ley, sería un delito penal”.

“Además, estaríamos convalidando privilegios que la gente repudia, porque nosotros tenemos que cuidar al contribuyente, que no paga impuestos, tasas y contribuciones para que nosotros lo destinemos a 4 mil ó 5 mil personas que no van a trabajar”.

Solicitó el intendente a los gremios que respalden las medidas para ayudar a “poner en orden la herramienta de gestión que es el recurso humano” y concluyó: “Queremos poner en valor al trabajador de verdad, y queremos recomponer su salario, a partir de aquellos recursos que recuperemos que hoy se van en gastos de la política”.

DDHH

Revocaron sobreseimientos a gendarmes acusados por Santiago Maldonado

El fallo advirtió que el juez Lleral repitió casi calcados en su resolución de 2023 -que es la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes.

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha tomado la decisión de anular los sobreseimientos de los gendarmes implicados en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017. Además, ha decidido apartar al juez que había considerado en dos ocasiones que no se habían cometido delitos.

El juez en cuestión es Gustavo Lleral, quien ha sido apartado por los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez del tribunal patagónico. El juez que tomará el relevo en el caso, siendo el tercero desde que comenzó la investigación, será Federico Calvete, titular del juzgado federal de Ushuaia.

Además, la Cámara de Comodoro Rivadavia ha ordenado la realización de las pruebas pendientes solicitadas por las querellas, incluyendo la de Sergio Maldonado, hermano de la víctima. El tribunal también ha aceptado las propuestas de la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que también son querellantes.

El fallo señala que el juez Lleral repitió casi textualmente en su resolución de 2023 -la que revisó la Cámara- los argumentos que había utilizado en 2018, cuando sobreseyó por primera vez a los gendarmes. Por lo tanto, los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra volverán a estar bajo investigación.

Mientras tanto, la Cámara ya había anulado los sobreseimientos y ordenado la profundización de las líneas de investigación, algo que -según el criterio expresado en la resolución de hoy- no ocurrió. La Cámara recordó que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”.

No obstante, los camaristas destacaron que “ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar -como proponía el magistrado de la anterior instancia- que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”. El tribunal ordenó profundizar en líneas de investigación inexploradas hasta ahora “para terminar de despejar los interrogantes que se habían suscitado luego de la autopsia, y así dar por concluida la investigación”.

La Cámara recomendó al nuevo juez del caso “que adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas prueba aquí propuestas, así como todas aquellas que estime pertinentes, a los fines de procurar un significativo avance procesal en tiempo breve”. Para ello, deberá “arbitrar todos aquellos medios y recursos que a tales fines resulten necesarios”.

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