Comunidad 👥
Patotas de Joe Lewis impidieron transitar a manifestantes de la marcha a Lago Escondido
En un clima de tensión y con más de cincuenta policías provinciales custodiando el predio, los manifestantes intentaron avanzar por el Camino del Tacuifí, pero su paso fue impedido por supuestos «peones rurales» y una gruesa reja con alambre de púas que el magnate mantiene en el camino.
Por Marcelo Cena
Los integrantes de la 7ma. Marcha por la Soberanía al Lago Escondido intentaron ingresar este miércoles al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al Lago Escondido, que se encuentra prohibido para el tránsito público por decisión Joe Lewis, lo que fue impedido por parte de «peones rurales» que trabajan en la estancia del magnate británico.
En un clima de tensión y con más de un centenar de efectivos policiales provinciales custodiando el predio, los manifestantes intentaron avanzar por el sendero que conduce al Lago, pero su paso fue impedido por una gruesa reja que el magnate mantiene en el camino.
Los barrotes del portón habían sido untados con grasa de camión y se había colocado alambres de púas para impedir el acceso de los manifestantes.
A pesar de los intentos por derribar el rejado golpeando en varias oportunidades con piedras y hasta utilizando una amoladora, no tuvieron éxito al intentar derribar el portón y se produjeron incidentes en el forcejeo entre los peones y los manifestantes.
Durante los forcejeos, uno de los manifestantes resultó un herido en la cara a causa de un piedrazo que vino por parte de los peones rurales que responden a Lewis.
En el camino se encuentran por lo menos 25 peones montados a caballos y varios otros a pie, con rebenques y gomeras, y llegaron a tirar gas pimienta desde adentro del portón.





En ese marco, se presentó una persona diciendo ser abogado y representante legal de Lewis y de los vecinos insistiendo en que querían paz pero que esperaban una resolución definitiva de la justicia para que el transito sea público.
Ante esto, los dirigentes de la marcha propusieron concretar una mesa de diálogo y están a la espera de una respuesta para llevar a cabo una negociación y que pueda continuar la movilización.
Los manifestantes intentaron ingresar por el Camino del Tacuifí tal como fue resuelto anoche durante una asamblea de dirigentes de todo el país, que deliberaron en el hotel-camping «El Pueblito», de la localidad de El Bolsón, Río Negro, donde se definieron distintos aspectos de la movilización.
«Nosotros no somos violentos, nos organizamos y movilizamos en paz, con el objetivo puesto en la apertura al público del grueso portón que está instalado en el comienzo del Camino del Tacuifí (sobre la ruta 40), la defensa del Lago Escondido y de la soberanía Nacional», informó Julio César Urien, titular de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), al término del encuentro multisectorial.
El juez de feria de Bariloche, Mariano Castro, instó ayer al Poder Ejecutivo de Río Negro a hacerse responsable de «la integridad física» de los manifestantes que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, mientras la columna «Juana Azurduy» se aprestaba a iniciar un recorrido de nueve kilómetros por agua para llegar a ese sitio.
La Justicia de Bariloche respondió de esta manera a un recurso de amparo presentado por los abogados de la Fipca, quienes denunciaron que el lunes entre 15 y 20 peones, que responden a las órdenes del magnate inglés Joe Lewis, les impidieron el ingreso al Camino de Tacuifí a una de las columnas de la Marcha Soberana al Lago Escondido.
Según informaron desde la fundación la decisión del magistrado «se fundamenta en que, las provisiones de quienes van por el camino largo fueron calculadas en base al regreso por el sendero público de Tacuifí, que se encuentra obstaculizado por la guardia de seguridad de Joe Lewis y Nicolás Van Ditmar, su mano derecha».
Con dos columnas de manifestantes, la séptima Marcha por la Soberanía se propone llegar a orillas del Lago Escondido para denunciar que en esa zona donde Lewis tiene su estancia existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia», según denunciaron los organizadores.
La columna 1, que encabezan Urien y otros dirigentes políticos, sociales y gremiales, llegó el lunes al Foyel, donde se encuentra el ingreso al Camino del Tacuifí por el cual se llega a Lago Escondido, luego de recorrer los 40 kilómetros que separan esa localidad de la de El Bolsón.
La columna 2 «Juana Azurduy», que continuaba su marcha por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, arribó ayer a las 16.30 a la cabecera oeste del Lago Escondido, informaron voceros de la manifestación a Télam. Esa columna deberá recorrer 9 kilómetros en kayak hasta llegar al lago.
«Que la columna de montaña haya llegado a una de las costas del Lago Escondido los deja a un paso de cumplir su objetivo: ejercer soberanía y hacer uso de sus derechos. Cabe destacar que, tras la comunicación con los líderes de la travesía, Sergio Cuestas y Alejandro Mayer, se supo que un grupo de hombres montados a caballo los seguía y observaba de forma intimidatoria. Ahora le toca a la provincia de Río Negro ejercer soberanía», expresó Fipca en su cuenta de Twitter.
Allí participan el dirigente peronista Jorge Rachid y el padre Francisco «Paco» Oliveira, integrante del grupo de sacerdotes de la Opción por los Pobres. En ese sentido cabe destacar que los dirigentes y militantes de la columna 2 tienen previsto encontrarse con la columna 1 de la marcha.
Entre las organizaciones que integran la séptima edición de la Marcha a Lago Escondido se encuentran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, el sindicato de los gráficos (Federación Gráfica Bonaerense), CGT regional zona norte, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Movimiento Octubres.
También forman parte de la iniciativa referentes de la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, La Cámpora, Causa Nacional, Grupo por la Soberanía, Grupo Bolívar, Argentinos para la Victoria Provincia 25, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Popular Los Pibes y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, entre otros espacios políticos.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
-
Goles! ⚽5 díasEscándalo en Italia: videos, nombres y siete años de operación de la red VIP que sacude al deporte mundial
-
Espectáculos 🎭5 díasConfirman que Luis Brandoni dejó grabada la nueva temporada de “Nada” con De Niro
-
Denuncia6 díasDenuncian a Carlos Frugoni por propiedades en Miami sin declarar
-
Femicidio4 díasHallaron el cuerpo de una mujer desaparecida hace tres días en el río de Coronda
-
Economía 💲5 díasBloomberg califica a la Argentina de Milei al nivel de Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bulgaria, Malta, Zimbabue y Palestina
-
CABA6 díasProhíben los papelitos en los estadios de la Ciudad tras el último Superclásico
-
Goles! ⚽6 díasVAR del Superclásico: Paletta ratificó que no era penal y la AFA lo confirmó para la siguiente fecha
-
Investigación 🔎6 días¿Por qué murió Camilo Nuin? Su mamá marcha en Adrogué y exige saber qué pasó en el quirófano
