La Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justicia que, a 68 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo que se cumplen hoy, el hecho se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de “tantos años de impunidad”.

La solicitud fue presentada ayer ante el juzgado federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares de las víctimas, según se informó en un comunicado de la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti.

En el escrito, se sostuvo la necesidad de “esclarecer estos crímenes basada en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina”.

El 16 de junio 1955, sectores de la aviación de la Armada y de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y ametrallaron zonas estratégicas con el objetivo de derrocar y asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón.

El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12.40 y las 17.40 y tuvo como blancos principales edificios del gobierno, como la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, y las plazas de Mayo y Colón. Contaron además con el apoyo de tropas terrestres de la Marina y de grupos de civiles.

“Fueron más de 350 las personas asesinadas y más de 1200 los heridos. El mayor número de víctimas se registró en la zona de Plaza de Mayo, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al gobierno de Perón”, recordó la secretaría en el comunicado.

En ese momento, ni el Presidente ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia las y los civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.

El ataque sentó las bases para que pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, se efectivizara el derrocamiento de Perón y la llegada dictadura cívico militar autodenominada “Revolución Libertadora”.

“A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad”, instó la secretaría.

Y agregó: “El reclamo de verdad y reparación en causas históricas sobre violaciones a los derechos humanos se enmarca en una decisión de la secretaría de Derechos Humanos de impulsar su reconocimiento como delitos de lesa humanidad”.

El antecedente más importante en materias de juicios por la verdad vinculados a crímenes de lesa humanidad fue el juicio por la verdad de la “Masacre de Napalpí”, que se realizó entre abril y mayo del año pasado.

Fue entonces cuando la justicia federal reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de miembros de las comunidades Moqoit y Qom en 1924 y ordenó medidas reparatorias.

En este juicio, la Secretaría participó de manera activa en el debate e integra la mesa ejecutora de la sentencia que se encuentra trabajando en su implementación.

Además, el organismo que conduce Pietragalla Corti se presentó en diciembre del año pasado como querellante en la causa que tramita en la justicia federal de Santa Cruz para investigar los fusilamientos de obreros rurales entre 1921 y 1922 en la denominada “Patagonia rebelde”.