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Lesa humanidad y los Bombardeos de Plaza de Mayo de 1955

Piden que la Justicia investigue bajo esa figura a la masacre perpetrada por los militares.

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La Secretaría de Derechos Humanos solicitó hoy a la justicia, al cumplirse 68 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que ese ataque perpetrado por efectivos de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea que dejó más de 300 muertos y miles de heridos se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de «tantos años de impunidad».

En paralelo al requerimiento de la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) informó hoy que se presentó ante los tribunales federales para pedir ser reconocida como querellante en la causa «Bombardeo de Plaza de Mayo».

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El aniversario del bombardeo de aviones de la Marina y Fuerza Aérea con el objetivo de derrocar y matar al entonces presidente Juan Domingo Perón fue recordado esta tarde con un acto en Plaza de Mayo, organizado por la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros sectores gremiales.

Con el lema «No nos han vencido», dirigentes y militantes se congregaron a las 12 en la intersección de Balcarce e Hipólito Yrigoyen para repudiar el mayor ataque terrorista de la historia argentina.

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La solicitud para que ese episodio se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas fue presentada ayer ante el juzgado federal número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y familiares de las víctimas, informó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

En el escrito se sostiene la necesidad de «esclarecer estos crímenes basada en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina».

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«A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad», instó la secretaría.

Y agregó: «El reclamo de verdad y reparación en causas históricas sobre violaciones a los derechos humanos se enmarca en una decisión de la secretaría de Derechos Humanos de impulsar su reconocimiento como delitos de lesa humanidad».

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Por su parte, en su presentación ante los tribunales federales, la APDH calificó el histórico hecho ocurrido el 16 de junio 1955 como «un crimen que permanece impune y que fue silenciado por décadas por los golpistas, sus instigadores y cómplices», informó el organismo en un comunicado.

En ese sentido, juzgó necesario que la justicia investigue un episodio de «enorme trascendencia institucional».

«Hoy, a 68 años de aquel crimen perpetrado por la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, agentes estatales, que con total crueldad y absoluto desprecio por la vida humana no trepidaron en arrojar toneladas de bombas y disparar sobre población civil inerme, provocando centenares de muertos y más de mil quinientos heridos y mutilados», afirma el escrito en el que la APDH requirió ser reconocida como querellante y que «se abra un juicio por la verdad, para que se investigue, juzgue y condene ese hecho criminal inédito y se repare al menos desde lo simbólico tamaña barbarie».

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Más de 350 muertos y dos mil heridos fue el saldo del ataque aéreo en el que se lanzaron 14 toneladas de bombas y tuvo como blancos principales edificios del gobierno, como la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, y las plazas de Mayo y Colón.

El mayor número de víctimas se registró en la zona de Plaza de Mayo, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al gobierno de Perón.

En ese momento, ni el presidente Perón ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.

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El ataque sentó las bases para que pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, se efectivizara el derrocamiento de Perón y la llegada dictadura cívico militar autodenominada «Revolución Libertadora».

La fecha fue recordada por dirigentes políticos del peronismo quienes exhortaron a «tener memoria» y advirtieron sobre los peligros que implica el «odio» y las distintas formas de violencia en la política.

«Se cumplen 68 años del trágico bombardeo a la Plaza de Mayo. Un ataque no solo al peronismo sino a la democracia y a toda la sociedad argentina. Recordamos a las víctimas con el compromiso de construir una Argentina sin odios y sin violencia», expresó el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, en su cuenta de Twitter:

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El ministro de Defensa. Jorge Taiana, también recordó en las redes «ese brutal ataque que fue la antesala del Golpe de Estado que derrocaría a Perón» y dijo que «allí los poderosos sembraron el terror y demostraron su odio al peronismo».

En tanto, Pietragalla Corti calificó el hecho como uno de los «más cobardes de la historia política que mostró cómo sectores de la sociedad estaban dispuestos a todo asesinando a compatriotas» y llamó a «reflexionar sobre el rencor y el odio que los guía».

El Partido Justicialista Nacional recordó también que se trató de «una de las fechas más dolorosas de nuestra historia: el bombardeo a la Plaza de Mayo, que tuvo como objetivo asesinar a Perón» y expresó su «homenaje eterno a las víctimas de ese cobarde y despreciable ataque a nuestro pueblo».

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El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que «no es nuevo el odio en la política argentina» y advirtió que «la violencia discursiva es también la antesala de otras formas de violencia más cruentas, en la que siempre sufren más, los más humildes».

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, manifestó: «No nos han vencido. A 68 años del cobarde bombardeo al pueblo argentino en Plaza de Mayo, seguimos llenando de amor y de alegría nuestra plaza en cada oportunidad. Nuestra victoria es la memoria, la lealtad y la esperanza inquebrantable en el proyecto peronista de justicia social en la Argentina».

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Del acto realizado esta tarde en Plaza de Mayo participaron el secretario Pietragalla Corti, el titular de la ATE Capital, Daniel Catalano; el integrante de la CGT y titular del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid; Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Alejandro Amor, dirigente de Sutecba; el referente de UPCN Fernando Barrera y Daniela Marino, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas del Bombardeo del 16 de junio de 1955.

«Tantos están acá hoy recordando y demostrando que tienen memoria. Por eso vamos a gritar bien fuerte por las víctimas del cobarde bombardeo a Plaza de mayo. Presentes ahora y siempre», dijo desde el escenario montado frente al Ministerio de Economía Taty Almeyda.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Miguel

    17.06.2023 at 14:27

    Además de «Delito de Lesa Humanidad», una ley del Congreso debe publicar los nombres de quienes lo perpetraron y declararlos INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA.

  2. NIEVES

    18.06.2023 at 00:42

    La masacre de de Ezeiza en 1972 produjo entre fuerzas guerrilleras y peronistas murieron 300 personas de forma violentas y decenas quedaron heridas o mutiladas. ademas tenemos las víctimas de la Subversion que son 17.000 y hace 40 años que esperan se las indemnice. Este gobierno responde a intereses extranjeros que propician la indefensión de la República con la destruccion de las FFAA para la apropiación de sus recursos por parte de otros paises. Son Unidos Vendepatrias.

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Macri criminalizó las amenazas escolares mientras el país busca solución a una crisis sin precedentes

El jefe de Gobierno porteño calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad. El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.

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El Argentino Diario-Jorge Macri.

Macri calificó las amenazas en escuelas como delito en medio de una crisis de violencia sin precedentes

★ El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, convocó este martes a una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño, en la calle Uspallata 3160, para trazar un diagnóstico oficial sobre la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Flanqueado por sus ministros y el fiscal general porteño, Macri fue categórico: «No es una broma pesada, es un delito». La declaración llegó en medio de una crisis de violencia escolar que sacude a todo el país desde el trágico tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo pasado.

El punto de partida: San Cristóbal y el efecto dominó

La crisis tiene un origen concreto y devastador. Ese 30 de marzo un adolescente de 15 años, identificado por la justicia santafesina con las siglas G.C., ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal con una escopeta calibre 12/70 oculta en su mochila y abrió fuego. Ian Cabrera, de 13 años, murió. Otros ocho estudiantes resultaron heridos. Un portero del establecimiento evitó una masacre aún mayor al desarmar al agresor.

Lo que siguió no fue una crisis aislada sino una ola. En días posteriores, cientos de escuelas en al menos doce provincias, que incluyen la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y Tierra del Fuego, recibieron mensajes intimidatorios con una frase que se repetía casi con calcomanía: «Mañana tiroteo. No vengan». El Departamento Judicial de San Isidro llegó a recibir entre 500 y 600 denuncias en apenas 72 horas.

La subcultura detrás de las amenazas

La investigación judicial en San Cristóbal reveló una dimensión que excede el fenómeno viral. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) detectó a abril de 2026 la existencia de al menos 7 expedientes judiciales en Argentina vinculados a episodios con características similares, todos relacionados con la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que idealiza y promueve masacres escolares. En los dispositivos confiscados a adolescentes detenidos por las amenazas se encontraron grupos de mensajería en los que se compartían imágenes y conversaciones de extrema violencia.

El propio jefe de Gobierno porteño reconoció que «muchas de estas situaciones nacen de tendencias en redes sociales» y convocó al diálogo familiar como primera línea de respuesta. La frase, aunque correcta en su diagnóstico, expuso la fragilidad institucional frente a un fenómeno que desborda los marcos tradicionales de intervención escolar y policial.

Operativos en todo el país: mochilas, allanamientos y conferencias

La respuesta de las distintas jurisdicciones fue heterogénea. En Puerto Madryn se realizaron allanamientos contra dos menores de 16 años imputados por intimidaciones; en Salta se revisaron más de 400 mochilas en un solo colegio; en Tucumán se intensificó la presencia policial en las puertas de los establecimientos; en Corrientes, varios colegios recibieron a sus alumnos sin mochila para agilizar los ingresos; y en Misiones, el Ministerio de Educación provincial lanzó materiales específicos dirigidos a familias y equipos directivos para fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la central docente UTE emitió un comunicado en el que advirtió que las amenazas «constituyen una señal de alarma que debe interpelarnos como sociedad» y subrayó que «la escuela sola no puede» hacer frente a esta problemática. El texto reclamó al Estado una intervención urgente y estructural.

La paradoja de la respuesta institucional

La paradoja de fondo es que las instituciones no pueden ignorar las amenazas, pero cada reacción visible le confirma al imitador que su acción tuvo efecto. Alcanza con que sea creíble para activar las alarmas. Un mensaje de WhatsApp puede suspender clases, movilizar a las fuerzas de Seguridad y alterar la vida de cientos de estudiantes y escuelas.

En ese sentido, la conferencia de Jorge Macri, aunque pertinente en su encuadre jurídico, fue también parte de ese mecanismo de amplificación. La declaración de que se trata de un delito, respaldada por la presencia del fiscal general porteño, señaló una orientación punitiva que no responde por sí sola a las causas estructurales: la crisis de contención en las aulas, la fragmentación del tejido social en un contexto de ajuste brutal sobre el sistema educativo público y la expansión sin control de comunidades digitales radicalizadas entre adolescentes vulnerables.

Puntos clave:

  • El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad.
  • El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.
  • Las amenazas se extendieron a cientos de establecimientos en al menos 12 provincias argentinas, con una frase casi idéntica: «Mañana tiroteo. No vengan».
  • La justicia santafesina y la SAIT vincularon el fenómeno con la True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares.
  • Los operativos incluyeron allanamientos, revisión de mochilas y refuerzo policial en múltiples jurisdicciones, con al menos una decena de adolescentes imputados a nivel nacional.

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