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Lesa humanidad y los Bombardeos de Plaza de Mayo de 1955

Piden que la Justicia investigue bajo esa figura a la masacre perpetrada por los militares.

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La Secretaría de Derechos Humanos solicitó hoy a la justicia, al cumplirse 68 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que ese ataque perpetrado por efectivos de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea que dejó más de 300 muertos y miles de heridos se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de «tantos años de impunidad».

En paralelo al requerimiento de la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) informó hoy que se presentó ante los tribunales federales para pedir ser reconocida como querellante en la causa «Bombardeo de Plaza de Mayo».

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El aniversario del bombardeo de aviones de la Marina y Fuerza Aérea con el objetivo de derrocar y matar al entonces presidente Juan Domingo Perón fue recordado esta tarde con un acto en Plaza de Mayo, organizado por la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y otros sectores gremiales.

Con el lema «No nos han vencido», dirigentes y militantes se congregaron a las 12 en la intersección de Balcarce e Hipólito Yrigoyen para repudiar el mayor ataque terrorista de la historia argentina.

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La solicitud para que ese episodio se investigue como crimen de lesa humanidad y se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas fue presentada ayer ante el juzgado federal número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y familiares de las víctimas, informó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

En el escrito se sostiene la necesidad de «esclarecer estos crímenes basada en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina».

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«A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad», instó la secretaría.

Y agregó: «El reclamo de verdad y reparación en causas históricas sobre violaciones a los derechos humanos se enmarca en una decisión de la secretaría de Derechos Humanos de impulsar su reconocimiento como delitos de lesa humanidad».

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Por su parte, en su presentación ante los tribunales federales, la APDH calificó el histórico hecho ocurrido el 16 de junio 1955 como «un crimen que permanece impune y que fue silenciado por décadas por los golpistas, sus instigadores y cómplices», informó el organismo en un comunicado.

En ese sentido, juzgó necesario que la justicia investigue un episodio de «enorme trascendencia institucional».

«Hoy, a 68 años de aquel crimen perpetrado por la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, agentes estatales, que con total crueldad y absoluto desprecio por la vida humana no trepidaron en arrojar toneladas de bombas y disparar sobre población civil inerme, provocando centenares de muertos y más de mil quinientos heridos y mutilados», afirma el escrito en el que la APDH requirió ser reconocida como querellante y que «se abra un juicio por la verdad, para que se investigue, juzgue y condene ese hecho criminal inédito y se repare al menos desde lo simbólico tamaña barbarie».

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Más de 350 muertos y dos mil heridos fue el saldo del ataque aéreo en el que se lanzaron 14 toneladas de bombas y tuvo como blancos principales edificios del gobierno, como la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, y las plazas de Mayo y Colón.

El mayor número de víctimas se registró en la zona de Plaza de Mayo, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al gobierno de Perón.

En ese momento, ni el presidente Perón ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.

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El ataque sentó las bases para que pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, se efectivizara el derrocamiento de Perón y la llegada dictadura cívico militar autodenominada «Revolución Libertadora».

La fecha fue recordada por dirigentes políticos del peronismo quienes exhortaron a «tener memoria» y advirtieron sobre los peligros que implica el «odio» y las distintas formas de violencia en la política.

«Se cumplen 68 años del trágico bombardeo a la Plaza de Mayo. Un ataque no solo al peronismo sino a la democracia y a toda la sociedad argentina. Recordamos a las víctimas con el compromiso de construir una Argentina sin odios y sin violencia», expresó el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, en su cuenta de Twitter:

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El ministro de Defensa. Jorge Taiana, también recordó en las redes «ese brutal ataque que fue la antesala del Golpe de Estado que derrocaría a Perón» y dijo que «allí los poderosos sembraron el terror y demostraron su odio al peronismo».

En tanto, Pietragalla Corti calificó el hecho como uno de los «más cobardes de la historia política que mostró cómo sectores de la sociedad estaban dispuestos a todo asesinando a compatriotas» y llamó a «reflexionar sobre el rencor y el odio que los guía».

El Partido Justicialista Nacional recordó también que se trató de «una de las fechas más dolorosas de nuestra historia: el bombardeo a la Plaza de Mayo, que tuvo como objetivo asesinar a Perón» y expresó su «homenaje eterno a las víctimas de ese cobarde y despreciable ataque a nuestro pueblo».

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El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que «no es nuevo el odio en la política argentina» y advirtió que «la violencia discursiva es también la antesala de otras formas de violencia más cruentas, en la que siempre sufren más, los más humildes».

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, manifestó: «No nos han vencido. A 68 años del cobarde bombardeo al pueblo argentino en Plaza de Mayo, seguimos llenando de amor y de alegría nuestra plaza en cada oportunidad. Nuestra victoria es la memoria, la lealtad y la esperanza inquebrantable en el proyecto peronista de justicia social en la Argentina».

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Del acto realizado esta tarde en Plaza de Mayo participaron el secretario Pietragalla Corti, el titular de la ATE Capital, Daniel Catalano; el integrante de la CGT y titular del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid; Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Alejandro Amor, dirigente de Sutecba; el referente de UPCN Fernando Barrera y Daniela Marino, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas del Bombardeo del 16 de junio de 1955.

«Tantos están acá hoy recordando y demostrando que tienen memoria. Por eso vamos a gritar bien fuerte por las víctimas del cobarde bombardeo a Plaza de mayo. Presentes ahora y siempre», dijo desde el escenario montado frente al Ministerio de Economía Taty Almeyda.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Miguel

    17.06.2023 at 14:27

    Además de «Delito de Lesa Humanidad», una ley del Congreso debe publicar los nombres de quienes lo perpetraron y declararlos INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA.

  2. NIEVES

    18.06.2023 at 00:42

    La masacre de de Ezeiza en 1972 produjo entre fuerzas guerrilleras y peronistas murieron 300 personas de forma violentas y decenas quedaron heridas o mutiladas. ademas tenemos las víctimas de la Subversion que son 17.000 y hace 40 años que esperan se las indemnice. Este gobierno responde a intereses extranjeros que propician la indefensión de la República con la destruccion de las FFAA para la apropiación de sus recursos por parte de otros paises. Son Unidos Vendepatrias.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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