Mientras los fiscales esperan que en un plazo no mayor a una semana la junta médica entregue sus conclusiones, cuatro agentes penitenciarios que trabajaron como custodios de Diego Maradona aseguraron ante la Justicia que en la casa de un country de la localidad bonaerense de Brandsen, en la que el astro del fútbol vivió los cuatro meses previos a su operación y posterior muerte, había bebidas alcohólicas.

Fuentes judiciales informaron que Julio César Coria, Horacio David Ledesma, Aníbal Domínguez y Julio Soria son los cuatro empleados de seguridad que se alternaban para custodiar las 24 horas al DT de Gimnasia y que entre el jueves y viernes de la semana pasada fueron citados a declarar como testigos ante los fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las fuentes, los cuatro son agentes en actividad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero según lo que explicaron en sus testimoniales habían sido contratados como custodios personales del «10» por un expenitenciario de la misma fuerza que ellos que es el jefe de seguridad de la empresa «Speed», la bebida energizante cuyo dueño es el abogado Víctor Stinfale.

Solo Coria ya había declarado en el expediente el 25 de noviembre del año pasado, día del deceso del exfutbolista, porque fue el custodio que estaba presente e incluso participó del intento de reanimación al momento de la muerte.

Los voceros explicaron que en esta oportunidad las preguntas de los fiscales giraron en torno a la salud, los cuidados y al día a día de los meses previos a la muerte de Maradona.

«Los cuatro reconocieron que hubo alcohol cuando Maradona vivió en el barrio Campos de Roca I, en Brandsen. Específicamente hablaron de cerveza y vino», contó una fuente judicial. Además, explicaron que todos reportaban al asistente personal de Maradona, Maximiliano Pomargo, y a su cuñado, el abogado Matías Morla.

Los custodios ratificaron lo que el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya había acreditado con otros testigos e incluso con mensajes de teléfonos ya analizados: que en Campos de Roca, donde Maradona vivió entre el julio y principios de noviembre de 2020, el «10» no solo tuvo acceso al alcohol, sino también a marihuana y a psicofármacos.

Uno de los vigilares, Domínguez, además accedió a entregarle a los fiscales su celular para que puedan acceder a la mensajería.

Otro testigo que declaró a fin de la semana pasada fue Diego Eyharchet, el traumatólogo que en julio de 2019 operó de la rodilla derecha a Maradona y le contó a los fiscales que él creía que el DT de Gimnasia necesitaba seguimiento neurológico.

En tanto, fuentes del caso revelaron a Télam que sobre el final de esta semana o más probablemente el próximo lunes, los 20 peritos oficiales y de parte que analizaron las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, entregarán el informe final de la junta médica.

El pasado 19 de abril fue la última reunión vía Zoom que realizaron los expertos convocados por los fiscales y presentados por las querellas y las defensas, que desde el 8 de marzo analizaron y discutieron los 24 puntos de pericia solicitados por los fiscales.

«En estos días se está trabajando en la redacción final de las consideraciones médico legales y las conclusiones. Y solo falta que cada uno de los peritos firme en conformidad o en disidencia», dijo a Télam otra de las fuentes de la investigación consultadas.

Todo indica que el informe pericial complicará la situación procesal de los principales imputados en la causa.

A cinco meses del deceso, los investigadores creen que en las dos semanas que vivió en el barrio San Andrés de Tigre, Maradona no tuvo los controles médicos adecuados, se le suspendieron los acompañantes terapéuticos por su adicción al alcohol y pese a que todos lo vieron en sus últimos días hinchado y con retención de líquidos –la autopsia mencionó un edema agudo de pulmón como unas de las causas de muerte-, sus médicos no hicieron caso a esos llamados de atención.

Los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no sólo de sumar nuevos imputados del entorno no médico de Maradona, sino también de agravar la acusación y pasar de un «homicidio culposo» por negligencia médica a un «homicidio con dolo eventual», es decir, cuando el autor debió representarse que con su accionar podía ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la actual calificación se prevé de 1 a 5 años de prisión, pero con la segunda opción, el rango se eleva a entre 8 y 25 años, un delito no excarcelable.

Los siete imputados que por el momento tiene la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).