Judiciales ⚖️
Caso Lucas: las pericias definirán nuevas imputaciones de policías
La apertura de ocho teléfonos celulares secuestrados en poder de los seis uniformados detenidos para analizar las llamadas, mensajes de texto y de Whatsapp desde el 17 de noviembre, día del crimen de Lucas González, será clave para la investigación.
El análisis de las comunicaciones mantenidas a través de ocho teléfonos celulares, de las imágenes de una cámara de seguridad colocada en una esquina del barrio porteño de Barracas y la reconstrucción del hecho en el que fue asesinado de un balazo Lucas González al ser atacado por Policías de la Ciudad cuando iba en auto con sus amigos, son tres de las pericias ordenadas por los investigadores para avanzar en nuevas imputaciones por el encubrimiento del hecho, informaron fuentes judiciales.
Este martes, a partir de las 9, el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevará adelante nuevamente la reconstrucción del hecho, suspendida el martes último a raíz de una presentación de la defensa de los tres policías acusados del homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Mientras espera realizar esa diligencia, el Ministerio Público analiza otras medidas para avanzar en posibles nuevas imputaciones a efectivos que acudieron al lugar y presuntamente colaboraron para fraguar la escena del hecho y encubrir el accionar de los autores.

Una de ellas es la apertura de ocho teléfonos celulares secuestrados en poder de los seis detenidos con el fin de analizar las llamadas, mensajes de texto y de Whatsapp desde el 17 de noviembre, cuando se produjo el ataque a los adolescentes, en adelante.
Los dispositivos fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, para que se realice una copia a ser analizada por sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés).
El fiscal ordenó puntualmente transcribir todas las comunicaciones telefónicas en las que se mencionen datos o información sobre el episodio investigado y cualquier conducta tendiente a lograr su ocultamiento. Asimismo pidió obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación temporal exacta, y los datos de la agenda, abarcando todo otro archivo, foto, audio o documento que contengan.
Los teléfonos pertenecen a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al principal Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos detenidos como acusados de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento agravado, amenazas y odio racial», agregaron los informantes.
«Se pudo observar un resquemor por parte de los vecinos a poder realizar una denuncia en relación a un hecho de violencia institucional basados en la posible represalia de las fuerzas policiales».
Finalmente, el fiscal espera que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal envíe los resultados del análisis de todo el material fílmico que hay en la causa, especialmente el tomado por la cámara de seguridad ubicada en Iriarte 3109, y Vélez Sarsfield, de Barracas, en el que pidió identificar gestos, ademanes, exhibición de objetos y de armas.
En base a esas pruebas y a las declaraciones de testigos, víctimas y de los propios imputados, la pesquisa busca identificar a más policías que pudieron participar del encubrimiento, ya que una inusual cantidad de efectivos llegó a la escena tras la balacera, dieron las fuentes.
El 2 de diciembre, un oficial de la Policía de la Ciudad, señalado por varios de los imputados como uno de los primeros en llegar al lugar del ataque y como quien insultó a los amigos de la víctima y tiró al piso y esposó a uno de ellos, se puso a disposición judicial y los investigadores del caso evalúan acusarlo.
Voceros judiciales informaron que se trata del oficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad y es chofer del principal Cuevas, detenido por el encubrimiento.
Baidón fue mencionado por la mayoría de los policías acusados como «el chofer tatuado» de Cuevas que llegó al lugar instantes después del ataque policial, según las declaraciones indagatorias. También, según algunos de los acusados, fue quien insultó a los jóvenes y tiró al suelo y esposó a uno de ellos cuando Lucas estaba aún baleado adentro del auto.
En las últimas horas, en tanto, se anexó a la causa un informe interdisciplinario elaborado por trabajadores sociales y una psicóloga la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (Atajo), que reúne una descripción de las características socio-ambientales de la villa 21-24 y el NHT Zavaleta.
Segú lo informado por el Ministerio Público en su sitio Fiscales.gob.ar, ese trabajo fue requerido en el marco de la investigación por el homicidio de Lucas por los fiscales Gómez Barbella y el fiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, a la Atajo, que dirige Julián Axat.
Se trata de un estudio que pone de relieve el aspecto comunitario y describe el tejido social de la villa de Barracas, donde se produjo el crimen del joven, en el que, entre otras consideraciones, se destaca que en experiencias anteriores, «se pudo observar un resquemor por parte de los vecinos a poder realizar una denuncia en relación a un hecho de violencia institucional basados en la posible represalia de las fuerzas policiales para con los testigos o el barrio»
También, según ese informe, los habitantes de esas zona aseveraron «que los casos denunciados no llegan a una resolución judicial que repare el daño provocado».
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Los Adorni en la Justicia: imputan al hermano del jefe de Gabinete por duplicar su patrimonio en tiempo récord
La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
La familia Adorni bajo la lupa: imputan al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito
★ El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 6 por sorteo, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El apellido Adorni se multiplica en los pasillos de Comodoro Py.
El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 6 y delegó la investigación en el fiscal Marijuán. La denuncia de Pagano apuntó a presuntas inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien llegó al Estado nacional directamente de la mano de su hermano Manuel, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La Jeep Renegade y el crédito hipotecario: los números que no cierran
Al momento de asumir funciones públicas, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000 y ninguna deuda. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente a 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000, más del doble respecto al período anterior.
Según consta en la causa, ese crecimiento patrimonial se explicaría, en lo fundamental, por dos operaciones: la incorporación del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000. Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, el sueldo de Francisco Adorni resultaría claramente insuficiente para afrontar el pago total de las doce cuotas del préstamo en ese plazo.
El IAF: el segundo eje de la denuncia
Además del crecimiento patrimonial, la denuncia de Pagano abre un segundo frente de mayor gravedad institucional: el presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo la órbita directa de Francisco Adorni y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo de la causa vincula el enriquecimiento del legislador con su paso por una estructura estatal que maneja fondos de sectores sensibles de las Fuerzas Armadas.
La batería de medidas judiciales: más de 30 organismos notificados
En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Marijuán ordenó una serie extensa de medidas de investigación. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y cursó requerimientos de información a más de 30 organismos públicos y privados, entre ellos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.
A Migraciones se le solicitó informar cuántas veces salió del país el imputado, con qué destinos y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes. El fiscal también pidió al Banco Provincia que remita el detalle pormenorizado de los pagos realizados para cancelar el crédito hipotecario durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Asimismo, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa contra Manuel Adorni, una certificación para determinar si Francisco está mencionado en ese expediente paralelo y en qué carácter.
El contexto: Manuel Adorni ya tiene su propio proceso judicial
La imputación de Francisco no es un episodio aislado. Su hermano, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta desde hace meses una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En esa investigación, según informes periodísticos previos, se reconstruye un esquema de gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por el funcionario.
El patrimonio investigado en ese expediente ya supera los 840.000 dólares e incluye refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, una compra inmobiliaria en el barrio de Caballito escriturada por 230.000 dólares con modalidad de pago que generó sospechas y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa.
En ese marco, la diputada Pagano también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó condicionar a testigos antes de sus declaraciones. El fiscal Marijuán aclaró en su dictamen que las menciones a Manuel Adorni contenidas en la nueva denuncia no formarán parte de este expediente, dado que el Jefe de Gabinete ya está sometido a proceso en una causa separada.
El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la «casta», deberá dar respuestas sobre cómo su funcionario más mediático y su hermano acumulan frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito mientras administran recursos del Estado.
Puntos clave
- El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.
- Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
- La denuncia también apunta al presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo su conducción.
- El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa paralela por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo.
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