En la provincia de Mendoza, la Justicia detuvo a Carlos Francisco Pérez Herrera, padre del futbolista Enzo Pérez, tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años. La acusación fue presentada por la madre de la niña y quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ya inició las primeras medidas de investigación.

Según reconstruyeron fuentes judiciales, el hecho habría ocurrido el sábado 28 de marzo en una vivienda de la localidad de Maipú, donde se encontraban la menor, su madre —pareja del acusado— y el hombre de 68 años. La denuncia se formalizó horas después, cuando la niña relató lo sucedido mientras caminaba con su madre.

De acuerdo a la información difundida, el episodio se habría producido en un momento en que la mujer se retiró brevemente del ambiente. En ese lapso, el acusado habría intentado un acercamiento físico hacia la menor, quien se negó.

El testimonio de la niña resultó determinante para que su madre avanzara con la denuncia. A partir de allí, la fiscalía dispuso la detención del acusado durante la noche del lunes y el inicio de actuaciones bajo los protocolos específicos para delitos contra la integridad sexual.

Investigación en curso y resguardo de la víctima

La causa se encuentra en etapa preliminar. En este tipo de investigaciones, la recolección de pruebas se centra en pericias psicológicas y en la declaración de la menor a través de dispositivos como la cámara Gesell, que buscan evitar su revictimización.

Interviene una fiscalía especializada en delitos sexuales Se aplican protocolos de protección para la menor La declaración de la víctima es una prueba central en el proceso

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre el caso.

Silencio público y dimensión del caso

La detención de un familiar directo de una figura del fútbol argentino introduce una dimensión pública que suele tensionar el tratamiento mediático. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcan la necesidad de preservar la identidad y la integridad de la menor, así como de garantizar el debido proceso.

En paralelo, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes insisten en la importancia de escuchar a las víctimas y de actuar con celeridad ante cualquier indicio de abuso.