Conectate con El Argentino

Judiciales ⚖️

Ocho mujeres denuncian haber sido abusadas por un ginecólogo en la consulta médica

Los abuso sexuales ocurrieron en el contexto de la consulta médica en sanatorios privados, y la Fiscalía interviniente investiga otras dos denuncias realizadas por mujeres que no se conocían entre sí y que relatan lo vivido.

Publicado hace

#

Un ginecólogo sigue atendiendo en una clínica privada bonaerense a pesar de estar procesado por seis hechos de abuso sexual en el contexto de la consulta médica en sanatorios privados, y la Fiscalía interviniente investiga otras dos denuncias realizadas por mujeres que no se conocían entre sí y que relatan lo vivido.

Se trata de Diego Javier Clementi, director médico del Centro Médico de la Mujer de la localidad bonaerense de Burzaco, perteneciente al partido de Almirante Brown, quien mantiene activa su matrícula y sigue ejerciendo en esa clínica privada, a la que una periodista llamó el pasado 27 de abril para solicitar turno con el especialista y se le ofreció uno para el día siguiente.

La causa unificada está siendo instruida por la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, a cargo de Sebastián Bisquert, bajo el expediente «I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas», según la documentación oficial.

Fuentes judiciales confirmaron que «Clementi ya fue indagado por seis hechos y ahora se sumaron dos hechos que están en pleno trámite» y aclararon que «en el Código Procesal Penal provincial el llamado a 308 -en referencia a un artículo que regula la indagatoria- implica procesamiento».

Después de recibirle declaración indagatoria por seis hechos en octubre pasado, «se recibieron dos denuncias más: por un hecho acaecido en el 2000 y por otro más reciente», añadieron las fuentes, lo que permite remontar el presunto accionar delictivo del médico a por lo menos 20 años atrás.

En su web, la clínica se dice integrada por «un grupo de profesionales» que trabajan «de forma personalizada y humanizada en un marco de comodidad e intimidad que toda mujer merece», destacándose el predomino de color rosa y el logo de «Ni una menos» en el pie de página (https://www.centromedicodelamujer.com.ar/).

En un escrito adjuntado al expediente a finales del año pasado, el imputado asegura ser «Jefe de Servicio del Hospital Evita del Partido de Lanús y docente asociado a la Universidad de Buenos Aires, titular de la cursada de Ginecología», lo que motivó a la Fiscalía a enviar un oficio al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, así como al Colegio de Médicos, para notificarle la situación procesal de Clementi.

En la UBA desmintieron que este ginecólogo sea o haya sido profesor titular de materia alguna y aclararon que sólo se desempeñó como «ayudante de primera ad honorem» desde 2013 hasta febrero de 2022.

En el Evita de Lanús informaron que «tras tomar conocimiento de las denuncias de hechos situados en ámbitos de trabajo ajenos al hospital», las autoridades «iniciaron las actuaciones correspondientes y, de forma preventiva, desvincularon al profesional de las tareas asistenciales hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los casos denunciados».

No obstante, Clementi sigue siendo miembro activo del Colegio Médico Distrito II de la Provincia de Buenos Aires con la matrícula N° 223.854, según puede comprobarse realizando una búsqueda en el padrón online.Se intentó comunicarse con autoridades de esta institución para saber si habían iniciado algún proceso disciplinario en su contra, pero no obtuvo respuesta.

Esta agencia intentó también comunicarse con el médico procesado o sus abogados, sin resultado.

En diálogo, A.R., una de las denunciantes, describió tres situaciones que hoy identifica como abuso sexual vividas en el consultorio de Clementi, una de las cuales cuando, tras realizarse un Papanicolaou, le comentó que había estado con molestias vaginales externas que habían cesado con un tratamiento.

«Ahí volvió a mis piernas abiertas y me dijo ‘mirá como tenés’. Enseguida vuelve con algo que no sé qué era y me empezó a untar toda la zona genital con mucha confianza como quien toca su propio cuerpo», dijo.

«Cuando me empezó a tocar el clítoris, pude confirmar que estaba haciendo cualquier cosa. Le dije que me dolía, me senté y me fui sabiendo que eso que había pasado estaba mal», agregó.

La denunciante advierte una «metodología» común de aprovecharse de la vulnerabilidad de las víctimas -ya sea por su condición de mujeres jóvenes, su inexperiencia en este tipo de consultas y de las particularidades de la especialidad médica- porque «no estás en el otorrinolaringólogo».

«Yo había ido porque tenía un problema de hongos y él me dijo que me tenía que revisar. Cuando me estoy acomodando en la camilla me dice ‘vení un poquito más adelante’ y cuando estoy por hacerlo, me agarra de la cintura con sus dos manos, me acerca a él y me apoya estando yo desnuda y con las piernas abiertas», dijo M.L., otra de las denunciantes.

La joven contó que en ese momento cayó en la cuenta que «no era la primera vez que me pasaba una cosa así. Yo había naturalizado situaciones abusivas en muchas otras consultas» en las que, con cualquier excusa, «él me introducía los dedos cuando no tenía por qué hacerlo».

«Yo quiero que no atienda más porque es un abusador que se esconde detrás de su profesión», pidió.

Otra de las denunciantes, N.C. relató que estaba desnudándose para una revisación cuando el ginecólogo «se ubicó detrás de mí y me tomó la ropa para bajármela él», simulando «querer apurar la cosa».

«Ahí pensé ‘esto no sé si está del todo bien’, pero en esa situación te sentís paralizada por una suerte de confianza que una se impone sentir cuando vas a una consulta», compartió.

«Me hizo poner en posición ginecológica y me tocó cuando no necesitaba hacerlo, podría haber mirado solamente porque yo fui a consultar por una micosis. Metió sus dedos e hizo movimientos que yo después pude corroborar con otra médica que no corresponden», agregó.

Recién cuando pudo hablarlo con sus amigas, N.C. reconoce que logró «entender más o menos lo que había pasado», que había sufrido un abuso. «Fue todo bastante horrible», reflexiona hoy.

M.D. (30), otra de las denunciantes, acudió al ginecólogo por un aborto que incluyó un tratamiento con misoprostol y la realización de una aspiración manual endouterina (AMEU).

«Hizo salir a mi pareja de entonces, me hizo desnudarme de la parte de abajo, no me explicó nada y apareció con una especie de enema que me introdujo en la vagina. Yo no entendía nada y mientras gritaba del dolor porque no me había dado anestesia, él empezó a tocarme el clítoris. Me acuerdo de su cara, una expresión perversa que no volví a ver en nadie más», relató.

En ese momento, por la confusión que le provocaba dolor para M.D. «era muy difícil entender qué era lo que estaba sucediendo» y menos concebir que alguien «se aprovechara» de su vulnerabilidad -más siendo un médico-, en una «una situación muy sádica».

«Cuando, toda confundida y dolorida, voy a levantarme el pantalón, me indica que no lo haga. Me pide que me saque la remera y el corpiño que me iba a revisar, y empieza a tocarme el pecho. Imaginate lo humillante que fue para mí eso», recordó la mujer.

A su turno, la abogada y militante feminista que acompaña a cinco de las víctimas Claudia Perugino explicó que el acusado «ha sido imputado e indagado sin prisión preventiva» en octubre pasado, tras lo cual «se ha decretado la prórroga de la investigación».

Una vez concluida esta etapa, «el fiscal puede ordenar la detención si cree que hay peligro de fuga o entorpecimiento de la justicia, si no, elevarla a juicio» aunque «para nosotras las gravedad, la multiplicidad de los delitos denunciados y que nadie puede garantizar que no siga ejerciendo estas violencias amerita su inmediata detención».

«Después de que las denunciantes se manifiestan en las redes, empiezan a aparecer un montón de casos y yo escuché como 20 relatos pero muchas de esas personas no quisieron denunciar», contó la abogada, de vasta trayectoria en acompañar a víctimas de estos delitos.

«Lo que ocurre es que las mujeres que atravesaron estas situaciones de abuso al ver que hay 7 que denunciaron y la causa no avanza se desalientan, la falta de respuesta del Poder Judicial también provoca esto», agregó.

Perugino explicó que cuando ella tomó intervención en representación de la denunciante número cinco, «las anteriores habían sido archivadas» por falta de impulso a la investigación, pero «después que nos presentamos, se desarchivan y sumamos más denuncias».

Para Perugino, los testimonios y pruebas acumulados «son más que suficiente para que ordene la detención» junto con la elevación a juicio.

Investigación 🔎

Domiciliaria para Leal: el ex titular de ARSAT sale de la cárcel por adicción

El juez Sebastián Ramos concedió la prisión domiciliaria al ex funcionario detenido hace dos meses con 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas. El fallo se apoyó en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán que relativizó la imputación por comercialización y en informes médicos que desaconsejaron el encierro carcelario para tratar su adicción. La Cámara Federal de San Martín aún puede revertir la medida.

Publicado hace

#

El ex titular de ARSAT sale de la cárcel: el juez le concedió la domiciliaria por su adicción a las drogas.

Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dejó la cárcel de Ezeiza para cumplir la prisión preventiva en su departamento del barrio de Palermo. La resolución, firmada por el juez Sebastián Ramos en carácter de subrogante del juzgado que tramita la causa por tenencia de estupefacientes, se sustentó en la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal de brindar el tratamiento de rehabilitación que el propio imputado requiere. Leal lleva dos meses detenido, desde los allanamientos de mayo de 2026 en los que se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y, en simultáneo, 650.000 dólares en su domicilio porteño y 1,7 millones de dólares en una propiedad mendocina.

El argumento: adicción de «alta clase» y encierro contraproducente

El fallo de Ramos reprodujo una definición que circuló con incomodidad entre los pasillos de Comodoro Py: la del jefe de la División Precursores Químicos de la Policía Federal, quien al evaluar a Leal sostuvo que «para mí, la persona es un consumidor de alta clase». Esa caracterización fue retomada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien emitió el dictamen sobre el que se apoyó la resolución judicial. Para Marijuán, las cantidades de sustancias halladas no eran compatibles con una finalidad de comercialización, lo que tornaba «endeble» la calificación jurídica adoptada al momento del procesamiento. «Nos encontramos en la encrucijada con una persona adicta con síntomas y manifestaciones de ansiedad y abstinencia a quien el Servicio Penitenciario Federal no puede brindar la asistencia médica y psicológica», señaló el fiscal en su dictamen.

La resolución también citó al experto del Cuerpo Médico Forense que sostuvo que «frente a una problemática de esa índole, el encierro carcelario es a la vez inadecuado y contraproducente, no atiende la dependencia, la agrava y desatiende el deber estatal de procurar asistencia». Los informes del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza describieron que Leal «presenta ansiedad e insomnio por su situación actual». Sobre esa base, el juez Ramos consideró que el tratamiento debía realizarse fuera de la cárcel.

La ironía no tardó en circular dentro de los propios tribunales: «¿Qué pasaría si fuera un consumidor de baja clase?», preguntó un funcionario de Comodoro Py al conocer el fallo. La pregunta no es retórica. La abrumadora mayoría de las personas detenidas en causas por drogas presentan cuadros de adicción, y rara vez obtienen el beneficio de cumplir su preventiva o condena en el hogar. La expresión «alta clase», aclararon especialistas consultados, refiere a que Leal no habría cometido delitos para financiar su consumo ni bajo sus efectos, pero la desigualdad de trato sigue siendo el elefante en la sala.

Las otras causas: millones, contratos y espionaje

La domiciliaria alcanza exclusivamente a la causa por tenencia de estupefacientes que tramita en el juzgado federal porteño de Daniel Rafecas. Pero Leal enfrenta un frente judicial mucho más amplio. El fiscal federal Fernando Domínguez, en el juzgado de San Isidro de Lino Mirabelli, conduce la investigación de fondo: el expediente que comenzó con el faltante de equipamiento tecnológico en el depósito de ARSAT en San Fernando y escaló hasta detectar el presunto direccionamiento de contratos a la empresa Argentina Logistic Services (ALS) y el cobro de coimas. Domínguez también abrió un expediente separado por presunto enriquecimiento ilícito.

Domínguez había solicitado la detención de Leal por esas causas, pero el juez Mirabelli señaló que el imputado ya se encontraba detenido por la justicia federal porteña. Ante la domiciliaria, Domínguez y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que avanza en la pesquisa patrimonial, apelaron la medida. Esa apelación debe resolverla la Cámara Federal de San Martín, lo que abre la posibilidad de que Leal sea devuelto a una cárcel común si el tribunal así lo dispone.

Un tercer flanco, igualmente relevante, fue cubierto por este medio en julio de 2026: la Comisión Bicameral de Inteligencia citó al secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, en parte para indagar sobre equipamiento de espionaje que apareció vinculado a la red de Leal durante los allanamientos, junto a los dólares y las drogas. La acumulación de causas sobre un mismo imputado describe un mapa de poder que trasciende el consumo personal de sustancias.

Las condiciones de la domiciliaria y el perfil del domicilio

La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional evaluó el inmueble donde Leal cumplirá la medida: un departamento en la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo, que alquila desde hace cuatro años. El informe lo describió como una «localización urbana de tipo barrial residencial» con «gran afluencia de medios de transporte público, espacios comerciales y gastronómicos» y próximo al Parque Las Heras. Leal deberá usar tobillera electrónica, solo podrá salir por «razones de urgencia médica» con notificación previa al tribunal y tiene prohibida la salida del país. Su pareja, Julieta Griffa Berro, quien convive con él desde hace un año y medio, se ofreció como garante.

El propio imputado declaró ante el tribunal su disposición a someterse al tratamiento y mencionó a otros familiares como «soportes afectivos». Su defensor, el abogado Marcelo Rochetti, fue quien peticionó la medida. La ironía del escenario es difícil de soslayar: el departamento de Palermo donde Leal cumplirá su domiciliaria es el mismo que fue allanado en mayo, aquel donde los investigadores encontraron 650.000 dólares en efectivo, drogas y aparatos de escucha.

Un funcionario que sobrevivió a dos gobiernos y ahora enfrenta tres causas

El caso Leal condensa en un solo expediente varias de las patologías más persistentes del Estado argentino: la continuidad de operadores en posiciones estratégicas más allá de los cambios de gobierno, la opacidad en la adjudicación de contratos en empresas públicas clave como ARSAT, y la acumulación de fortunas sin explicación en efectivo en moneda extranjera. Leal fue presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y luego fue trasladado a la conducción de ORSNA bajo Javier Milei, manteniéndose en la órbita del Estado hasta el momento de su detención.

Que un funcionario de esa trayectoria obtenga la domiciliaria por sus problemas de salud mientras enfrenta investigaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y espionaje encendió señales de alarma dentro del propio sistema judicial. La Cámara Federal de San Martín tendrá la última palabra, al menos por ahora.

Puntos clave

  • El juez Sebastián Ramos concedió la prisión domiciliaria a Facundo Leal, ex titular de ARSAT y ORSNA, detenido desde mayo de 2026.
  • El fiscal Guillermo Marijuán relativizó en su dictamen la imputación por comercialización de drogas, considerando que las cantidades halladas no la justificaban.
  • El Cuerpo Médico Forense y peritos del SPF avalaron que el tratamiento por adicción debía realizarse fuera del ámbito carcelario.
  • La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el fiscal Domínguez apelaron la medida; la Cámara Federal de San Martín puede revocarla.
  • Leal enfrenta además causas separadas por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción en contratos de ARSAT ante la justicia federal de San Isidro.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo