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Femicidio

Le dan perpetua por femicidio y ordenan vender su auto para darle el dinero a la hija de la víctima

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) sentenció de manera unánime al imputado, Sergio Alejandro Cejas (38), como autor del delito de «homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio».

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Un hombre fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua por haber asesinado a balazos en el verano de 2019 a su expareja, la oficial de policía de Mar del Plata Gisel Romina Varela, y el tribunal dispuso además el decomiso y la venta de su auto para darle el dinero a la hija de 11 años de la víctima, a modo de reparación.

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 (TOC 2) sentenció de manera unánime al imputado, Sergio Alejandro Cejas (38), como autor del delito de «homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio».

El debate se realizó en el sexto piso de los tribunales marplatenses y para los jueces quedó acreditado que el hombre asesinó de cinco balazos a Varela (33) en la mañana del 8 de enero de 2019, a metros de la exterminal de micros.

En su sentencia, dispusieron además el secuestro y la venta del vehículo particular del acusado con un «privilegio de cobro» por parte de la hija de la víctima, «en concepto de reparación económica integral».

Además, se ofició al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para dar cumplimiento con el resarcimiento económico previsto por la ley 27.452 para los hijos de víctimas de femicidios.

El fallo de los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone fue en línea con el pedido realizado en su acusación por la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Mar del Plata.

Los magistrados rechazaron en cambio el pedido de la defensa para que el caso fuera encuadrado como un crimen bajo «emoción violenta», así como otras «circunstancias extraordinarias de atenuación» y un planteo sobre la presunta inconstitucionalidad de la prisión perpetua en caso de femicidio.

«No se ha verificado en lo más mínimo que Cejas haya estado emocionado violentamente, pero aun así resulta meridianamente claro que las circunstancias para nada harían excusable su obrar, dada la violencia de género persistente que él ejerció sobre Gisel, al menos durante los cinco años previos a que le causara la muerte», señaló la sentencia.

En ese sentido, el fallo aseguró que el acusado «hostigaba y perseguía permanentemente a Varela, se le aparecía en cualquier momento cuando estaba trabajando, también lo hacía en su domicilio de forma intempestiva en cualquier horario».

Subrayó en ese sentido que Cejas acosaba a la mujer, «incluso luego de que se le impusiera una orden de restricción de acercamiento».

«Ejercía sobre ella violencia de género, de forma psicológica, sexual, económica y física. A Varela no se le conoció otra pareja luego de que comenzara a relacionarse con Cejas; en cambio, este último salía con varias mujeres. Tanto Varela como el resto de sus compañeras policías le tenían temor al imputado», señalaron los magistrados.

Tras la sentencia, la fiscal se mostró «muy conforme» y destacó la reparación dispuesta para la hija de Varela, «que no había sido solicitada» por la acusación.

Salas señaló en ese sentido que la niña está siendo criada por los padres de la oficial asesinada, quienes se mudaron desde la localidad vecina de Santa Clara a la provincia del Mendoza tras el crimen, para preservarla.

Respecto de la víctima, la fiscal aseguró que «estaba inmersa en un círculo de violencia de género del que no pudo salir».

Según se estableció en las cuatro jornadas del juicio, Cejas asesinó de cinco disparos a Varela luego de arrebatarle su arma reglamentaria, tras interceptarla cerca de las 6.45 del 8 de enero de 2019, en la esquina de Alberti y Las Heras, mientras ella aguardaba el colectivo para ir hacia su trabajo.

De acuerdo a la sentencia, el imputado le disparó dos veces en la cara, una en el cuello y otros dos tiros impactaron en el chaleco antibalas que ella llevaba puesto, lo que le provocó «dilaceración del parénquima cerebral y consiguiente paro cardíaco que culminó con la muerte de forma inmediata».

Al momento del crimen, Cejas llevaba en la mochila una copia de la restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia 4 cinco meses antes.

Tras el femicidio, el imputado escapó en su auto Toyota, que había dejado estacionado a metros del lugar, y fue detenido horas más tarde en la localidad vecina de Miramar, donde fue hallado además el vehículo, con la Bersa calibre 9 milímetros de Varela en el asiento trasero.

El acusado llegó a juicio con prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, no quiso declarar a lo largo del proceso y pidió no estar presente durante la lectura de la sentencia.

Al brindar sus últimas palabras ante el tribunal en la última audiencia del debate oral, expresó: «Quiero expresar mi arrepentimiento, por el final de los hechos. Pedir disculpas por todo lo que pasó. Que Dios obre en nuestras vidas y sea él quien nos juzgue».

Los jueces concluyeron que en el juicio quedó expuesto «sobremanera la violencia de género que ejercía Cejas sobre Varela, basada en una clara relación desigual de poder, que afectaba su integridad física, psicológica, sexual, económica, como así también su seguridad personal y que culminó con su vida».

Femicidio

Femicidio en Los Polvorines: mató a una madre que defendió a su hija de ser abusada

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, fue capturado por la Policía Federal en un edificio del microcentro porteño luego de dos días prófugo. Este lunes se realiza la lectura de cargos: enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por homicidio calificado con violencia de género y uso de arma blanca.

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Femicidio en Los Polvorines: atraparon al asesino de la madre que murió protegiendo a su hija

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, acusado del femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue detenido por la Policía Federal en las últimas horas en un edificio de la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre había permanecido prófugo desde el jueves, cuando cometió el crimen en el partido bonaerense de Los Polvorines, al norte del Gran Buenos Aires.

Una madre que dio su vida por su hija

El hecho ocurrió mientras Yolanda Cáceres y su hija de 9 años dormían en su vivienda. Según los reportes policiales, Amarilla ingresó a la casa a través de una ventana y comenzó a abusar sexualmente de la menor. La madre advirtió la situación e intervino para protegerla. En el forcejeo, el agresor, quien sería una persona conocida por la familia, atacó a Cáceres con dos puñaladas en el cuello y la cabeza, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte en el acto.

Luego del crimen, Amarilla huyó. La niña logró escapar de la escena y pidió ayuda a los vecinos. Su testimonio ante los investigadores resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Una de las frases que trascendió de su declaración resume el horror de lo vivido: «Me tapó la boca para que no gritara».

La detención y el peso de la ley

El allanamiento que derivó en la captura fue descripto como sorpresivo por fuentes policiales. Amarilla se encontraba en el edificio de la calle Florida sin aparente resistencia al momento de ser aprehendido.

Este lunes se realizará la lectura de cargos, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por mediar violencia de género con uso de arma blanca y su condición de prófugo le cierra la puerta a cualquier beneficio procesal. «Se enfrenta una pena en expectativa a perpetua.

Violencia de género: el crimen que no puede naturalizarse

El caso de Yolanda Cáceres no es un hecho aislado. Es el resultado de una violencia estructural que sigue cobrando vidas de mujeres en Argentina. Una madre asesinada por interponerse entre un agresor y su hija de 9 años que era víctima de abuso sexual. Una niña que ahora carga con el testimonio de haber visto morir a su madre mientras la defendía. Un femicida que huyó y se escondió durante dos días antes de ser atrapado.

La muerte de Yolanda exige respuestas que van más allá de la condena individual: políticas públicas de prevención, recursos para la justicia con perspectiva de género, y una sociedad que no mire para otro lado cuando hay señales de violencia en el entorno.

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