La diputada nacional Mónica Macha elevó dos proyectos de resolución en la Cámara de Diputados en los que denunció “violencia política y de género” por parte del oficialismo y sectores del Poder Judicial. La legisladora apuntó directamente al presidente Javier Milei y a su entorno, a quienes responsabilizó por alimentar campañas de odio y represión contra voces opositoras y mujeres vinculadas al activismo y el periodismo.

En el primero de los textos, Macha condenó “las agresiones desplegadas mediante noticias falsas y violencia digital” contra la periodista Julia Mengolini. Según el proyecto, la ofensiva se articuló desde “cuentas de redes sociales promovidas y financiadas por sectores afines al Gobierno Nacional y respaldadas por el presidente Javier Milei”.

Mengolini denunció una campaña sistemática en su contra que incluyó la difusión de noticias falsas sobre su vida privada y la circulación de un video generado con inteligencia artificial en el que se la presenta de manera distorsionada, acompañada de comentarios misóginos y agresivos. La periodista, fundadora del medio Futurock, vinculó estas acciones con “el hostigamiento digital promovido por el oficialismo contra quienes expresan críticas o sostienen posiciones feministas”.

Macha sostuvo que estos hechos representan “una forma de violencia de género que debe ser sancionada” y reclamó al Congreso que actúe ante un fenómeno que, según expresó, “aún no tiene nombre legal pero que requiere urgente regulación”.

La prisión de una militante y el uso del derecho penal como castigo político

El segundo proyecto presentado por la diputada expresó su “preocupación institucional” por la situación de Alesia Abaigar, militante detenida en el penal de Ezeiza desde hace más de un mes. La joven fue arrestada tras colgar un pasacalle y lanzar excremento frente al domicilio del diputado libertario José Luis Espert. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó su excarcelación y confirmó la prisión preventiva.

Para Macha, esta decisión carece de sustento jurídico. “No hay elementos concretos que justifiquen una medida de tal gravedad. Apenas podría tratarse de una contravención municipal”, declaró. También calificó el fallo como “una maniobra de disciplinamiento político” en un contexto de creciente hostigamiento estatal hacia la protesta social.

Organismos de derechos humanos, como el CELS, cuestionaron en otras ocasiones el uso de la prisión preventiva como herramienta de castigo anticipado, especialmente en causas ligadas a manifestaciones o expresiones políticas. En este caso, el accionar judicial se enmarca en lo que Macha definió como “una regresión autoritaria impulsada por Patricia Bullrich y avalada por Milei”.

Un Congreso interpelado

La diputada del Frente de Todos concluyó con un llamado a sus pares para que el Congreso tome una postura clara frente a lo que calificó como “una ofensiva contra las garantías constitucionales, los derechos civiles y las expresiones disidentes”. Afirmó que la escalada de violencia simbólica y represiva “no es casual ni aislada” sino parte de un modelo de disciplinamiento social y político.

Los proyectos aún no fueron tratados en comisión, pero abren un debate sobre el uso del poder judicial como herramienta de persecución y la normalización de campañas digitales que, bajo el manto de la libertad de expresión, reproducen violencia sexista y desinformación.