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La Corte ordenó reglamentar una ley que amplía los derechos de las mujeres trabajadoras

El máximo tribunal confirmó la sentencia que ordenó PEN reglamentar la norma que impone la obligación de habilitar salas maternales y guarderías en empresas en las que se desempeñen trabajadoras, que había sido apelada por el Gobierno de Mauricio Macri.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reglamentar la norma que impone la obligación de habilitar salas maternales y guarderías en empresas en las que se desempeñen trabajadoras, que había sido apelada por el Gobierno de Mauricio Macri.

El máximo tribunal ratificó lo decidido en la acción de amparo promovida por la ONG «Centro Latinoamericano de Derechos Humanos» y Juan Bautista Etcheverry y Ximena Liggerini, en su condición de empleados con hijos en edad de concurrir a guarderías cuyos lugares de trabajo no cuentan con ellas.

En el fallo apelado la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había condenado en 2017 al PEN a «ejercer la facultad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional».

La demanda se basó en el artículo 179 de la ley 20.744 (de Contrato de Trabajo) -de 1974- que dispone que «en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que se establezcan».

El Estado Nacional -cuando gobernaba Macri- cuestionó que se empleara el procedimiento expedito del amparo para que se reglamentara la ley promulgada en setiembre de 1974. La Corte sostuvo que «la falta de reglamentación del Poder Ejecutivo conduce en la práctica a privar de efectos jurídicos a esa disposición y, por ende, relega el cumplimiento de la obligación».

Agregó que «se configura entonces una omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo que exige la reglamentación y que ha sido desoído por un tiempo irrazonable, en franca violación del deber establecido en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional».

El máximo tribunal consideró que «no es incompatible con esa norma lo dispuesto en el artículo 103 bis de la ley 20744 que prevé como «beneficios sociales» los reintegros de «gastos de guardería y/o sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones».

Agregó que «tampoco suple la omisión la existencia de convenciones colectivas de trabajo que contemplan, bajo diversas modalidades, la disponibilidad de estos servicios en las empresas» porque, «al tratarse de un derecho privado derivado de la propia ley de contrato de trabajo, no puede quedar condicionado al ejercicio de la autonomía colectiva».

Por esas y otras consideraciones la Corte, si bien aceptó tramitar el recurso extraordinario, «frente a la injustificable omisión de reglamentar una ley que expresamente impone el deber» de hacerlo, decidió «ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo razonable».

El fallo firmado este jueves en forma digital por los cinco miembros del tribunal: el presidente Horacio Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue unánime, pero los dos últimos lo hicieron con sus propios fundamentos.

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Parrilla de lujo, cascada y pileta: las excentricidades de Adorni que el Gobierno quiere ocultar

Desde el Ejecutivo intentan desacreditar al contratista que reveló pagos por US$ 245 mil en efectivo para refaccionar la casa del jefe de Gabinete, pero el arquitecto entregó documentación que prueba obras de alta gama en el country Indio Cuá.

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El Gobierno niega los montos de las refacciones de Adorni, pero la cascada y el quincho de lujo no se pueden ocultar

★ El Gobierno nacional inició una contraofensiva para intentar contener el impacto de la declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que confesó ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte de Manuel Adorni. Mientras el jefe de Gabinete calificó de «exagerados» los costos ante su círculo íntimo, el profesional de la construcción se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un arsenal de documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas que respaldan sus dichos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Excentricidades en medio del ajuste

La declaración de Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, detalló que las reformas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) convirtieron una propiedad estándar en una residencia de lujo. Las obras, que se extendieron durante diez meses entre septiembre de 2024 y julio de 2025, incluyeron la construcción de un quincho, una pileta con cascada en el jardín y una parrilla de lujo valuada en 15.000 dólares.

El monto destinado únicamente a las refacciones duplicó el valor de compra original de la vivienda, estimado en 120.000 dólares. Esta desproporción es el eje central de la causa por enriquecimiento ilícito, ya que los investigadores intentan determinar cómo un funcionario público pudo costear semejantes excentricidades con un sueldo que, hasta enero de este año, era de 3,5 millones de pesos. Según fuentes judiciales consultadas, los documentos aportados por el contratista son «consistentes» y complican la estrategia de defensa del ministro coordinador.

La defensa oficial: pericias e inspecciones

Ante la contundencia de la declaración testimonial, el entorno de Adorni dejó trascender que solicitarán una pericia técnica y una inspección ocular para demostrar que la casa «no vale ese dinero». La estrategia del oficialismo apunta ahora a desacreditar al arquitecto, sugiriendo incluso posibles denuncias por falta de facturación, a pesar de que el propio Tabar entregó comprobantes en la fiscalía. «Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero», dijo Adorni según allegados, intentando minimizar el peso de la prueba recolectada por Pollicita.

Este nuevo capítulo de opacidad patrimonial se suma a la investigación por el departamento de Caballito, financiado por jubiladas, y a los gastos superiores a 800.000 dólares que el funcionario acumuló en menos de dos años de gestión. Mientras el Gobierno nacional aplica un severo programa de austeridad sobre el resto de la sociedad, los detalles sobre la cascada y la parrilla de lujo del jefe de ministros refuerzan la percepción de una administración que no logra explicar el origen de su propia riqueza.

Puntos clave:

  • El contratista Matías Tabar aportó facturas y contratos que prueban el cobro de US$ 245 mil.
  • Las obras incluyeron una cascada, una pileta y una parrilla de 15.000 dólares.
  • El costo de la refacción duplicó el valor de compra de la propiedad en el country Indio Cuá.
  • El Gobierno pedirá una pericia técnica para intentar bajarle el precio a la vivienda.
  • La Justicia investiga la desproporción entre estos gastos y el salario oficial de Adorni.
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