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CABA

Intervención del Ministerio de las Mujeres por Casa Pringles

La cartera puso a disposición “las políticas y herramientas del Ministerio para garantizar un acompañamiento integral”, informaron en un comunicado.

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El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se presentó en el expediente por el desalojo de “Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora)”, donde vivían víctimas de violencia machista y sus hijos, y se ofreció a participar “en las instancias de diálogo o mesas de trabajo”.

La cartera también puso a disposición “las políticas y herramientas del Ministerio para garantizar un acompañamiento integral”, informaron en un comunicado.

Ayer por la tarde un grupo de mujeres con sus hijos e hijas en situación de vulnerabilidad fueron desalojados del inmueble que ocupaban desde hace un año en el barrio de Almagro por orden del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad, en el marco de un operativo que incluyó represión contra legisladores y manifestantes y la detención de seis personas que fueron liberadas anoche.

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Tras resistir el desalojo por más de ocho horas, las mujeres accedieron ayer a retirarse de la vivienda con el compromiso de la administración porteña de brindarles un lugar de alojamiento por 30 días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y encarar una instancia de diálogo para acercar una solución de fondo frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

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El inmueble conocido como “Casa Pringles ATR” está ubicado en la calle Pringles 340/42 de la Ciudad de Buenos Aires y muchas de las mujeres que allí vivían con sus niños y niñas “habían atravesado recientemente situaciones de violencia por motivos de género”, explicaron en el comunicado.

“La Casa Pringles funcionaba hasta el sábado como hogar para esas mujeres con sus niños y niñas, y además como un espacio de crianza colectiva para las infancias, en donde se les proveía comida, educación y cuidados”, dijeron.

“La orden de desalojo, emitida de manera intempestiva, se hizo por fuera de las conversaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se había comprometido a no llevar adelante el desalojo de las familias, sin antes prever las condiciones materiales para asegurar una vivienda digna”, agregaron.

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Al constatar esta situación, ayer se hizo presente en el lugar la Coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) de esta cartera, “a fin de ponerse a disposición y acompañar a las mujeres” que vivían en el inmueble, lo que no pudo concretarse porque “el ingreso no fue autorizado”.

“En consecuencia, presentamos un escrito en el marco de la causa a fin de expresar preocupación por los hechos ocurridos y aportar herramientas legales para garantizar los derechos fundamentales de mujeres y niños/as, como el derecho a la vivienda, principalmente cuando se trata de mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género”, dijeron.

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“Además, se puso a disposición las política y herramientas del Ministerio para garantizar un acompañamiento integral, así como nuestra participación en las instancias de diálogo o mesas de trabajo”, agregaron.

El despliegue policial había comenzado a las 7 de la mañana de ayer para dar cumplimiento a una orden judicial derivada de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble pertenece al Gobierno porteño, que en siete ocasiones intentó subastarlo sin lograrlo debido a la falta de oferentes, hasta que hace un año aproximadamente fue ocupado por un grupo de al menos diez mujeres que quedaron en la calle tras escapar de situaciones de violencia de género, según relataron a Télam.

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“Patearon la puerta y entraron por la fuerza”, dijo Eva, una de las mujeres de Casa Pringles y explicó que el operativo las tomó por sorpresa ya que hace tres semanas mantuvieron una reunión con funcionarios del área de Bienes de la Ciudad.

Durante las ocho horas de resistencia, organizaciones sociales y políticas se congregaron en el lugar para llevar adelante una manifestación que fue reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad con el saldo de seis personas detenidas, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de ACUMAR, Antolín Magallanes.

También se hicieron presentes en el lugar para denunciar la ilegalidad del desalojo los diputados nacionales del Frente de Todos Mónica Macha y Natalia Zaracho; las legisladoras porteñas María Bielli, Ofelia Fernández, Berenice Iáñez y Cecilia Segura, así como el Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, y referentes de distintas organizaciones sociales y políticas.

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El presidente de Nuevo Encuentro y titular de Acumar Martín Sabbatella informó hoy que las seis personas que habían sido detenidas fueron liberadas en las últimas horas, al tiempo que exhortó al Gobierno porteño a “dar explicaciones por su accionar antidemocrático”, en relación no sólo con “los desalojos de Casa Pringles” sino también con “la brutal represión que llevó adelante contra los manifestantes que se acercaron a reclamar pacíficamente”.

CABA

La APDH repudió las amenazas y hechos violentos en el Hospital Durand

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se pronunció contra las pintadas fascistas en el nosocomio porteño.

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La Regional CABA de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió enérgicamente los hechos acontecidos en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand este lunes, tanto en el sector de Ginecología como en la cartelera del gremio ATE.

En un comunicado firmado por Ramiro Geber y Enrique Rocatti, titulares de la organización, la APDH expresó su “profundo rechazo a los actos de violencia y amenazas” que tuvieron lugar en el hospital público.

“Consideramos que, a 40 años de recuperar la democracia, en un hospital público no deberían suceder estos hechos lamentables, violentos y que atentan a las instancias superadoras en la convivencia laboral, ciudadana y por sobre todas las cosas al respeto en un espacio de cuidado de la salud y del otro”, señala el comunicado.

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La APDH considera que “estos acontecimientos están fuera de lugar en todo espacio público y privado” y que “estos procedimientos utilizados por la última dictadura militar no tienen lugar en nuestra Patria, 40 años después de recuperar el Sistema Democrático Gobernante”.

“Debemos sancionar a los que comentan estos ilícitos, son contravenciones a los derechos humanos”, afirma la organización.

Y añade: “Desde un espacio de promoción y protección de los derechos humanos, como es la APDH, decimos Nunca Más, a todo tipo de atropello a los derechos individuales o grupales, y solicitamos a las Instituciones afectadas las denuncias correspondientes, dando nuestro apoyo y acompañamiento de ser solicitado, para que no se naturalicen los episodios de violencia como estos. Por una Argentina de todos y para todos, sin discursos de odio, acciones violentas y restricciones al ejercicio de la plena democracia. Memoria, Verdad y Justicia. Nunca Más”.

Los hechos repudiados por la APDH tuvieron lugar el pasado lunes 27 de noviembre en el sector de Ginecología, cuando un pequeño grupo de personas agredió verbalmente a una médica que se encontraba de guardia y en la cartelera del gremio ATE, se colocaron carteles con amenazas de muerte contra los trabajadores del hospital, con una clara alusión a situaciones de violencia y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar.

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La APDH ha solicitado a las autoridades del Hospital Durand y de la Ciudad de Buenos Aires que investiguen los hechos y que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y pacientes del nosocomio.

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