El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se presentó en el expediente por el desalojo de «Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora)», donde vivían víctimas de violencia machista y sus hijos, y se ofreció a participar «en las instancias de diálogo o mesas de trabajo».

La cartera también puso a disposición «las políticas y herramientas del Ministerio para garantizar un acompañamiento integral», informaron en un comunicado.

Ayer por la tarde un grupo de mujeres con sus hijos e hijas en situación de vulnerabilidad fueron desalojados del inmueble que ocupaban desde hace un año en el barrio de Almagro por orden del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la Ciudad, en el marco de un operativo que incluyó represión contra legisladores y manifestantes y la detención de seis personas que fueron liberadas anoche.

Tras resistir el desalojo por más de ocho horas, las mujeres accedieron ayer a retirarse de la vivienda con el compromiso de la administración porteña de brindarles un lugar de alojamiento por 30 días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y encarar una instancia de diálogo para acercar una solución de fondo frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

El inmueble conocido como «Casa Pringles ATR» está ubicado en la calle Pringles 340/42 de la Ciudad de Buenos Aires y muchas de las mujeres que allí vivían con sus niños y niñas «habían atravesado recientemente situaciones de violencia por motivos de género», explicaron en el comunicado.

«La Casa Pringles funcionaba hasta el sábado como hogar para esas mujeres con sus niños y niñas, y además como un espacio de crianza colectiva para las infancias, en donde se les proveía comida, educación y cuidados», dijeron.

«La orden de desalojo, emitida de manera intempestiva, se hizo por fuera de las conversaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se había comprometido a no llevar adelante el desalojo de las familias, sin antes prever las condiciones materiales para asegurar una vivienda digna», agregaron.

Al constatar esta situación, ayer se hizo presente en el lugar la Coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) de esta cartera, «a fin de ponerse a disposición y acompañar a las mujeres» que vivían en el inmueble, lo que no pudo concretarse porque «el ingreso no fue autorizado».

«En consecuencia, presentamos un escrito en el marco de la causa a fin de expresar preocupación por los hechos ocurridos y aportar herramientas legales para garantizar los derechos fundamentales de mujeres y niños/as, como el derecho a la vivienda, principalmente cuando se trata de mujeres que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género», dijeron.

«Además, se puso a disposición las política y herramientas del Ministerio para garantizar un acompañamiento integral, así como nuestra participación en las instancias de diálogo o mesas de trabajo», agregaron.

El despliegue policial había comenzado a las 7 de la mañana de ayer para dar cumplimiento a una orden judicial derivada de una denuncia de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El inmueble pertenece al Gobierno porteño, que en siete ocasiones intentó subastarlo sin lograrlo debido a la falta de oferentes, hasta que hace un año aproximadamente fue ocupado por un grupo de al menos diez mujeres que quedaron en la calle tras escapar de situaciones de violencia de género, según relataron a Télam.

«Patearon la puerta y entraron por la fuerza», dijo Eva, una de las mujeres de Casa Pringles y explicó que el operativo las tomó por sorpresa ya que hace tres semanas mantuvieron una reunión con funcionarios del área de Bienes de la Ciudad.

Durante las ocho horas de resistencia, organizaciones sociales y políticas se congregaron en el lugar para llevar adelante una manifestación que fue reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad con el saldo de seis personas detenidas, entre ellas el presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires y director de Gestión política y social de ACUMAR, Antolín Magallanes.

También se hicieron presentes en el lugar para denunciar la ilegalidad del desalojo los diputados nacionales del Frente de Todos Mónica Macha y Natalia Zaracho; las legisladoras porteñas María Bielli, Ofelia Fernández, Berenice Iáñez y Cecilia Segura, así como el Auditor de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, y referentes de distintas organizaciones sociales y políticas.

El presidente de Nuevo Encuentro y titular de Acumar Martín Sabbatella informó hoy que las seis personas que habían sido detenidas fueron liberadas en las últimas horas, al tiempo que exhortó al Gobierno porteño a «dar explicaciones por su accionar antidemocrático», en relación no sólo con «los desalojos de Casa Pringles» sino también con «la brutal represión que llevó adelante contra los manifestantes que se acercaron a reclamar pacíficamente».