El uruguayo Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y por el homicidio del remisero Matías Sebastián Palacios, prestará declaración este jueves a las 11 ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de la provincia de Córdoba.

La audiencia será presencial, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que la defensora oficial Alfonsina Muñiz solicitara que Laurta comparezca personalmente ante la fiscalía que lo investiga por los crímenes cometidos a comienzos de octubre.

Una causa atravesada por la violencia de género extrema

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, donde cumple prisión preventiva en un régimen de alta seguridad tras su traslado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

En esa jurisdicción enfrenta una imputación por homicidio criminis causa, en relación al asesinato del remisero Palacios, a quien habría contratado para un supuesto viaje a Santa Fe antes de cometer el doble femicidio. La Justicia entrerriana ya le dictó una prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.

El crimen de Giardina y Zamudio, ocurrido en una vivienda del barrio Las Rosas de Córdoba, conmocionó al país por su nivel de brutalidad y planificación. Laurta habría ensayado durante diez días el cruce del río Uruguay en kayak, donde fue finalmente detenido con su hijo de seis años, Pedro, tras intentar escapar del país.

El femicida que busca justificarse

Desde su detención, Laurta repite un mismo discurso: asegura que “rescató” a su hijo de un supuesto contexto de trata, una versión descartada por la fiscalía por carecer de sustento. En cada traslado o audiencia, el acusado busca dar declaraciones públicas, en una estrategia que los investigadores consideran una manipulación discursiva para justificar sus actos.

Una deuda del Estado con las víctimas

El doble femicidio de Córdoba expuso una vez más la falla estructural en las políticas de prevención y protección. Luna Giardina había denunciado previamente episodios de violencia y hostigamiento, sin recibir medidas efectivas de resguardo.

La falta de articulación entre las áreas judiciales y los organismos de género, la desfinanciación de programas de asistencia y el vaciamiento de la línea 144 en algunas provincias dejan a cientos de mujeres sin una red estatal sólida.

El caso Laurta no solo interpela al Poder Judicial, sino también a la responsabilidad de los Estados provinciales en garantizar la seguridad y el bienestar de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio.

Este jueves, la declaración de Pablo Laurta podría definir los próximos pasos procesales. La fiscalía busca consolidar la acusación por doble homicidio agravado por el vínculo, el odio de género y la alevosía, delitos que contemplan prisión perpetua.

La audiencia será clave para determinar si el acusado mantiene su versión o si se acoge al derecho de no declarar. En cualquier caso, el proceso judicial que se inicia en Córdoba promete convertirse en uno de los más paradigmáticos del año.