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Femicidio

Pablo Laurta declarará este jueves por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

El acusado comparecerá de forma presencial ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Córdoba. Está detenido en el penal de Cruz del Eje y también enfrenta cargos en Entre Ríos por homicidio criminis causa.

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El uruguayo Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, y por el homicidio del remisero Matías Sebastián Palacios, prestará declaración este jueves a las 11 ante la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de la provincia de Córdoba.

La audiencia será presencial, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que la defensora oficial Alfonsina Muñiz solicitara que Laurta comparezca personalmente ante la fiscalía que lo investiga por los crímenes cometidos a comienzos de octubre.

Una causa atravesada por la violencia de género extrema

Laurta permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, donde cumple prisión preventiva en un régimen de alta seguridad tras su traslado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

En esa jurisdicción enfrenta una imputación por homicidio criminis causa, en relación al asesinato del remisero Palacios, a quien habría contratado para un supuesto viaje a Santa Fe antes de cometer el doble femicidio. La Justicia entrerriana ya le dictó una prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.

El crimen de Giardina y Zamudio, ocurrido en una vivienda del barrio Las Rosas de Córdoba, conmocionó al país por su nivel de brutalidad y planificación. Laurta habría ensayado durante diez días el cruce del río Uruguay en kayak, donde fue finalmente detenido con su hijo de seis años, Pedro, tras intentar escapar del país.

El femicida que busca justificarse

Desde su detención, Laurta repite un mismo discurso: asegura que “rescató” a su hijo de un supuesto contexto de trata, una versión descartada por la fiscalía por carecer de sustento. En cada traslado o audiencia, el acusado busca dar declaraciones públicas, en una estrategia que los investigadores consideran una manipulación discursiva para justificar sus actos.

Una deuda del Estado con las víctimas

El doble femicidio de Córdoba expuso una vez más la falla estructural en las políticas de prevención y protección. Luna Giardina había denunciado previamente episodios de violencia y hostigamiento, sin recibir medidas efectivas de resguardo.

La falta de articulación entre las áreas judiciales y los organismos de género, la desfinanciación de programas de asistencia y el vaciamiento de la línea 144 en algunas provincias dejan a cientos de mujeres sin una red estatal sólida.

El caso Laurta no solo interpela al Poder Judicial, sino también a la responsabilidad de los Estados provinciales en garantizar la seguridad y el bienestar de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio.

Este jueves, la declaración de Pablo Laurta podría definir los próximos pasos procesales. La fiscalía busca consolidar la acusación por doble homicidio agravado por el vínculo, el odio de género y la alevosía, delitos que contemplan prisión perpetua.

La audiencia será clave para determinar si el acusado mantiene su versión o si se acoge al derecho de no declarar. En cualquier caso, el proceso judicial que se inicia en Córdoba promete convertirse en uno de los más paradigmáticos del año.

Femicidio

Escándalo en Tucumán: absolvieron a los acusados y el femicidio de Paulina Lebbos queda impune

A dos décadas del crimen de Paulina Lebbos, la Justicia tucumana dictó la absolución para Víctor César Soto y Sergio Kaleñuk. El fallo consolida un escenario de desprotección y revela la ineficacia del sistema para hallar a los responsables materiales del asesinato.

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Femicidio de Paulina Lebbos: el triunfo de la impunidad tras veinte años de encubrimiento

★ Este miércoles, los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica absolvieron a Víctor César Soto, ex pareja de la víctima, y a Sergio Kaleñuk, hijo de un ex secretario del gobierno provincial, en el marco del juicio por el crimen de Paulina Lebbos. La decisión judicial, que se produce tras un proceso iniciado en marzo de este año, deja el asesinato de la joven tucumana en la impunidad absoluta, al no haber condenados por la autoría material del hecho tras veinte años de trámites procesales.

Las sombras del poder político

El caso Lebbos se transformó, desde el hallazgo del cuerpo el 11 de marzo de 2006, en un emblema de las irregularidades y el encubrimiento en la provincia de Tucumán. El debate oral que concluyó esta semana intentó determinar la responsabilidad de Soto como presunto autor de homicidio agravado por alevosía y la de Kaleñuk por encubrimiento agravado. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas no resultaron suficientes para quebrar el principio de inocencia, un desenlace que profundiza el dolor de la familia Lebbos en su búsqueda de verdad.

Este nuevo revés judicial ocurre en un contexto donde el caso ya provocó un sismo mediático y político, salpicando la gestión del ex gobernador José Alperovich. Si bien la causa cuenta con condenas previas que alcanzaron a la cúpula de la Policía de la provincia, a un fiscal y al ex secretario de Seguridad, la justicia todavía no logró identificar ni castigar a quienes ejecutaron el femicidio.

Un sistema que garantiza la impunidad

La absolución de Soto y Kaleñuk expone una vez más la selectividad y las deficiencias de un aparato judicial que parece más eficiente en proteger vínculos de poder que en resguardar los derechos de las víctimas. Este patrón de justicia selectiva recuerda a otros procesos donde los antecedentes y la gravedad de los hechos no se traducen en penas efectivas; un fenómeno que este medio observó en casos recientes como la condena en suspenso a Felipe Pettinato por un incendio fatal, donde el imputado evitó la cárcel a pesar de la muerte de un profesional de la salud.

En el caso de Tucumán, el paso del tiempo y las maniobras de encubrimiento iniciales, confirmadas en juicios anteriores, operaron como un muro infranqueable para la reconstrucción de la verdad. La desaparición de Paulina, ocurrida el 26 de febrero de 2006, y el posterior hallazgo de sus restos a la vera de la ruta 301, marcaron el inicio de un derrotero de veinte años donde la ** Administración de Justicia** falló sistemáticamente en su deber de reparación.

Puntos clave:

  • Los jueces Romagnoli, Fradejas y Morales Lezica absolvieron a los dos únicos acusados en este nuevo debate.
  • Víctor César Soto llegó al juicio acusado de homicidio agravado por alevosía y Sergio Kaleñuk por encubrimiento.
  • A pesar de las condenas previas a funcionarios policiales y judiciales por encubrir el hecho, el crimen sigue impune.
  • El caso cumplió veinte años el pasado 26 de febrero sin que se identifique a los autores materiales del femicidio.
  • El fallo consolida un escenario de desprotección judicial frente a casos vinculados con el poder político provincial.

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