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Femicidio de Cecilia: los indicios que complican a los detenidos
«Sabemos que está muerta, ahora tenemos que saber dónde está», dijo hoy la abogada y tía de la víctima, Karina Gómez.
Las imágenes de la cámara de seguridad que registra el paso de Cecilia Strzyzowski la última vez que fue vista con vida, las presuntas manchas de sangre hallada en la casa del matrimonio Sena, los restos óseos encontrados en un campo de la familia acusada, las declaraciones contradictorias de tres de los siete imputados, el supuesto viaje a Ushuaia y el móvil económico, son los seis principales indicios planteados por el Equipo Fiscal Especial (EFE) para explicar por qué determinaron que la joven de 28 años fue víctima de un femicidio planificado.
«Sabemos que está muerta, ahora tenemos que saber dónde está», dijo hoy la abogada y tía de la víctima, Karina Gómez, tras reunirse con el procurador general, Jorge Canteros, y el fiscal Juan Gómez, uno de los tres investigadores del EFE.
Esas declaraciones irrefutables quedaron plasmadas en el expediente que comenzó a instruirse el 6 de junio cuando Gloria Romero, madre de la víctima, radicó la denuncia porque hacía cinco días que no sabía nada de ella y porque el día anterior dos personas le tocaron la puerta para decirle que «los Sena le hicieron algo» a su hija.

Pero para comenzar a dilucidar este hecho hay que remontarse a junio de 2021 cuando Cecilia conoció por una aplicación de citas a César Sena, hijo del exprecandidato a diputado Emerenciano Sena y su esposa, la exprecandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña, los tres detenidos como sospechosos.
En septiembre del año pasado Cesar Sena y Cecilia se casaron pero la familia del joven de 19 años nunca avaló esa relación. Según la declaración de testigos, Marcela Acuña los obligó a divorciarse tres meses después, cuya acta figura en el expediente de la causa y tiene fecha 21 de diciembre de 2022.

En ese marco, Cecilia aparentemente había arreglado con Sena hijo un viaje a Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque le habían encontrado un supuesto trabajo en esa provincia y el día 2 de junio a las 9.15 ingresó a la casa de Sena y Acuña, ubicada en Santa María de Oro 1460, pero nunca más salió de allí.
Cuatro días después, la madre de ella hizo la denuncia por «averiguación de paradero» dado que «cada día por medio» hablaba con su hija y dos personas le dijeron que le había ocurrido algo.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Gómez y Nelia Velázquez analizaron la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de Sena y en las imágenes observaron que la joven entró caminando y luego jamás salió.
Con ese dato, la pesquisa comenzó a centrarse directamente en el círculo de Sena y Acuña, quienes eran precandidatos por el partido Socialistas Unidos en las elecciones que se desarrollarán mañana en Chaco, aunque ambos fueron excluidos por el Tribunal Electoral provincial.
El jueves 8 de junio fue convocado César Sena para que declare como testigo y ante la Justicia dijo que mantuvo una discusión con Cecilia por una suma de dinero que supuestamente le debía pedir a su madre para el viaje y, como eso no ocurrió, ella se retiró de la casa, lo cual fue desmentido por la imagen de la cámara de seguridad.

Al día siguiente, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia y encontró supuestas manchas de sangre en una pared y en el piso, cuyas pericias estarán este martes con el objetivo de determinar, primero, si es humana, y en caso de ser positivo después hacer una pericia de ADN para saber si pertenece a Cecilia.
Con estos elementos, Sena, Acuña y Fabiana González, una colaboradora del matrimonio, fueron detenidos como sospechosos y la Justicia libró una orden de captura para César, quien se entregó al día siguiente.
«La hipótesis central apunta a una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir», indicó el fiscal Jorge Cáceres Olivera.

Días después, Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia, su esposa Griselda Reinoso, y Gustavo Obregón, pareja de González, también fueron detenidos como sospechosos.
Para los investigadores, en el lugar del hecho estuvieron los Sena y Acuña y el resto contribuyó a realizar la maniobra para que Cecilia llegue engañada a la casa en el marco de ese supuesto viaje al sur argentino, aunque con distintos grados de participación.
«Hasta ahora todas las personas que están detenidas considero que son los sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia», dijo Cáceres Olivera.
Melgarejo declaró en dos oportunidades ante el EFE ya que primero dijo que había visto con vida a Cecilia, amordazada en la cabina de una camioneta, en una chanchería situada en un campo de la familia, en la zona de Puerto Tirol, lo cual derivó en una serie de allanamientos en el que secuestraron las prendas de vestir que aparentemente llevaba Obregón el día 2 de junio.

Pero en la ampliación de la indagatoria, el acusado insistió con que estuvo «amordazada», que lo amenazaron con «ser el próximo» si hablaba y que en realidad el cuerpo fue llevado a un «basural», aunque no supo decir la ubicación.
Además, el imputado vinculó en el caso a un excasero del campo que hacía dos años y medio que no trabajaba allí y que hacía trabajos de albañilería, por lo que fue convocado como testigo y lo desmintió.
En el marco de los allanamientos que provocaron sus dichos (relativizados por los investigadores), los detectives también secuestraron restos óseos que hoy iban a ser peritados por un equipo de antropología forense de Córdoba que buscará determinar si son humanos.
Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González también declararon, y para los investigadores la indagatoria más importante fue la del hombre ya que dijo que «César y Emerenciano Sena fueron a quemar algo» en un sector de la chanchería, por lo que hoy continuaban los operativos en busca de más rastros.
CABA
Armado en el baño: allanaron a un chico que posó con un revolver en su escuela de Balvanera
Un menor de 16 años fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego luego de que circularan fotos suyas en el grupo de WhatsApp del curso. El caso suma un nuevo episodio a la ola de violencia escolar que sacude a la Ciudad de Buenos Aires.
Revólver en el baño: allanaron a un adolescente que posó con un arma en su escuela de Balvanera
★ Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado esta semana luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecía posando con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El caso llegó a la Justicia gracias a la denuncia de un padre que detectó las imágenes en el grupo de WhatsApp del curso.
El episodio se inscribe en una serie de situaciones de violencia escolar que desde hace semanas mantienen en alerta a las autoridades educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que este medio viene cubriendo desde el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.
Una foto en el grupo de WhatsApp disparó la causa
El detonante del proceso judicial fue una fotografía enviada por el adolescente al grupo de WhatsApp escolar identificado como «3-1», conformado por estudiantes del mismo establecimiento. La imagen, enviada con la función de visualización única, mostraba al menor junto a otros dos compañeros empuñando el arma en el baño del colegio, con la leyenda «La chispa está en 3ro 1ra».
Un padre que integra el grupo realizó capturas de pantalla de los intercambios y los presentó como prueba ante las autoridades. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko.
Allanamiento en la madrugada y secuestro de dispositivos
Con la autorización de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, el allanamiento al domicilio del adolescente en Balvanera se realizó en la madrugada del miércoles. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.
En el operativo se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que el adolescente fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Además, el joven ya registraba una investigación previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.
El protocolo que no alcanza
El caso se suma a una extensa cadena de episodios de amenazas y violencia en escuelas porteñas. Como informó este medio en reiteradas oportunidades, las amenazas de tiroteos se extendieron durante las últimas semanas a cientos de establecimientos en al menos doce provincias argentinas, con frases casi idénticas circulando por las mismas redes de mensajería.
El Gobierno de la Ciudad aplica desde el año pasado el «Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes», cuyo alcance real para desactivar estas situaciones sigue siendo objeto de debate.
El fiscal general Martín López Zavaleta explicó en una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno de la Ciudad que se implementó «un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes». El funcionario agregó que «la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas».
La respuesta oficial apela así a la disuasión punitiva como principal herramienta ante un fenómeno que las propias autoridades reconocen como extendido y en crecimiento, sin que hasta el momento se haya anunciado ninguna política de fondo orientada a las causas estructurales que alimentan la violencia en las aulas.
Puntos clave
- Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado por posar con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», en Balvanera.
- Las fotos circularon por el grupo de WhatsApp del curso; un padre realizó la denuncia con capturas de pantalla.
- En el allanamiento se secuestraron un celular, una notebook y un disco rígido.
- El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego (pena máxima: 7 años), y ya tenía una causa previa por robo.
- El caso se suma a la ola de violencia escolar que desde semanas afecta a la Ciudad y al país.
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