Chaco
Caso Cecilia: «Tenemos hasta las 19.30 para sacar eso de mi casa»
Ese fue el mensaje de Marcela Acuña el día de la desaparición de la joven Strzyzowski. Los detalles del caso.
Marcela Acuña, acusada junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad de Resistencia, quedó más comprometida en la causa tras un peritaje tecnológico sobre su teléfono celular, en el que fue encontrado un mensaje que le envió a otra de las imputadas en el caso y le dijo que tenían tiempo «hasta las 19.30 para sacar eso» de la casa, en una presunta referencia al cadáver de la víctima, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de una conversación por mensajes ocurrida en la tarde del 2 de junio -según los fiscales tras el asesinato de Cecilia- entre la acusada como coautora del asesinato y su colaboradora Fabiana González, imputada y detenida por el «encubrimiento» del crimen.
«Fabi creo que sucedió algo grave con César, hablá con Gustavo (Obregón), no le digas a Eme ni a César, estoy desesperada«, le dijo Acuña en uno de los mensajes enviados y cuyo contenido fue incorporado al expediente judicial.
En otro extracto, la imputada le dijo a su colaboradora «le dije a Eme que Gustavo está con Samuel, no metas la pata, urgente andá, entrá sola a casa». Y luego añadió: «Tenemos hasta las 19.30 para sacar eso de casa».
Para los investigadores, esos mensajes en los que no se menciona a Cecilia, están vinculados al femicidio y a la necesidad de hacer desaparecer el cadáver.
Al respecto, el abogado Fernando Burlando, representante junto a sus colegas Juan Arregín y Sergio Briend, aseguró al canal Todo Noticias que están «convencidos» de que los siete detenidos por el hecho fueron «los autores del crimen».
«Por distintas pruebas recolectadas por los investigadores y distintos mensajes que se fueron enviando, más allá de los mensajes que yo califico como mensajes de coartada, evidentemente todos conocían esta situación y todos son los autores del crimen», indicó.
Burlando consideró que «son todas cuestiones plantadas» en la que buscaron «una coartada torpe».
«Fue un asesinato muy torpe que abraza la impunidad, cuando alguien se siente impune comete este tipo de torpezas», sostuvo y añadió: «La prueba es abundante, los indicios no solo hablan del asesinato sino de quiénes son sus autores».
Además, el letrado se refirió a los huesos de una «persona adulta» encontrados en el Río Tragadero que, por su estado de calcinación, no pudieron ser analizados para obtener un ADN.
«Estos restos humanos, que no se pueden tomar muestra para cotejo de ADN, sin lugar a duda se trata indefectiblemente del cuerpo de Cecilia, para nosotros es más que suficiente para generar este vínculo entre el asesinato y esta gente», afirmó.
El abogado dijo que no tiene «la postura de que no hay cuerpo», ya que «hay restos humanos en ínfimas cantidades donde fue calcinado el cuerpo y precisamente hay coprocesados que hablan de la incineración donde se encontraron esos restos».
Burlando agregó que siempre se pretende «que la prueba sea eficaz y contundente como pueda ser pero en los hechos delictivos y dada esta banda de forajidos a veces se da y a veces no».
«Los impactos de las antenas es fundamental, los distintos relatos de los imputados es fundamental, hay prueba documental y de video que es muy importante con la que pudo conocerse que Cecilia entró a ese lugar y no salió. Para mí es más que suficiente para que un jurado dicte veredicto condenatorio», concluyó.
Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.
Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.
De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.
Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.
Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas», mientras que a Obregón, González, Gustavo Melgajero y Griselda Reinoso por el «encubrimiento agravado» del hecho.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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