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La redistribución del ingreso registró una mejora en el primer trimestre del año

El ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,430 puntos, contra 0,445 de igual período del 2021. En grandes conglomerados, el promedio individual fue de $64.737. Los varones tuvieron un ingreso promedio de $75.552, mientras que las mujeres percibieron $54.205.

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La distribución del ingreso registró en el primer trimestre de 2022 una mejora en el nivel de equidad, respecto a igual período del año pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre enero y marzo pasado, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,430 puntos, contra 0,445 de igual período del 2021, lo que representó una disminución de la desigualdad en base al Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene a 0 (cero) como el nivel mayor igualdad y al 1 (uno) como el de mayor desequilibrio.

La brecha calculada entre la mediana del 10% de la población con menores ingreso, y el 10% con mayor nivel de renta per cápita familiar de la población fue de 15 veces, lo que marcó una baja de dos puntos porcentual con respecto al período enero-marzo de 2021.

En tanto, la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de un billón 152.567 millones de pesos, lo que significó un incremento de 58,2% en relación con igual trimestre de 2021.

De esta forma, el ingreso promedio per cápita del total de la población, que abarcó a un total de 29.072.997 personas activas económicamente, fue de $39.644 mensuales, detalló el informe del Indec.

Del total relevado en 31 grandes conglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 60,4% de la población -equivalente a 17.546.900 personas- durante el período dijo percibir algún tipo de ingreso, estimado en una cifra promedio de $64.737 para el primer trimestre del corriente año .

Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue equivalente a $23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $60.689; y el estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.153 promedio.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $75.552, mientras que en las mujeres el monto fue menor, de $54.205.

Respecto a la población ocupada, el informe del Indec registró un ingreso promedio de $61.843 y un ingreso medio de $50.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $23.443.

En tanto, el ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $60.165, mientras que el los deciles 9 y 10 fue equivalente a a $142.016 promedio.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.042.654 personas con ingreso promedio de $64.755 para el período enero-marzo.

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $79.880, con un incremento del 55,6% interanual, mientras que en el caso de los trabajadores sin descuento jubilatorio o informales, fue de $36.631, con un alza del 63,6% respecto a igual período del 2021.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 77,1% del total, mientras que los no laborales explicaron el 22,9% restante.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, al explicar el 60,4% en el primer escalón del Coeficiente de Gini.

A comienzos de mes, el presidente Alberto Fernández pidió «reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso» ya que «un número muy importante de argentinos no han logrado captar» las «ganancias que se están dando», y pidió «responsabilidad en un contexto de guerra».

En un mensaje grabado que fue emitido en el marco de la apertura del encuentro por el 20 aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el mandatario enfatizó la necesidad de mejorar la distribución del ingreso, pese a que la economía «sigue generando trabajo formal de un modo significativo».

«No estamos contentos porque todavía hay un número muy importante de argentinos que no han logrado captar esa ventaja, esas ganancias que se están dando», subrayó, al tiempo que cuestionó a las productoras de alimentos por no «desacoplar suficientemente los precios internacionales de los internos» y no haber logrado que «se asocien al conjunto de los argentinos».

En ese sentido, señaló que, de los «tres pilares» del programa económico gubernamental, «venimos cumpliendo con el aumento de la producción y del trabajo formal, pero nos está costando mucho terminar con la desigualdad».

Gremiales

La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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