El Gobierno libertario oficializó este lunes el marco regulatorio de un nuevo mecanismo que apunta a sustituir las indemnizaciones laborales tradicionales por un sistema de fondos privados de inversión. A través de la Resolución General 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se habilita la creación de los llamados “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, instrumentos financieros que podrían ser contratados por empresas y trabajadores como alternativa al régimen indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aunque desde el oficialismo aseguran que se trata de una medida voluntaria, su implementación en el marco de las nuevas reglas impuestas por la Ley Bases genera fuertes cuestionamientos en el mundo laboral. Sindicatos y especialistas advierten que el nuevo sistema implica una “deslaboralización” de las relaciones de trabajo y abre la puerta a una privatización del costo del despido, con potenciales perjuicios para los empleados despedidos.

Un nuevo esquema de “cese laboral” con fondos privados

El fondo, presentado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, surge del artículo 96 de la Ley Bases 27.742 y apunta a que, mediante convenios colectivos, los sectores puedan acordar su propio “sistema de cese” que reemplace el actual esquema de indemnizaciones por despido.

“La participación es voluntaria tanto para empresas como trabajadores”, afirmó Sturzenegger, quien elogió el modelo al considerarlo “beneficioso para ambas partes”. Sin embargo, el contexto general de flexibilización laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva hacen dudar de cuán “voluntaria” será esa adhesión en los hechos.

Los nuevos productos financieros que propone el Gobierno se canalizarán mediante dos formas principales: Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), que estarán bajo control de la CNV.

¿Qué cambia con estos instrumentos?

En términos prácticos, el nuevo modelo implica que las indemnizaciones no saldrán de una obligación directa del empleador en el momento del despido, sino de un fondo previamente constituido y alimentado con aportes periódicos. La letra chica revela aspectos que preocupan:

• Las empresas podrán definir libremente, con el aval de los gremios, el porcentaje o monto fijo que aportarán. No hay garantía de que ese fondo cubra el total que correspondería por despido bajo la ley vigente.
• Los fondos son inembargables por deudas de empleadores y trabajadores, y estarán a cargo de entidades financieras que manejarán el dinero con criterios de “inversión adecuada”.
• Una vez cesada la relación laboral, el trabajador accedería al monto acumulado en función de condiciones que no quedan del todo claras en la norma.
• Los instrumentos deberán evitar concentraciones sectoriales superiores al 30% del patrimonio, lo que apunta a cierta diversificación de riesgo, aunque no garantiza la estabilidad de los fondos.

El modelo desplaza el riesgo económico del empleador al mercado financiero, y por extensión, al trabajador. La protección ante el despido deja de ser una obligación patronal inmediata y se transforma en una inversión sujeta a rentabilidad, administración y eventual volatilidad.

Críticas sindicales y advertencias sobre el “modelo chileno”

Si bien el Gobierno intenta presentarlo como un “modelo moderno”, sectores sindicales y laborales señalan que la iniciativa recuerda al esquema de capitalización individual impuesto en Chile durante la dictadura de Pinochet. Allí, las “AFPs” (Administradoras de Fondos de Pensiones) reemplazaron el sistema público de reparto con consecuencias ampliamente cuestionadas.

“Están convirtiendo la indemnización en un fondo privado, que además va a estar manejado por el mercado financiero, con riesgo de pérdida real del poder adquisitivo. Esto no protege al trabajador, lo expone”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Además, los comités de inversión o asesores previstos no podrán tener relación con sindicatos y deberán ser aprobados por la CNV, lo que restringe la participación gremial en el control de los fondos que pertenecen, en última instancia, a los trabajadores.

“Flexibilidad” para quién

El modelo impulsado por Sturzenegger se enmarca en una política general de desregulación laboral, que incluye la eliminación de multas por falta de registración, la restricción de la ultraactividad de los convenios y la reducción de la protección contra el despido arbitrario. Bajo este panorama, la “voluntariedad” del fondo parece más un recurso discursivo que una realidad concreta en el ámbito laboral.

El uso de productos financieros como sustituto de derechos laborales pone en duda la estabilidad de un sistema que, hasta ahora, garantizaba la indemnización como un derecho adquirido y obligatorio para el empleador. La incertidumbre sobre la rentabilidad futura y la posibilidad de que empresas incumplan los aportes plantean interrogantes urgentes para un mercado laboral ya precarizado.

Puntos clave:

• El Gobierno reglamentó un fondo privado como alternativa a la indemnización por despido.
• Se implementará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.
• Los aportes serán definidos por cada convenio colectivo, sin mínimos establecidos por ley.
• Los sindicatos advierten que se trata de una “privatización del despido”.
• El sistema transfiere el riesgo del empleador al mercado financiero y al trabajador.