Gremiales
Consejo del Salario: la CGT y CTAA quieren un piso que cubra la canasta básica
Los gremialistas reclamarán este miércoles a la cartera de trabajo, más de 45 mil pesos y en un solo tramo, ya que «es imposible convenir un ingreso inferior sobre la base del actual valor del mínimo, de apenas 16.875 pesos».
La CGT y la CTA Autónoma reclamarán este miércoles en el encuentro del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, convocado por el Ministerio de Trabajo, un aumento del ingreso mínimo que cubra el valor de la canasta básica, es decir más de 45 mil pesos, según confirmaron las fuentes sindicales de ambas centrales obreras.
En tanto, la CTA que conduce el dirigente docente Hugo Yasky no determinó todavía una posición, ya que aguarda la finalización y entrega de un estudio al respecto, que elabora el Centro de Investigación y Formación (Cifra), informaron sus voceros.
Por primera vez desde su constitución, el organismo que determina el ingreso mínimo y en el que participan la CGT, ambas CTA y las cámaras empresarias de todas las actividades deliberará vía zoom por la pandemia de coronavirus, por lo que tanto fuentes oficiales como sindicales estimaron que el debate podría prolongarse dos días.
Héctor Daer, cotitular de la CGT, afirmó en la víspera que los representantes sindicales de la central exigirán un aumento del valor mínimo de más de 45 mil pesos a partir del costo de la canasta básica, según confiaron algunos integrantes del consejo directivo.
«Como todos los años y, en especial en el contexto del atípico 2020, las cámaras empresarias seguro se quejarán por los efectos generados por la grave emergencia sanitaria en todas las actividades, el empleo y la producción, y ofrecerán lo mínimo indispensable y en cuotas, lo que será rechazado», afirmó un dirigente de la CGT.
«La aplicación de un 30 por ciento sobre los actuales 16.875 pesos de mínimo implicaría un aumento de solo 5.062 pesos, lo que es inaceptable», señaló peidro.
Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) que Daer colidera con Carlos Acuña, como la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, coincidieron en señalar que los gremialistas reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, ya que «es imposible convenir un ingreso inferior sobre la base del actual valor del mínimo, de apenas 16.875 pesos».
Peidro -titular de la central y dirigente de los visitadores médicos- explicó que a agosto de 2020 el valor de la canasta básica -que siempre debió determinar el Consejo y nunca lo hizo- ascendió a 46.460 pesos, y sostuvo que según un estudio actualizado elaborado por la CTAA, en «el último quinquenio el haber mínimo perdió un 35,7 por ciento, y más del 29,5 por ciento ocurrió desde 2018».
«Si se elevase del actual valor a 26.247 pesos, el nuevo mínimo cubriría el 56 por ciento de la canasta básica. Sin embargo, y atento a la realidad nacional, podría aceptarse ese aumento solo si el Gobierno y los empresarios se avienen a discutir mejoras trimestrales o cuatrimestrales. El Consejo debería funcionar todo el año», señaló Peidro.
«el deterioro fue muy grande, por lo que es preciso convenir la actualización del mínimo de forma trimestral o cuatrimestral y no anual», dijo meguira de la ctaa.
Para el dirigente y el director del Departamento Jurídico de la CTAA, Horacio Meguira, «el deterioro fue muy grande, por lo que es preciso convenir la actualización del mínimo de forma trimestral o cuatrimestral y no anual», a la vez que se pronunciaron por «el real funcionamiento de las comisiones y subcomisiones, que solo cumplieron su verdadero rol durante poco menos de un año y medio durante la gestión de Carlos Tomada».
Para Peidro, el ingreso mínimo debe también extenderse a los trabajadores de casas particulares, empleados rurales y algunos sectores de la administración pública, como también al personal que cumple «tareas de cuidado», a la vez que aseguró que la CTAA rechazará una propuesta colectiva de las cámaras que «no satisfaga las necesidades».
«La aplicación de un 30 por ciento sobre los actuales 16.875 pesos de mínimo implicaría un aumento de solo 5.062 pesos, lo que es inaceptable, porque además los empresarios -como siempre- se escudarán ahora en la pandemia para proponer su pago en varios tramos, lo que resultaría todavía más inaceptable de convenir», señaló.
El sindicalista además rechazó que el Consejo del Salario no haya determinado «en todos estos años qué es y cuánto vale una canasta básica», por lo que convocó a «un gran debate para hallar consensos entre todos los actores sobre lo que significa».
La cartera laboral que encabeza el ministro Claudio Moroni convocó a sindicalistas y empresarios para dos sesiones virtuales del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para las 15 y 16.30 del miércoles -aunque los voceros oficiales auguraron dos días de maratónicos debates- para fijar el nuevo ingreso y también los montos mínimos y máximos de las prestaciones por desempleo.
La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, decidió de forma unilateral -vía laudo- ante las desavenencias entre sindicalistas y patrones una suba del 35 por ciento, por lo que el salario pasó entonces de 12.500 pesos a los actuales 16.875 pesos en tres tramos. Entonces, el aumento fue escalonado y aplicable en agosto, septiembre y octubre de 2019 para el personal del sector privado y de la administración pública.
El beneficio alcanza a los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa de labor y, en el último encuentro de septiembre de 2019, los empleadores propusieron una mejora del 25 por ciento y un adicional del 5 por ciento no acumulativo desde noviembre y, los sindicalistas, exigieron un haber integral de 31.934 pesos.
Ante la ausencia de acuerdo, Producción y Trabajo elevó a través de la figura del «laudo» -una potestad de la cartera laboral cuando no hay consenso- el mínimo salarial que debe percibir un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado y con jornada legal completa. El aumento para el salario mínimo no alcanza al personal encuadrado en los convenios colectivos de trabajo y a los beneficiarios de aquella prestación por desempleo.
El Consejo Nacional del Salario Mínimo, que fue creado por la Ley 24.013 y sus modificatorias, sesionará en encuentros plenarios mediante plataforma virtual, y su titular es el ministro Moroni, según el decreto 91 del 20 de enero último.
Gremiales
El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento
El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.
Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei
Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.
El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.
Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.
El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.
«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle
Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.
En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.
A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.
El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones
El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).
Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.
Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.
El Congreso presiona al Ejecutivo
La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.
Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.
El ajuste sobre los jubilados, en números
El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.
Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.
Puntos clave
- Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
- Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
- El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
- La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
- La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.
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