A través de una nota enviada al jefe de Gabinete, Juan Manzur, con copia al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el anuncio realizado ayer por la ministra de Economía, Silvina Batakis, en el que declaró la suspensión de ingresos al Estado.

En la nota, ATE expresó, que quienes desempeñan sus funciones hace más de cinco o diez años como contratados no son agentes ingresantes a la Administración Pública Nacional, y que la regularización de su relación laboral implica solo un cambio de la modalidad transitoria a la permanente.

Además, dado que la Ley Marco de Empleo Público plantea un período de prueba de 12 meses para la adquisición de la estabilidad plena para las personas que se incorporan al ámbito estatal, desde el sindicato de estatales se planteó que la regularización del empleo no puede ser medida con idéntico criterio, por lo que se requiere una adecuación normativa.

Otro punto tiene que ver con la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional conduzca los esfuerzos necesarios para garantizar una pauta salarial superadora de la inflación y que permita una sustantiva recuperación de los haberes de les trabajadores estatales.

El texto completo de la nota de ATE a Manzur

AL SR. JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN
DR. JUAN LUIS MANZUR

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), asociación sindical de primer grado, con personería gremial n.° 2 y domicilio legal en la Av. Belgrano 2527 de esta ciudad, ante Ud. nos presentamos y respetuosamente decimos:

Que el 15 de diciembre de 2020, en el marco de un acto de Gobierno, se anunció el lanzamiento del Plan Integral de Regularización del Empleo Público y se presentó el aplicativo ConcursAR 2.0, con el objetivo de que les trabajadores contratades que prestaban servicios desde al menos 5 años o más pudieran pasar a la planta permanente. En ese entonces, se estipulaba “regularizar cargos a través de concursos a razón de 10.000 por año”.

Que en oportunidad de la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa n.° 449/21 -el 10 de mayo de 2021-, que incorporó y asignó los cargos vacantes de planta permanente en cada organismo para la ejecución del plan, se informó que su primera etapa contemplaba “la regularización de los cargos ocupados en forma transitoria desde hace más de 10 años. Esto permitirá que se concursen, en 2021, un total de 8330 cargos en 65 organismos y jurisdicciones”.

Que al día de la fecha, ese objetivo no se logró en tiempo y forma por diversos retrasos e inconvenientes de implementación, lo cual implica un grave riesgo para el cumplimiento del acuerdo que representa el Plan Integral de Regularización del Empleo Público para con nuestra organización sindical y les trabajadores estatales.

Que dado que los plazos siguen corriendo y el tiempo para concretar los pases a planta permanente se agota, es urgente avanzar en los acuerdos paritarios necesarios para adecuar las herramientas de los convenios colectivos de trabajo que permitan simplificar y acelerar los concursos en pos de garantizar el acceso a la planta permanente y la estabilidad de les trabajadores en el menor tiempo posible. Ello lo planteamos en una nota que le dirigimos al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Claudio Moroni, y a la secretaria de Gestión y Empleo Público, Dra. Ana Castellani, el 12 de mayo del año en curso; también lo dejamos asentado en oportunidad de la reunión de la Paritaria Nacional 2022 -que tuvo lugar el 1 de junio-; y que reiteramos en la presente.

Que si bien valoramos la conformación de la comisión de seguimiento de procesos concursales -que se acordó en la citada paritaria y sesionó por primera vez recientemente-, la cual permite identificar las dificultades en los avances de la regularización del empleo y darles seguimiento y trazabilidad para resolverlas con mayor celeridad, es urgente arribar a los acuerdos y adecuaciones mencionadas anteriormente porque en el actual estado de situación, no se llegará a la meta acordada.

Que la Ley Marco de Empleo Público plantea un período de prueba de 12 meses para la adquisición de la estabilidad plena para las personas que se incorporaron al ámbito estatal; y por lo tanto, la regularización del empleo de les agentes con más de cinco años de trabajo no puede ser medida con idéntico criterio, requiriendo entonces una adecuación normativa. Queremos ser categóricos en este sentido: les trabajadores que desempeñan sus funciones hace más de cinco o diez años como contratades no son agentes ingresantes a la Administración Pública Nacional. La regularización de su relación laboral implica solo un cambio de la modalidad transitoria a la permanente.

Que de igual manera, es necesario que en aquellas entidades y jurisdicciones donde aplica la Ley n.° 20.744 de Contrato de Trabajo, les trabajadores puedan acceder a la estabilidad laboral celebrando contrataciones a tiempo indeterminado, en los casos que eso todavía no estuviese realizado. Y asimismo, en el marco del Convenio General de Trabajo para la Administración Pública Nacional -homologado por el Decreto n.° 214/06- avanzar en la regularización de les compañeres contratades bajo las diversas modalidades de monotributo.

Que además, el panorama económico, tensionado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y crispado por la batalla contra la distribución equitativa de la riqueza desplegada por los grupos económicos y sus medios hegemónicos, provoca una inflación creciente, trasladada a bienes, servicios – y que se hace aún más crítica en productos alimenticios- pulverizando el salario de les estatales. Estos mezquinos intereses prefiguran escenarios de ajuste creciente contra el Pueblo en su conjunto.

Que en ese contexto, seguimos sosteniendo que el Poder Ejecutivo Nacional debe conducir todos los esfuerzos necesarios para garantizar una pauta salarial superadora de la inflación y que permita una sustantiva recuperación de los haberes de les trabajadores estatales, en un marco de justicia social y equidad distributiva. Para ello, y entre otras medidas por adoptar, solicitamos el adelantamiento de la revisión de la Paritaria Nacional 2022 (prevista para octubre del año en curso) y el reconocimiento de las características de los diversos colectivos laborales para construir e implementar mejoras salariales inyectando una suma que permita sacar a los salarios estatales debajo de la línea de pobreza, determinando así la orientación de las funciones esenciales del Estado al servicio de las mayorías populares. Un Estado más eficaz y eficiente requiere de la jerarquización de sus trabajadores, con salarios dignos y estabilidad laboral.

Hugo Godoy, Secretario General

Flavio Waldemar Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva del Estado Nacional