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Represión

Nuevo protocolo represivo de Bullrich: criminalizan las protestas y priorizan a las empresas

La ministra de Seguridad refuerza su política de persecución y represión hacia los trabajadores y cercena el derecho a la protesta.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.

El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, reglamentó un nuevo protocolo que atenta contra el derecho constitucional a huelga y criminaliza la protesta social. A través de la resolución 901/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca frenar cualquier bloqueo frente a fábricas o empresas en todo el país, restringiendo la posibilidad de manifestarse y priorizando, una vez más, los intereses empresariales por sobre los derechos de los trabajadores.

Qué es el bloqueo según el Protocolo

El documento oficial define como «bloqueo» a “cualquier maniobra, dispositivos, vallado u obstáculos de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”. Esta normativa habilita el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país para disolver estas manifestaciones.

Denuncias y represión: la nueva herramienta del gobierno contra la protesta

El nuevo protocolo establece que las fuerzas de seguridad podrán intervenir rápidamente en caso de que se detecten bloqueos o manifestaciones que afecten el normal funcionamiento de una empresa. Además, el Ministerio de Seguridad habilitó varios canales de denuncias para facilitar la represión de los trabajadores: WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas. Una vez recibida la denuncia, “será el Ministerio de Seguridad el encargado de evaluar la verosimilitud de la denuncia” y, si corresponde, se ordenará el despliegue de las fuerzas policiales.

Con este protocolo, Bullrich refuerza la persecución de cualquier tipo de protesta que pueda afectar a las empresas, priorizando la intervención policial en lugar de buscar soluciones a los conflictos laborales. El gobierno no solo criminaliza la protesta, sino que también habilita la rápida judicialización de los manifestantes, ya que se obliga a las fuerzas de seguridad a “recabar pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente”.

Prioridad a las empresas, represión a los trabajadores

El gobierno de Javier Milei y Bullrich sigue consolidando una política de represión y ajuste que golpea directamente a los trabajadores. Mientras se profundiza la precarización laboral y la inflación sigue erosionando los salarios, el Estado responde con protocolos que buscan acallar las demandas sociales y limitar la protesta. En lugar de atender los reclamos, se fomenta la persecución y el castigo, asegurando que las empresas mantengan su productividad a cualquier costo.

Esta normativa atenta contra el derecho fundamental a huelga, garantizado por la Constitución Nacional, y coloca en el centro del debate la confrontación entre el poder empresarial y las organizaciones gremiales. En un contexto de creciente tensión social, donde los trabajadores enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias, el Estado optó por facilitar la represión en lugar de abrir canales de diálogo.

Las políticas de Bullrich profundizan el modelo de violencia institucional que afecta a quienes deciden luchar por mejores condiciones laborales. En lugar de buscar soluciones que mejoren las condiciones de vida de la población, el gobierno insiste en desmantelar los derechos conquistados y garantizar la tranquilidad del sector empresarial.

DDHH

Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto

El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.

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Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.
El Argentino Diario-Niña gaseada por la policía en represión en el Congreso.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.

Un ataque registrado en video

El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.

El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.

La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.

Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.

La defensa dice que no la vio

Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.

Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.

Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.

Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado

La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.

Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El reglamento y la mínima fuerza necesaria

Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

Qué se juzga y qué queda afuera

El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.

Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.

Lo que tenés que saber

  • El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
  • Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
  • El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
  • La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
  • La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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