Conectate con El Argentino

Represión

Nuevo protocolo represivo de Bullrich: criminalizan las protestas y priorizan a las empresas

La ministra de Seguridad refuerza su política de persecución y represión hacia los trabajadores y cercena el derecho a la protesta.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Patricia Bullrich.

El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, reglamentó un nuevo protocolo que atenta contra el derecho constitucional a huelga y criminaliza la protesta social. A través de la resolución 901/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca frenar cualquier bloqueo frente a fábricas o empresas en todo el país, restringiendo la posibilidad de manifestarse y priorizando, una vez más, los intereses empresariales por sobre los derechos de los trabajadores.

Qué es el bloqueo según el Protocolo

El documento oficial define como «bloqueo» a “cualquier maniobra, dispositivos, vallado u obstáculos de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”. Esta normativa habilita el despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país para disolver estas manifestaciones.

Denuncias y represión: la nueva herramienta del gobierno contra la protesta

El nuevo protocolo establece que las fuerzas de seguridad podrán intervenir rápidamente en caso de que se detecten bloqueos o manifestaciones que afecten el normal funcionamiento de una empresa. Además, el Ministerio de Seguridad habilitó varios canales de denuncias para facilitar la represión de los trabajadores: WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas. Una vez recibida la denuncia, “será el Ministerio de Seguridad el encargado de evaluar la verosimilitud de la denuncia” y, si corresponde, se ordenará el despliegue de las fuerzas policiales.

Con este protocolo, Bullrich refuerza la persecución de cualquier tipo de protesta que pueda afectar a las empresas, priorizando la intervención policial en lugar de buscar soluciones a los conflictos laborales. El gobierno no solo criminaliza la protesta, sino que también habilita la rápida judicialización de los manifestantes, ya que se obliga a las fuerzas de seguridad a “recabar pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente”.

Prioridad a las empresas, represión a los trabajadores

El gobierno de Javier Milei y Bullrich sigue consolidando una política de represión y ajuste que golpea directamente a los trabajadores. Mientras se profundiza la precarización laboral y la inflación sigue erosionando los salarios, el Estado responde con protocolos que buscan acallar las demandas sociales y limitar la protesta. En lugar de atender los reclamos, se fomenta la persecución y el castigo, asegurando que las empresas mantengan su productividad a cualquier costo.

Esta normativa atenta contra el derecho fundamental a huelga, garantizado por la Constitución Nacional, y coloca en el centro del debate la confrontación entre el poder empresarial y las organizaciones gremiales. En un contexto de creciente tensión social, donde los trabajadores enfrentan condiciones laborales cada vez más precarias, el Estado optó por facilitar la represión en lugar de abrir canales de diálogo.

Las políticas de Bullrich profundizan el modelo de violencia institucional que afecta a quienes deciden luchar por mejores condiciones laborales. En lugar de buscar soluciones que mejoren las condiciones de vida de la población, el gobierno insiste en desmantelar los derechos conquistados y garantizar la tranquilidad del sector empresarial.

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

Publicado hace

#

El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo