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Astiz, Acosta y Von Wernich: la Corte abre la puerta para que los últimos represores salgan de la cárcel

Mediante la Acordada 21/2026, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo para evaluar si los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden recibir tratamiento médico en la cárcel. La medida abre una puerta para ampliar las prisiones domiciliarias, en un universo donde ya hay 440 represores fuera de las rejas sobre un total de 519 imputados.

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El Argentino Diario-Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia dio un paso que encendió las alarmas en el campo de los derechos humanos. A través de la Acordada 21/2026, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo médico destinado a sistematizar los criterios de evaluación de la salud de los detenidos en establecimientos penitenciarios.

El objetivo declarado es brindar a los magistrados «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud». Aunque la medida no se circunscribe formalmente a los casos de lesa humanidad, su impacto más inmediato recaerá sobre ese universo de imputados.

Qué establece el protocolo

Según la resolución, el protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las «condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento». La Corte fundamentó su decisión en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». La herramienta jurídica es, en apariencia, garantista.

Sin embargo, su aplicación práctica en el contexto de las causas de crímenes contra la humanidad genera un interrogante político y ético de primer orden: ¿quiénes serán los principales beneficiarios de un mecanismo diseñado para facilitar las domiciliarias?

El mapa de la impunidad: 440 sobre 519

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad iluminan el contexto con una precisión que no admite ambigüedades. De las 519 personas detenidas en causas por delitos de lesa humanidad, 440 ya cuentan con arresto domiciliario. Solo 18 permanecen en el sistema penitenciario federal y 61 en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo. En términos porcentuales, casi el 85% de los imputados por crímenes de la dictadura cumplen su detención fuera de la cárcel.

El nuevo protocolo de la Corte apunta precisamente al universo que permanece detenido en prisión. Entre los nombres más conocidos que aún se encuentran en establecimientos penitenciarios figuran Alfredo Astiz, el ex agente de la Armada apodado «Ángel de la Muerte», responsable de infiltrar y entregar a las Madres de Plaza de Mayo; Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA y figura central del exterminio durante la última dictadura; y Christian Federico von Wernich, ex capellán policial condenado por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas en la provincia de Buenos Aires.

Una decisión en un clima político que no es neutro

La acordada se conoce en un contexto político cargado. El actual gobierno de Javier Milei ha mostrado gestos reiterados de acercamiento simbólico con sectores que reivindican o relativizan el terrorismo de Estado, incluyendo la imagen pública de legisladores de La Libertad Avanza en encuentros con represores condenados. En ese marco, la iniciativa de la Corte de sistematizar criterios médicos para la prisión domiciliaria no puede leerse en abstracto.

Organismos de derechos humanos y sectores de la abogacía vinculados a las causas de lesa humanidad advierten que la medida, aunque formalmente enmarcada en garantías constitucionales, puede convertirse en un instrumento para acelerar la salida del sistema carcelario de los pocos represores que aún permanecen en prisión. La brecha entre el enunciado garantista y sus efectos concretos sobre condenados por crímenes contra la humanidad es el nudo político central del debate que viene.

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Murió Patricia Walsh, la diputada que impulsó anular las “leyes de impunidad”

Hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, tenía 74 años. Su proyecto abrió el camino a la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida y permitió reabrir los juicios por crímenes de la dictadura.

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Retrato oficial de Patricia Walsh, exdiputada nacional

Patricia Walsh, la exdiputada que presentó el proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, murió este jueves a los 74 años. Estaba internada en la clínica Suizo Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido operada de una afección pulmonar; según la información difundida, su cuadro se complicó con una neumonía. Sus allegados no informaron todavía dónde será despedida.

Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, y hermana de María Victoria “Vicky” Walsh, asesinada en el operativo de la calle Corro, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta sus últimos meses fue querellante en el juicio por la muerte de su hermana.

La ley que reabrió los juicios

Walsh llegó a la Cámara de Diputados en 2001, electa por la Ciudad de Buenos Aires al frente de la lista de Izquierda Unida. A principios de 2002 presentó el primer proyecto para declarar nulas las leyes de impunidad, que no consiguió quórum hasta agosto de 2003, cuando Néstor Kirchner ordenó al bloque justicialista habilitar el tratamiento.

El 12 de agosto de 2003 Diputados aprobó la nulidad y el 21 de agosto el Senado sancionó la Ley 25.779, que declaró “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521. Kirchner la promulgó el 2 de septiembre y, en junio de 2005, la Corte Suprema declaró inconstitucionales ambas leyes y validó su nulidad, lo que permitió reabrir los juicios a cientos de represores.

En su paso por Diputados presentó 23 proyectos. El último, en septiembre de 2005, buscó declarar persona no grata al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por “su responsabilidad en el sufrimiento que padece el pueblo de Irak”.

Una militancia que empezó en los 70

Nacida en Buenos Aires en 1952, estudió en la Universidad Nacional de La Plata durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y militó en la Juventud Trabajadora Peronista y la Agrupación Evita. Trabajó como periodista desde los 17 años y, tras el triunfo de Héctor Cámpora, se sumó al diario Noticias, ligado a Montoneros, donde su padre dirigía la sección Policiales.

Después del cierre de ese diario trabajó en el área de prensa del INTI, donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y fue reincorporada en 1984. El 29 de septiembre de 1976, su hermana Vicky murió en el operativo de la calle Corro, en Villa Luro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros. En marzo de 1977, un día después de difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas de la ESMA y permanece desaparecido.

Con la democracia denunció ante la Conadep la desaparición de su padre y se involucró en la causa ESMA, de cuya megacausa fue querellante. En los años 90 se sumó a la agrupación HIJOS.

Candidata y legisladora

En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida y en 2000 se postuló a jefa de Gobierno porteño. En 2007 fue electa legisladora de la Ciudad y ejerció el cargo hasta 2010; más tarde integró Proyecto Sur y el Frente Camino Popular.

Su último testimonio

El juicio por la masacre de la calle Corro empezó el 18 de marzo ante el Tribunal Oral Federal 7, con seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército como acusados. En mayo, Walsh declaró ante el tribunal. Según su testimonio difundido por la prensa, dijo: “El operativo fue tan ilegal que entregaron el cuerpo de mi hermana sin autopsia. Todo era ilegal: la dictadura, el operativo, todo. No solo eran asesinos; también eran ladrones. Sacarle el anillo a una muchacha muerta o arrancarle un collar del cuello es algo difícil de comprender”.

“Mi hermana fue asesinada. Amaba ser mamá. Sabía, sin embargo, que corría el riesgo de ser torturada, igual que su hija Tolita, si era detenida. Estoy orgullosa de mi hermana y de mi padre porque lucharon contra la dictadura”, agregó. Y cerró: “Un país sin justicia, es un país sin futuro”.

Lo que tenés que saber:

  • Patricia Walsh murió a los 74 años en la clínica Suizo Argentina.
  • Presentó el proyecto que derivó en la Ley 25.779, que anuló el Punto Final y la Obediencia Debida.
  • Diputados aprobó la nulidad el 12 de agosto de 2003 y el Senado la sancionó el 21 de agosto.
  • Era hija de Rodolfo Walsh y hermana de Vicky, asesinada en la calle Corro en 1976.
  • En mayo declaró como querellante en el juicio por la masacre de la calle Corro.
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