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Astiz, Acosta y Von Wernich: la Corte abre la puerta para que los últimos represores salgan de la cárcel

Mediante la Acordada 21/2026, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo para evaluar si los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden recibir tratamiento médico en la cárcel. La medida abre una puerta para ampliar las prisiones domiciliarias, en un universo donde ya hay 440 represores fuera de las rejas sobre un total de 519 imputados.

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El Argentino Diario-Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia dio un paso que encendió las alarmas en el campo de los derechos humanos. A través de la Acordada 21/2026, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo médico destinado a sistematizar los criterios de evaluación de la salud de los detenidos en establecimientos penitenciarios.

El objetivo declarado es brindar a los magistrados «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud». Aunque la medida no se circunscribe formalmente a los casos de lesa humanidad, su impacto más inmediato recaerá sobre ese universo de imputados.

Qué establece el protocolo

Según la resolución, el protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las «condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento». La Corte fundamentó su decisión en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». La herramienta jurídica es, en apariencia, garantista.

Sin embargo, su aplicación práctica en el contexto de las causas de crímenes contra la humanidad genera un interrogante político y ético de primer orden: ¿quiénes serán los principales beneficiarios de un mecanismo diseñado para facilitar las domiciliarias?

El mapa de la impunidad: 440 sobre 519

Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad iluminan el contexto con una precisión que no admite ambigüedades. De las 519 personas detenidas en causas por delitos de lesa humanidad, 440 ya cuentan con arresto domiciliario. Solo 18 permanecen en el sistema penitenciario federal y 61 en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo. En términos porcentuales, casi el 85% de los imputados por crímenes de la dictadura cumplen su detención fuera de la cárcel.

El nuevo protocolo de la Corte apunta precisamente al universo que permanece detenido en prisión. Entre los nombres más conocidos que aún se encuentran en establecimientos penitenciarios figuran Alfredo Astiz, el ex agente de la Armada apodado «Ángel de la Muerte», responsable de infiltrar y entregar a las Madres de Plaza de Mayo; Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA y figura central del exterminio durante la última dictadura; y Christian Federico von Wernich, ex capellán policial condenado por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas en la provincia de Buenos Aires.

Una decisión en un clima político que no es neutro

La acordada se conoce en un contexto político cargado. El actual gobierno de Javier Milei ha mostrado gestos reiterados de acercamiento simbólico con sectores que reivindican o relativizan el terrorismo de Estado, incluyendo la imagen pública de legisladores de La Libertad Avanza en encuentros con represores condenados. En ese marco, la iniciativa de la Corte de sistematizar criterios médicos para la prisión domiciliaria no puede leerse en abstracto.

Organismos de derechos humanos y sectores de la abogacía vinculados a las causas de lesa humanidad advierten que la medida, aunque formalmente enmarcada en garantías constitucionales, puede convertirse en un instrumento para acelerar la salida del sistema carcelario de los pocos represores que aún permanecen en prisión. La brecha entre el enunciado garantista y sus efectos concretos sobre condenados por crímenes contra la humanidad es el nudo político central del debate que viene.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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