La tensión entre el gobierno argentino y la comunidad empresarial internacional escaló a un nuevo nivel esta semana, cuando importantes representantes del empresariado estadounidense manifestaron públicamente su rechazo al nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La medida, anunciada está semana por Javier Milei, fue calificada por los empresarios como «un grave retroceso institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica necesaria para las inversiones extranjeras.

Alarma en los mercados y advertencias sobre seguridad jurídica

La Cámara de Comercio de Estados Unidos para Argentina (AmCham) emitió un comunicado contundente donde expresó su «profunda preocupación» por la decisión presidencial. «El respeto a la división de poderes y la independencia judicial son pilares fundamentales para cualquier economía que busque atraer inversiones sostenibles», señaló Thomas Moore, presidente de AmCham, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

El documento, respaldado por más de 100 empresas estadounidenses con operaciones en Argentina, advirtió que «las decisiones que debilitan la institucionalidad envían señales negativas a los mercados internacionales en un momento crítico para la economía argentina».

Fuentes cercanas a la embajada estadounidense confirmaron a este medio que el Departamento de Estado sigue con atención la situación, y no descartaron que el tema sea incluido en la próxima reunión bilateral entre ambos países.

Antecedentes históricos y el contexto institucional argentino

El intento de Milei no es el primero en la historia argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se amplió el número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9 mediante la ley 23.774, lo que permitió la conformación de la llamada «mayoría automática» favorable al Ejecutivo. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que aquella modificación siguió los canales institucionales establecidos, mientras que la actual iniciativa utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la medida como «un ataque directo a la República» y recordó que «incluso durante la crisis de 2001-2002, con estado de sitio mediante, se respetaron los mecanismos constitucionales para designar magistrados».

Los datos del Latinobarómetro 2023 muestran que apenas el 22% de los argentinos confía en el Poder Judicial, una de las tasas más bajas de América Latina. Sin embargo, el 78% considera que las decisiones judiciales deben ser independientes del poder político, lo que refleja una paradoja institucional.

Reacciones políticas y repercusiones en el mercado financiero

La oposición en el Congreso ya anunció que rechazará el decreto. «Es inconstitucional designar jueces de la Corte por DNU», afirmó Cristina Kirchner, expresidenta y actual senadora, quien calificó la medida como «un golpe institucional contra el Poder Judicial».

Por su parte, el diputado radical Rodrigo de Loredo señaló que «incluso quienes apoyamos algunas reformas económicas del gobierno no podemos convalidar este atropello institucional».

El impacto en los mercados no se hizo esperar. El riesgo país subió 123 puntos en las 48 horas posteriores al anuncio, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2%, según datos de Bloomberg. JP Morgan actualizó su informe sobre Argentina advirtiendo sobre «riesgos institucionales no contemplados en las proyecciones económicas previas».

La visión del empresariado local frente a la controversia

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se mostró dividida. Mientras algunos directivos respaldaron la «necesidad de reforma judicial», otros expresaron reservas sobre el método. «La forma es tan importante como el fondo cuando hablamos de instituciones», declaró Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Luis Pagani, presidente de Arcor, fue más explícito: «Las inversiones requieren seguridad jurídica y eso significa reglas claras que no cambien por decreto».

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires emitió un comunicado ambiguo donde reconoció «la necesidad de mejorar el funcionamiento de la justicia» pero recordó que «los cambios deben realizarse respetando los mecanismos constitucionales».

Implicaciones para el futuro de las inversiones extranjeras

El rechazo del empresariado estadounidense cobra especial relevancia en un momento en que Argentina busca atraer inversiones para sectores estratégicos como Vaca Muerta, minería de litio y economía del conocimiento.

El Banco Mundial, en su último informe sobre Argentina, destacó que «la incertidumbre institucional podría retrasar decisiones de inversión de largo plazo por parte de compañías internacionales», mientras que Moody’s cambió la perspectiva de la calificación argentina de «estable» a «en revisión» tras conocerse la noticia.

«Las inversiones extranjeras directas en Argentina cayeron un 23% en el último año, frente a un crecimiento del 15% en la región. Decisiones como esta no ayudan a revertir esa tendencia», explicó Martin Redrado, expresidente del Banco Central.

Puntos clave sobre el descontento de empresarios de EEUU:

• Los empresarios estadounidenses rechazaron formalmente el nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema argentina.
• La Cámara de Comercio de EE.UU. para Argentina advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones.
• El riesgo país subió 123 puntos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2% tras el anuncio.
• La oposición en el Congreso anunció que rechazará el decreto por considerarlo inconstitucional.
• Expertos coinciden en que la medida podría retrasar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía y minería.