Inversión
Seguridad jurídica en jaque: Empresarios de EEUU se plantan contra el DNU para la Corte Suprema
La Cámara de Comercio estadounidense advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones tras el controversial anuncio del presidente Milei. Este rechazo se suma a la creciente presión internacional contra la medida que amenaza la división de poderes.
La tensión entre el gobierno argentino y la comunidad empresarial internacional escaló a un nuevo nivel esta semana, cuando importantes representantes del empresariado estadounidense manifestaron públicamente su rechazo al nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
La medida, anunciada está semana por Javier Milei, fue calificada por los empresarios como «un grave retroceso institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica necesaria para las inversiones extranjeras.
Alarma en los mercados y advertencias sobre seguridad jurídica
La Cámara de Comercio de Estados Unidos para Argentina (AmCham) emitió un comunicado contundente donde expresó su «profunda preocupación» por la decisión presidencial. «El respeto a la división de poderes y la independencia judicial son pilares fundamentales para cualquier economía que busque atraer inversiones sostenibles», señaló Thomas Moore, presidente de AmCham, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.
El documento, respaldado por más de 100 empresas estadounidenses con operaciones en Argentina, advirtió que «las decisiones que debilitan la institucionalidad envían señales negativas a los mercados internacionales en un momento crítico para la economía argentina».
Fuentes cercanas a la embajada estadounidense confirmaron a este medio que el Departamento de Estado sigue con atención la situación, y no descartaron que el tema sea incluido en la próxima reunión bilateral entre ambos países.
Antecedentes históricos y el contexto institucional argentino
El intento de Milei no es el primero en la historia argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se amplió el número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9 mediante la ley 23.774, lo que permitió la conformación de la llamada «mayoría automática» favorable al Ejecutivo. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que aquella modificación siguió los canales institucionales establecidos, mientras que la actual iniciativa utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la medida como «un ataque directo a la República» y recordó que «incluso durante la crisis de 2001-2002, con estado de sitio mediante, se respetaron los mecanismos constitucionales para designar magistrados».
Los datos del Latinobarómetro 2023 muestran que apenas el 22% de los argentinos confía en el Poder Judicial, una de las tasas más bajas de América Latina. Sin embargo, el 78% considera que las decisiones judiciales deben ser independientes del poder político, lo que refleja una paradoja institucional.
Reacciones políticas y repercusiones en el mercado financiero
La oposición en el Congreso ya anunció que rechazará el decreto. «Es inconstitucional designar jueces de la Corte por DNU», afirmó Cristina Kirchner, expresidenta y actual senadora, quien calificó la medida como «un golpe institucional contra el Poder Judicial».
Por su parte, el diputado radical Rodrigo de Loredo señaló que «incluso quienes apoyamos algunas reformas económicas del gobierno no podemos convalidar este atropello institucional».
El impacto en los mercados no se hizo esperar. El riesgo país subió 123 puntos en las 48 horas posteriores al anuncio, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2%, según datos de Bloomberg. JP Morgan actualizó su informe sobre Argentina advirtiendo sobre «riesgos institucionales no contemplados en las proyecciones económicas previas».
La visión del empresariado local frente a la controversia
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se mostró dividida. Mientras algunos directivos respaldaron la «necesidad de reforma judicial», otros expresaron reservas sobre el método. «La forma es tan importante como el fondo cuando hablamos de instituciones», declaró Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.
Luis Pagani, presidente de Arcor, fue más explícito: «Las inversiones requieren seguridad jurídica y eso significa reglas claras que no cambien por decreto».
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires emitió un comunicado ambiguo donde reconoció «la necesidad de mejorar el funcionamiento de la justicia» pero recordó que «los cambios deben realizarse respetando los mecanismos constitucionales».
Implicaciones para el futuro de las inversiones extranjeras
El rechazo del empresariado estadounidense cobra especial relevancia en un momento en que Argentina busca atraer inversiones para sectores estratégicos como Vaca Muerta, minería de litio y economía del conocimiento.
El Banco Mundial, en su último informe sobre Argentina, destacó que «la incertidumbre institucional podría retrasar decisiones de inversión de largo plazo por parte de compañías internacionales», mientras que Moody’s cambió la perspectiva de la calificación argentina de «estable» a «en revisión» tras conocerse la noticia.
«Las inversiones extranjeras directas en Argentina cayeron un 23% en el último año, frente a un crecimiento del 15% en la región. Decisiones como esta no ayudan a revertir esa tendencia», explicó Martin Redrado, expresidente del Banco Central.
Puntos clave sobre el descontento de empresarios de EEUU:
- Los empresarios estadounidenses rechazaron formalmente el nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema argentina.
- La Cámara de Comercio de EE.UU. para Argentina advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones.
- El riesgo país subió 123 puntos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2% tras el anuncio.
- La oposición en el Congreso anunció que rechazará el decreto por considerarlo inconstitucional.
- Expertos coinciden en que la medida podría retrasar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía y minería.
Economía 💲
“Sin industria no hay futuro”: contundente cruce de las Pymes a Milei
El presidente de Industriales Pymes Argentinos rechazó los ataques del mandatario contra empresarios nacionales y advirtió que el sector atraviesa caída del consumo, aumento de costos y riesgo de cierre masivo. El reclamo llega un día después de que Capital Humano multara a Fate por no pagar sueldos y en medio de un conflicto industrial que acumula más de tres semanas sin resolución.
★ El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, salió este miércoles 11 de marzo de 2026 a responderle al presidente Javier Milei tras sus declaraciones en la Argentina Week de Nueva York, donde el mandatario calificó de «empresarios prebendarios» a Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate, Aluar) y defendió la apertura importadora como política correcta. La respuesta de Rosato fue directa: «Sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina«, afirmó en declaraciones a la prensa.
El dirigente empresario no atacó al Gobierno en términos políticos pero sí trazó una línea nítida entre el discurso oficial y la realidad que atraviesa el sector: «Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas.»
El pedido que Milei no escuchó en Nueva York
Rosato planteó que la discusión pública debería orientarse en una dirección opuesta a la que eligió el presidente en su discurso neoyorquino. Mientras Milei apuntó contra empresarios por sus nombres e insistió en que los sectores que no se reconviertan ante la apertura importadora «van a ir a pérdida» y «desaparecen», el titular de IPA reclamó exactamente lo contrario: «El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo.»
La postura de Rosato no es una defensa de ningún empresario en particular sino una demanda de política industrial que el Gobierno libertario rechaza por principio ideológico. Para la administración Milei, cualquier protección arancelaria o incentivo productivo constituye una «distorsión» que beneficia a sectores ineficientes a costa de los consumidores. Para las pymes que representan organizaciones como IPA, esa lógica equivale a retirar la red mientras los trapecistas están en el aire.
Un contexto que da la razón al reclamo
Las declaraciones de Rosato se producen en un momento en que los datos verificados acumulados en coberturas previas de este medio trazan un cuadro de deterioro industrial sostenido. La Unión Industrial Argentina (UIA) documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años con corte a noviembre de 2025, un registro que no incluye los 920 despidos de Fate ni los 400 de ARSA, cuya quiebra fue decretada también en febrero de 2026 por el Juzgado Comercial N° 29. A esa lista se suman la quiebra de La Suipachense (140 despedidos) y la situación crítica de Lácteos Verónica, con 700 puestos en riesgo.
El propio gobernador bonaerense Axel Kicillof había descripto ese proceso el 2 de marzo en la Asamblea Legislativa provincial como «un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional» donde «desde que asumió Milei cerraron 30 empresas por día» y «cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado.»
Rosato señaló además que las pymes industriales «representan uno de los pilares de la economía nacional» y consideró fundamental avanzar en «políticas que promuevan la producción, el mercado interno y la competitividad.»
Esa demanda de políticas activas choca frontalmente con un modelo económico que eliminó en febrero de 2026 el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino mediante la Resolución 172/2026 firmada por el ministro Luis Caputo, según datos del Boletín Oficial.
El pedido de diálogo que el Gobierno no habilitó
Rosato convocó a «abrir un diálogo serio» sobre la situación productiva del país, en un contexto donde el único interlocutor oficial para el conflicto más visible del momento, el de Fate, es una Secretaría de Trabajo que lleva tres semanas extendiendo plazos sin producir resultados.
El Ministerio de Capital Humano multó este martes a Fate por no pagar los salarios de la segunda quincena de febrero, pero esa sanción no reabrió la planta ni cambió la postura de la empresa, que ratificó en todas las instancias del conflicto que el cierre definitivo es irreversible.
«La discusión pública debería centrarse en cómo fortalecer el entramado productivo argentino, que es el principal generador de empleo en el país», planteó Rosato. Esa discusión, por ahora, no tiene lugar en la agenda del Gobierno nacional. Lo que tiene lugar es la Argentina Week en Nueva York, donde el presidente promovió inversiones extranjeras el mismo día en que su propio Ministerio multaba a una empresa argentina por no pagarles a sus trabajadores.
Puntos clave
- Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), rechazó este 11 de marzo de 2026 los ataques de Milei contra empresarios nacionales y advirtió que las pymes atraviesan «un momento muy difícil» con reducción de producción, suspensiones y riesgo de cierre masivo, en declaraciones a la prensa.
- Rosato afirmó que «sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina» y reclamó «generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo.»
- La UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025); los despidos de Fate (920) y ARSA (400), producidos en febrero de 2026, no están incluidos en ese registro.
- El mismo día de las declaraciones de Rosato, el Ministerio de Capital Humano había multado a Fate por no pagar sueldos durante la conciliación obligatoria y extendido el plazo por cinco días más, según comunicado oficial del 10 de marzo de 2026.
- La Resolución 172/2026 de Caputo eliminó el 28% de derecho antidumping sobre el foil de aluminio chino el 23 de febrero de 2026, según el Boletín Oficial, en línea directa con el modelo aperturista que Rosato cuestionó. ★
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