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Inversión

Seguridad jurídica en jaque: Empresarios de EEUU se plantan contra el DNU para la Corte Suprema

La Cámara de Comercio estadounidense advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones tras el controversial anuncio del presidente Milei. Este rechazo se suma a la creciente presión internacional contra la medida que amenaza la división de poderes.

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El Argentino Diario-AmCham-Empresarios de EEUU en la Argentina.

La tensión entre el gobierno argentino y la comunidad empresarial internacional escaló a un nuevo nivel esta semana, cuando importantes representantes del empresariado estadounidense manifestaron públicamente su rechazo al nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La medida, anunciada está semana por Javier Milei, fue calificada por los empresarios como «un grave retroceso institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica necesaria para las inversiones extranjeras.

Alarma en los mercados y advertencias sobre seguridad jurídica

La Cámara de Comercio de Estados Unidos para Argentina (AmCham) emitió un comunicado contundente donde expresó su «profunda preocupación» por la decisión presidencial. «El respeto a la división de poderes y la independencia judicial son pilares fundamentales para cualquier economía que busque atraer inversiones sostenibles», señaló Thomas Moore, presidente de AmCham, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

El documento, respaldado por más de 100 empresas estadounidenses con operaciones en Argentina, advirtió que «las decisiones que debilitan la institucionalidad envían señales negativas a los mercados internacionales en un momento crítico para la economía argentina».

Fuentes cercanas a la embajada estadounidense confirmaron a este medio que el Departamento de Estado sigue con atención la situación, y no descartaron que el tema sea incluido en la próxima reunión bilateral entre ambos países.

Antecedentes históricos y el contexto institucional argentino

El intento de Milei no es el primero en la historia argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se amplió el número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9 mediante la ley 23.774, lo que permitió la conformación de la llamada «mayoría automática» favorable al Ejecutivo. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que aquella modificación siguió los canales institucionales establecidos, mientras que la actual iniciativa utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la medida como «un ataque directo a la República» y recordó que «incluso durante la crisis de 2001-2002, con estado de sitio mediante, se respetaron los mecanismos constitucionales para designar magistrados».

Los datos del Latinobarómetro 2023 muestran que apenas el 22% de los argentinos confía en el Poder Judicial, una de las tasas más bajas de América Latina. Sin embargo, el 78% considera que las decisiones judiciales deben ser independientes del poder político, lo que refleja una paradoja institucional.

Reacciones políticas y repercusiones en el mercado financiero

La oposición en el Congreso ya anunció que rechazará el decreto. «Es inconstitucional designar jueces de la Corte por DNU», afirmó Cristina Kirchner, expresidenta y actual senadora, quien calificó la medida como «un golpe institucional contra el Poder Judicial».

Por su parte, el diputado radical Rodrigo de Loredo señaló que «incluso quienes apoyamos algunas reformas económicas del gobierno no podemos convalidar este atropello institucional».

El impacto en los mercados no se hizo esperar. El riesgo país subió 123 puntos en las 48 horas posteriores al anuncio, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2%, según datos de Bloomberg. JP Morgan actualizó su informe sobre Argentina advirtiendo sobre «riesgos institucionales no contemplados en las proyecciones económicas previas».

La visión del empresariado local frente a la controversia

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se mostró dividida. Mientras algunos directivos respaldaron la «necesidad de reforma judicial», otros expresaron reservas sobre el método. «La forma es tan importante como el fondo cuando hablamos de instituciones», declaró Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Luis Pagani, presidente de Arcor, fue más explícito: «Las inversiones requieren seguridad jurídica y eso significa reglas claras que no cambien por decreto».

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires emitió un comunicado ambiguo donde reconoció «la necesidad de mejorar el funcionamiento de la justicia» pero recordó que «los cambios deben realizarse respetando los mecanismos constitucionales».

Implicaciones para el futuro de las inversiones extranjeras

El rechazo del empresariado estadounidense cobra especial relevancia en un momento en que Argentina busca atraer inversiones para sectores estratégicos como Vaca Muerta, minería de litio y economía del conocimiento.

El Banco Mundial, en su último informe sobre Argentina, destacó que «la incertidumbre institucional podría retrasar decisiones de inversión de largo plazo por parte de compañías internacionales», mientras que Moody’s cambió la perspectiva de la calificación argentina de «estable» a «en revisión» tras conocerse la noticia.

«Las inversiones extranjeras directas en Argentina cayeron un 23% en el último año, frente a un crecimiento del 15% en la región. Decisiones como esta no ayudan a revertir esa tendencia», explicó Martin Redrado, expresidente del Banco Central.

Puntos clave sobre el descontento de empresarios de EEUU:

  • Los empresarios estadounidenses rechazaron formalmente el nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema argentina.
  • La Cámara de Comercio de EE.UU. para Argentina advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones.
  • El riesgo país subió 123 puntos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2% tras el anuncio.
  • La oposición en el Congreso anunció que rechazará el decreto por considerarlo inconstitucional.
  • Expertos coinciden en que la medida podría retrasar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía y minería.

Inversión

El show del RIGI: Adorni celebra “la Argentina del futuro” en Mendoza mientras investigan su patrimonio

El jefe de Gabinete inauguró este jueves el Parque Solar El Quemado, en Las Heras, Mendoza, en lo que el Gobierno presentó como el primer proyecto ejecutado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El acto se realizó en plena escalada judicial por la causa de enriquecimiento ilícito que investiga un patrimonio no justificado que supera los 840.000 dólares.

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Entre la foto y la causa judicial: Adorni inaugura el primer proyecto RIGI bajo la sombra de su patrimonio

★ El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó este jueves su agenda oficial e inauguró el Parque Solar Fotovoltaico «El Quemado», ubicado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. El proyecto, con una inversión declarada de 220 millones de dólares, fue presentado por el Gobierno como el primer emprendimiento ejecutado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases (27.742). Adorni estuvo acompañado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por el gobernador provincial, Alfredo Cornejo.

El acto se realizó mientras avanza en la justicia federal la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, en la que el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita reconstruyen una trama patrimonial que supera los 840.000 dólares sin justificación acreditada. La presencia de Adorni en Mendoza buscó también mostrar que el ministro coordinador «sigue siendo la voz del oficialismo», tal como lo determinaron el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El discurso del futuro con sombra judicial

Durante el acto, Adorni calificó el parque solar como «la Argentina del futuro» y cargó contra «los gobiernos que tenían una mirada cortoplacista que minaron el progreso de los argentinos hace décadas», según sus propias declaraciones. El funcionario sostuvo que la gestión Milei ofrece un país «estable y previsible», con una macroeconomía «ordenada» que «no tambalea ante el primer shock externo».

Sin embargo, ese relato de estabilidad contrasta con los datos de organismos públicos y privados. Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en marzo de 2026 una variación interanual del 32,8%, mientras que los servicios públicos acumulan subas superiores al 525% desde diciembre de 2023, de acuerdo con informes del IIEP (UBA-CONICET). El transporte público, en particular, acumula un aumento cercano al 912% en el mismo período.

El RIGI y la soberanía en disputa

El RIGI fue uno de los ejes de la Ley Bases aprobada en 2024 y uno de los puntos más cuestionados por organizaciones gremiales y académicas. El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Roberto Feletti, Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Felisa Miceli, advirtió en un documento publicado el 4 de mayo de 2026 en Radio Gráfica que la política económica del Gobierno subordina la soberanía nacional a las exigencias del FMI y favorece a los sectores más concentrados de la economía, en detrimento del gasto social y los derechos laborales.

El mismo Foro señaló que el ajuste fiscal es la consecuencia directa del acuerdo suscripto por Milei con el FMI en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares, con un desembolso inicial de 12.000 millones, inédito en la historia de este tipo de programas. En ese marco, el RIGI opera como un instrumento de atracción de capitales extranjeros con amplias exenciones impositivas y beneficios regulatorios para grandes inversores, mientras el gasto de capital del Estado cayó un 86% real desde 2023, según los propios datos del Foro.

La «Inocencia Fiscal» y la paradoja del acusado

En su discurso de inauguración, Adorni también celebró la Ley de Inocencia Fiscal como un logro de la gestión, definiéndola como una herramienta para devolverle a los ciudadanos «lo que el Estado les ha intentado confiscar durante tantos años». La paradoja es notable: el mismo funcionario que elogia una ley que, según el Foro Economía y Trabajo, «vació de datos al fisco» y facilitó la evasión y la fuga de capitales, está siendo investigado judicialmente por no poder justificar el origen de un patrimonio superior a los 840.000 dólares.

Esas sospechas incluyen refacciones en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, socio de la empresa Alta Arquitectura, según consta en la causa judicial. El Foro advirtió que la «Inocencia Fiscal» es parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de la capacidad estatal de control tributario, que protege a quienes se beneficiaron del endeudamiento y «deben cargar con el peso del pago», en palabras del propio documento.

YPF en el centro del acto y de la causa

La presencia del CEO de YPF, Horacio Marín, en el acto junto a Adorni no es un dato menor. En el marco de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, la justicia federal también examina posibles triangulaciones mediante contratos de consultoría o servicios con empresas estatales, entre ellas la propia YPF, en los que habría intervenido su esposa, Bettina Angeletti. Esas sospechas aún no fueron confirmadas judicialmente y forman parte del expediente que instruye el juez Lijo.

Marín proyectó en el acto que Argentina podrá exportar «más de 40.000 millones de dólares, y más cerca de 50.000 millones» en energía hacia 2031, según sus propias declaraciones. Las cifras forman parte de una narrativa oficial de largo plazo que choca con el presente inmediato de una economía con más del 30% de inflación interanual en alimentos básicos y transferencias a provincias reducidas un 66% en términos reales desde 2023, según el Foro Economía y Trabajo.

Puntos clave

  • Adorni inauguró el Parque Solar El Quemado en Las Heras, Mendoza, primer proyecto del RIGI, con inversión declarada de US$ 220 millones.
  • El acto se realizó mientras avanza la causa judicial por enriquecimiento ilícito que investiga un patrimonio de más de US$ 840.000 no justificado.
  • El acto busca mostrar que Adorni «sigue siendo la voz del oficialismo» pese a las denuncias judiciales en su contra.
  • Adorni elogió la Ley de Inocencia Fiscal, que el Foro Economía y Trabajo calificó como un mecanismo que «vació de datos al fisco».
  • La presencia de Horacio Marín (YPF) en el acto se produce mientras la justicia investiga posibles triangulaciones con empresas estatales vinculadas al entorno del jefe de Gabinete.
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