Inversión
Seguridad jurídica en jaque: Empresarios de EEUU se plantan contra el DNU para la Corte Suprema
La Cámara de Comercio estadounidense advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones tras el controversial anuncio del presidente Milei. Este rechazo se suma a la creciente presión internacional contra la medida que amenaza la división de poderes.
La tensión entre el gobierno argentino y la comunidad empresarial internacional escaló a un nuevo nivel esta semana, cuando importantes representantes del empresariado estadounidense manifestaron públicamente su rechazo al nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
La medida, anunciada está semana por Javier Milei, fue calificada por los empresarios como «un grave retroceso institucional» que pone en riesgo la seguridad jurídica necesaria para las inversiones extranjeras.
Alarma en los mercados y advertencias sobre seguridad jurídica
La Cámara de Comercio de Estados Unidos para Argentina (AmCham) emitió un comunicado contundente donde expresó su «profunda preocupación» por la decisión presidencial. «El respeto a la división de poderes y la independencia judicial son pilares fundamentales para cualquier economía que busque atraer inversiones sostenibles», señaló Thomas Moore, presidente de AmCham, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.
El documento, respaldado por más de 100 empresas estadounidenses con operaciones en Argentina, advirtió que «las decisiones que debilitan la institucionalidad envían señales negativas a los mercados internacionales en un momento crítico para la economía argentina».
Fuentes cercanas a la embajada estadounidense confirmaron a este medio que el Departamento de Estado sigue con atención la situación, y no descartaron que el tema sea incluido en la próxima reunión bilateral entre ambos países.
Antecedentes históricos y el contexto institucional argentino
El intento de Milei no es el primero en la historia argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se amplió el número de jueces de la Corte Suprema de 5 a 9 mediante la ley 23.774, lo que permitió la conformación de la llamada «mayoría automática» favorable al Ejecutivo. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que aquella modificación siguió los canales institucionales establecidos, mientras que la actual iniciativa utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El constitucionalista Roberto Gargarella calificó la medida como «un ataque directo a la República» y recordó que «incluso durante la crisis de 2001-2002, con estado de sitio mediante, se respetaron los mecanismos constitucionales para designar magistrados».
Los datos del Latinobarómetro 2023 muestran que apenas el 22% de los argentinos confía en el Poder Judicial, una de las tasas más bajas de América Latina. Sin embargo, el 78% considera que las decisiones judiciales deben ser independientes del poder político, lo que refleja una paradoja institucional.
Reacciones políticas y repercusiones en el mercado financiero
La oposición en el Congreso ya anunció que rechazará el decreto. «Es inconstitucional designar jueces de la Corte por DNU», afirmó Cristina Kirchner, expresidenta y actual senadora, quien calificó la medida como «un golpe institucional contra el Poder Judicial».
Por su parte, el diputado radical Rodrigo de Loredo señaló que «incluso quienes apoyamos algunas reformas económicas del gobierno no podemos convalidar este atropello institucional».
El impacto en los mercados no se hizo esperar. El riesgo país subió 123 puntos en las 48 horas posteriores al anuncio, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2%, según datos de Bloomberg. JP Morgan actualizó su informe sobre Argentina advirtiendo sobre «riesgos institucionales no contemplados en las proyecciones económicas previas».
La visión del empresariado local frente a la controversia
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se mostró dividida. Mientras algunos directivos respaldaron la «necesidad de reforma judicial», otros expresaron reservas sobre el método. «La forma es tan importante como el fondo cuando hablamos de instituciones», declaró Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.
Luis Pagani, presidente de Arcor, fue más explícito: «Las inversiones requieren seguridad jurídica y eso significa reglas claras que no cambien por decreto».
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires emitió un comunicado ambiguo donde reconoció «la necesidad de mejorar el funcionamiento de la justicia» pero recordó que «los cambios deben realizarse respetando los mecanismos constitucionales».
Implicaciones para el futuro de las inversiones extranjeras
El rechazo del empresariado estadounidense cobra especial relevancia en un momento en que Argentina busca atraer inversiones para sectores estratégicos como Vaca Muerta, minería de litio y economía del conocimiento.
El Banco Mundial, en su último informe sobre Argentina, destacó que «la incertidumbre institucional podría retrasar decisiones de inversión de largo plazo por parte de compañías internacionales», mientras que Moody’s cambió la perspectiva de la calificación argentina de «estable» a «en revisión» tras conocerse la noticia.
«Las inversiones extranjeras directas en Argentina cayeron un 23% en el último año, frente a un crecimiento del 15% en la región. Decisiones como esta no ayudan a revertir esa tendencia», explicó Martin Redrado, expresidente del Banco Central.
Puntos clave sobre el descontento de empresarios de EEUU:
- Los empresarios estadounidenses rechazaron formalmente el nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema argentina.
- La Cámara de Comercio de EE.UU. para Argentina advirtió sobre los riesgos para la seguridad jurídica e inversiones.
- El riesgo país subió 123 puntos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron un promedio de 5.2% tras el anuncio.
- La oposición en el Congreso anunció que rechazará el decreto por considerarlo inconstitucional.
- Expertos coinciden en que la medida podría retrasar inversiones extranjeras en sectores estratégicos como energía y minería.
DDHH
El Congreso en llamas: Adorni protegido, fondos buitre pagados y el Súper RIGI avanza
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de enclaves tecnológicos al servicio del capital extranjero.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con una agenda confeccionada por el oficialismo para dejar atrás el escándalo por el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Aprobó el pago a dos fondos buitre, bloqueó la moción de censura contra el jefe de Gabinete y avanzó con el Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales extraordinarios para megainversiones de más de 1.000 millones de dólares que la oposición califica de «enclaves tecnológicos» al servicio del capital extranjero.
Este miércoles es el día elegido por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) para reconvertir la agenda legislativa y relegar al segundo plano la crisis política que rodea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito. Con el quórum obtenido en el límite, 129 legisladores, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó a las 12.26 la cuarta sesión del período ordinario.
La maniobra fue posible gracias a la misma coalición que la víspera había vaciado la sesión convocada por la oposición para interpelar a Adorni: la UCR, el PRO y los bloques que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos, además de los peronistas aliados de Tucumán, Salta y Catamarca. Los mismos diputados que retacearon el quórum para avanzar contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista.
Ravier se va, Matzkin llega, y Bullrich suma poder
La sesión incluyó un episodio de alto voltaje político interno. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asumió ese cargo en reemplazo del propio Adorni, fue el último en ingresar al recinto, determinante para completar el quórum. Apenas iniciado el debate, presentó su renuncia a la banca y el pleno se la aceptó. Su lugar fue ocupado por Martín Matzkin, dirigente de La Pampa alineado con Patricia Bullrich, quien juró como diputado nacional con mandato hasta diciembre de 2029.
La titular del PRO, hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, estuvo presente en el recinto, sentada a metros del estrado, para acompañar el juramento de Matzkin. Con este movimiento, Bullrich consolida un núcleo de aproximadamente 12 legisladores propios en la Cámara de Diputados, una fuerza interna con identidad diferenciada dentro del arco oficialista.
Adorni se coló igual: moción de censura rechazada
La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, intentó forzar la inclusión sobre tablas de la moción de censura contra Adorni, que no estaba en el temario oficial. La iniciativa requería tres cuartos del cuerpo y obtuvo apenas 104 votos a favor contra 125 en contra. En igual sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, solicitó un apartamiento de reglamento para que la comisión de Asuntos Constitucionales avanzara la semana siguiente con el dictamen de los proyectos contra el funcionario. También fue rechazado.
Antes de los temas centrales, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, pronunció una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de prestaciones del PAMI, calificando la medida como un ataque directo contra jubilados y pensionados.
Fondos buitre aprobados: 171 millones de dólares para Bainbridge y Attestor
En el primer tramo sustancial de la jornada, Diputados aprobó los acuerdos de conciliación celebrados entre el Estado nacional y dos grupos acreedores: Bainbridge Ltd. y el fondo Attestor Value Master Fund, correspondientes a bonos del default de 2001, por un monto de 171 millones de dólares. El proyecto tenía un vencimiento formal ineludible antes del 30 de junio, lo que le quitó margen de negociación a la oposición.
El miembro informante, el legislador libertario Bertie Benegas Lynch, defendió el acuerdo como el cierre de una herida de «deshonra internacional» abierta desde hace 25 años. El diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, rechazó la iniciativa y recordó que el default de 2001 fue consecuencia de políticas de libre mercado que el propio Milei reivindica como modelo.
El Súper RIGI: ¿desarrollo industrial o enclave para el capital extranjero?
El eje central de la jornada fue el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, más conocido como Súper RIGI, enviado al Congreso mediante el Mensaje N°181/2026 y firmado por Milei, Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. El proyecto establece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de al menos 1.000 millones de dólares en sectores de frontera tecnológica: inteligencia artificial, semiconductores, producción de baterías, vehículos eléctricos, hidrógeno verde, energías renovables y reactores nucleares de pequeña y mediana escala.
Los beneficios contemplados son notoriamente más generosos que los del RIGI original: alícuota del 15% en Impuesto a las Ganancias, arancel cero para bienes de capital, contribuciones patronales reducidas al 10%, deducción de quebrantos sin límite temporal, y libre disponibilidad de divisas de exportación que sube progresivamente hasta el 100% a partir del tercer año. Todo bajo un paraguas de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria garantizada por 30 años.
La oposición kirchnerista y la izquierda cuestionaron con dureza el proyecto. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, señaló la contradicción de ampliar exenciones fiscales para grandes capitales mientras el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño vinculó el régimen a intereses de Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Milei y funcionarios del gabinete antes de la presentación del proyecto. Su par Néstor Pitrola advirtió que Argentina se convertiría en una «zona franca» donde las ganancias fluyen al exterior sin dejar riqueza local.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el proyecto ante las comisiones y negó cualquier lobby de empresas tecnológicas específicas. También reveló que desde la aprobación del RIGI original a mediados de 2024 se presentaron 39 proyectos por un total de 138.000 millones de dólares, aunque la inversión efectivamente concretada apenas supera los 700 millones de dólares, una brecha que la oposición explotó para cuestionar el impacto real del esquema.
El análisis de la fundación Fundar señaló que el Súper RIGI «mantiene la contradicción original» de un gobierno que reivindica el libre mercado pero adopta como política emblema la selección estatal de sectores ganadores, sin que exista un repositorio público de proyectos adheridos, lo que genera opacidad sobre el uso de recursos fiscales resignados.
Homenaje a Taty Almeida: presente, ahora y siempre
En un momento de singular peso simbólico, el diputado de Unión por la Patria, Horacio Pietragalla Corti, encabezó el homenaje a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, dedicó casi cinco décadas a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia tras la desaparición de su hijo Alejandro, secuestrado en 1975. Asumió la presidencia de Madres Línea Fundadora tras la muerte de Nora Cortiñas en 2024 y fue distinguida en abril pasado con el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires.
Puntos clave
- El oficialismo obtuvo quórum con 129 legisladores para una sesión que la oposición no pudo lograr el martes para interpelar a Adorni.
- Diputados aprobó el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge y Attestor antes del vencimiento del 30 de junio.
- La moción de censura contra Adorni fue rechazada con 125 votos en contra; el jefe de Gabinete sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
- El Súper RIGI ofrece estabilidad fiscal por 30 años, alícuota del 15% en Ganancias y libre disponibilidad de divisas para proyectos de más de 1.000 millones de dólares.
- El Congreso rindió homenaje a Taty Almeida, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el 14 de junio a los 95 años.
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