Economía 💲
Gobernadores consiguen ponerle freno a la ambición totalitaria de Milei
Las economías pesquera, minera, azucarera y vitivinícola rechazan de cuajo las modificaciones del decretazo y ley ómnibus.
Gobernadores del PRO, la UCR y el PJ lograron que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás con uno de los apartados de la ley ómnibus, al advertir como un «tiro en el pie» y una «preocupación» las modificaciones a la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola que pretende establecer el Ejecutivo.
Luego de graficar como «un tiro en el pie» los cambios que ese proyecto de ley imponía al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien confirmó que habrá «clarificaciones» sobre algunos artículos, en lo que se configura como la primera marcha atrás del Gobierno antes del tratamiento de esa ley en el Congreso.
«Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan para tener un proceso de pesca más claro», dijo Francos tras el encuentro con Torres y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien también había rechazado los cambios.
Pese a esta primera concesión del Ejecutivo, fuentes del Gobierno aseguraron a Télam que intentarán mantener el proyecto de permitir a extranjeros pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, que abarca desde la costa hasta las 200 millas hacia el mar.
«Si ellos pagan un canon tienen libertad de pescar lo que quieran», señalaron desde el Ejecutivo.
Con el proyecto de ley también se pretende modificar la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, entre otros puntos.
«No entendemos algunos puntos, porque incluso es pegarse un tiro en el pie. Para una Argentina que necesita divisas y exportar, en el caso de la pesca, no debería ser lo mismo quien exporta langostino entero congelado que quien le agrega valor», había dicho la semana pasada Torres en declaraciones a radio Rivadavia.
Pese a que el mandatario chubutense, en sintonía con otros gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), manifestó que dará «músculo político para garantizar la gobernabilidad y acompañar en el Congreso» algunas partes de la ley ómnibus, no ocultó su disgusto y cargó contra uno de los asesores de Milei, Federico Sturzenegger.
«Debe saber de pesca lo que yo sé de física nuclear. Sorprende la torpeza con que se avanzó sin ni siquiera consultar al empresariado que genera muchísimos dólares para la Argentina y sin consultar a los gobernadores, que tenemos la responsabilidad de sostener la paz social cuando los gremios están movilizados», remarcó Torres y agregó que «hay miles de puestos de trabajo que están en riesgo con esta medida».
El planteo de Torres fue acompañado también con un comunicado conjunto de todos los gobernadores patagónicos: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los provinciales Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Otra de las críticas fue del mandatario peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recalcó que la eliminación de la Ley 25.715 -que establece determinados aranceles para la importación de azúcar- «lesiona gravemente a la actividad azucarera».
«Desregular la actividad agroindustrial como es la caña de azúcar significa que cualquier país vecino puede introducir azúcar al país, por lo que va en desmedro de la actividad que genera 50 mil empleos tanto en los ingenios, trabajadores del surco, transportistas y comerciantes», explicó Jaldo en rueda de prensa, y agregó que «la preocupación no sólo es de Tucumán sino también de los gobiernos de Salta y Jujuy».
Tras este cuestionamiento, al que también adhirió el Centro Azucarero Argentino (CAA), Jaldo fue recibido en Casa de Gobierno por Francos, a quien le acercó «la problemática» de su provincia.
«En este caso el ministro tuvo buena recepción y se comprometió a hablar con los ministros de las áreas del Gobierno nacional a los que afecte y con distintas autoridades», planteó Jaldo, según indicaron a esta agencia fuentes partidarias.
También criticó una parte de la ley ómnibus el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, que calificó como «desfavorable» la imposición del 8% de retenciones a las exportaciones de mercaderías del sector vitivinícola, una postura que derivó la semana última en una reunión entre funcionarios mendocinos y sanjuaninos, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.
«No está definido nada todavía sobre los derechos de exportación. Se va a debatir en comisiones en el Congreso cuando traten la ley ómnibus», indicó el ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, al salir de Casa Rosada.
Como parte de esa discusión, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció hace unos días que los diez mandatarios de JxC unificarán la «respuesta ante las decisiones del Gobierno nacional» ya que encontraron «problemas que se dan» en las regiones, y que determinarán en conjunto «cómo manejarse ante la incertidumbre macroeconómica nacional».
Otro de los cuestionamientos al Ejecutivo fue realizado por los gobiernos peronistas de Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes apuntaron contra la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y contra la derogación de dos leyes sobre actividad minera, respectivamente.
«Los recursos naturales les pertenecen a los riojanos y si se exploran y explotan van a ser un beneficio de La Rioja y Argentina, y no solamente de los pícaros que se quieren apropiar de los recursos naturales del país», sostuvo Quintela en declaraciones a Radio 10.
La eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero (Ley 24.523) y del Banco Nacional de Información Minera (Ley 24.695), derogaciones contempladas también en el DNU de desregulación económica, terminan con la obligación de las empresas concesionarias de «abonar una tasa anual» y de «informar» sobre «productos ofrecidos o demandados al mercado», entre otros puntos.
«Tiene que venir con el Ejército acá porque no va a sacar ni una sola piedra sin el consentimiento de la provincia de La Rioja», indicó Quintela sobre el litio, un recurso por el que el magnate estadounidense Elon Musk «está sumamente interesado», según dijo el propio presidente Milei.
Por su parte, Jalil cuestionó la posible venta de YMAD -una de las 41 empresas «sujetas a privatización» en la ley ómnibus- al afirmar que se «desconoce la especial naturaleza de este ‘ente interestadual'» del que forman parte Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
En una nota presentada a Milei, tanto Jalil como el rector de la UNT, Sergio Pagani, reafirmaron su condición de «propietarios» de YMAD, una empresa que tiene como objetivo la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio, una extensión de 344 kilómetros cuadrados ubicada en el corazón de Catamarca.
Buenos Aires
Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.
Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.
La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares
Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.
El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.
El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.
Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado
Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».
En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.
El 2% que no entró: un precedente peligroso
Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».
El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.
La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación
El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.
El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.
Puntos clave
- Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
- Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
- El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
- El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
- La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.
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