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Procesan a Tapia y Toviggino: embargo y prohibición de salida del país, a 73 días del Mundial
El juez Amarante dictó el procesamiento sin prisión preventiva por retención indebida de aportes y ordenó embargos sobre los bienes de los cinco imputados. A Tapia y Toviggino les mantienen la prohibición de salida del país, a 73 días del inicio del Mundial 2026.
Procesaron a Tapia, Toviggino y otros tres dirigentes de la AFA
★ El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros tres dirigentes de la entidad, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo, por el delito de retención indebida de aportes. La resolución establece el procesamiento sin prisión preventiva, al considerar que existen elementos suficientes para vincular a los imputados con los hechos investigados en términos de mérito provisional. Además, el magistrado ordenó el embargo sobre los bienes de los cinco acusados como medida cautelar en el marco del expediente.
En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país que venía rigiendo desde la citación a indagatoria. La restricción migratoria queda así consolidada en una etapa procesal más avanzada y con mayor peso jurídico que el que tenía como medida previa a la indagatoria.
Qué significa el procesamiento
El procesamiento es una resolución judicial de mérito que implica que el juez consideró que existen elementos de prueba suficientes para sostener, de manera provisional, que los imputados participaron en los hechos investigados. No equivale a una condena ni a un juicio oral: es una etapa intermedia del proceso penal que habilita la continuación de la investigación con los acusados formalmente vinculados a la causa.
La ausencia de prisión preventiva indica que el juez no evaluó que exista riesgo de fuga ni peligro de entorpecimiento del proceso que justifique la detención. Sin embargo, el embargo de bienes sí constituye una medida restrictiva concreta, que afecta el patrimonio de los imputados mientras la causa continúa su curso.
El largo camino hasta el procesamiento
La causa tuvo un recorrido acelerado desde su inicio. Fue impulsada por ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, dependiente del Poder Ejecutivo nacional), que denunció a la AFA por la presunta falta de depósito de más de 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes, además de evasión del Impuesto a las Ganancias entre marzo y diciembre de 2024.
La AFA rechazó los cargos desde el primer día. En reiterados comunicados oficiales, la entidad sostuvo que no existe deuda fiscal exigible, dado que los montos cuestionados fueron abonados de manera voluntaria antes de su vencimiento, y que ese argumento estaba pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. La entidad cuestionó además a ARCA por pretender tipificar como delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, no estaban vencidas al momento de la denuncia, y señaló explícitamente que es «la única entidad denunciada penalmente por ARCA» en esas condiciones.
A pesar de esa defensa, la causa avanzó con ritmo inusual: citación a indagatoria en febrero, declaración de Toviggino el 11 de marzo, declaración de Tapia el 13 de marzo, y procesamiento el 30 de marzo. En total, poco más de un mes entre la primera medida de fondo y la resolución de mérito.
La prohibición de salida y el problema del Mundial
El mantenimiento de la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino es una de las consecuencias más inmediatas y prácticas del procesamiento. A 73 días del inicio del Mundial 2026 (que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México), el presidente de la AFA tiene vedada la posibilidad de viajar al exterior de manera libre.
La situación ya había generado un episodio revelador el miércoles pasado, cuando Amarante le rechazó a Tapia un pedido de autorización genérica de 60 días para salir del país. El magistrado fundamentó ese rechazo en la «imprecisión de los motivos alegados» y en la falta de documentación actualizada, y aclaró que las autorizaciones previas no funcionan como precedente automático.
Eso significa que Tapia deberá solicitar permiso judicial para cada viaje que pretenda realizar en los próximos meses, con itinerarios, invitaciones formales y justificación de funciones, en los mismos términos en que el tribunal había aceptado sus dos pedidos anteriores: uno para Barranquilla y Río de Janeiro en febrero y otro para Paraguay en marzo, ambos vinculados a funciones como presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol.
La Selección argentina debuta en el Mundial el 16 de junio ante Argelia en el Grupo J, con Austria y Jordania como otros rivales. Antes de eso, el equipo de Lionel Scaloni jugará el amistoso del 31 de marzo ante Guatemala, el último partido en casa antes de la cita mundialista. Si Tapia quiere estar presente en ese amistoso como parte de sus funciones institucionales, deberá gestionar el permiso correspondiente; si quiere asistir a los partidos en territorio norteamericano durante el Mundial, deberá tramitar una autorización por cada viaje.
Los otros frentes que no se detienen
El procesamiento en la causa de ARCA es solo uno de los expedientes que involucran a la conducción de la AFA. En paralelo, el juez federal de Campana Adrián González Charvay lleva adelante la investigación sobre la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, que tenía un contrato con la AFA por el 30% de los ingresos comerciales internacionales. Ese expediente incluye la investigación sobre la mansión en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares, presuntamente adquirida mediante testaferros ligados a Toviggino. El viernes 20 de marzo, la Prefectura Naval ejecutó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza por orden de González Charvay, en busca de documentación sobre ese contrato y el presunto desvío de fondos a entidades fantasmas.
El juez Luis Armella, por su parte, analiza los chats de WhatsApp y registros fotográficos que la Justicia denominó «La Rosadita de la AFA», donde Toviggino instruyó al menos siete entregas de dinero en efectivo con destino al propio Tapia, según la documentación incorporada al expediente. Y la filtración de supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, ex colaborador de Toviggino, abrió además una línea de investigación sobre presunto arreglo de partidos en 2021.
El conflicto político que no se resolvió
El procesamiento ocurre en un contexto político que tampoco se despejó. El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, acusó semanas atrás al asesor presidencial Santiago Caputo de querer «quedarse» con la entidad y señaló a Karina Milei como la persona con quien se resolvería la causa. La secretaria general de la Presidencia respondió en redes con una frase que resultó más reveladora de lo que pretendía: «Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia.»
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se declaró públicamente a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y ratificó los veedores Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco para auditar las finanzas de la entidad. La denuncia que originó la causa ante Amarante fue presentada por ARCA, organismo que depende del Poder Ejecutivo. La tesis del Gobierno de que la causa es «puramente judicial» y ajena al Ejecutivo resulta cada vez más difícil de sostener frente a la acumulación de esos datos.
Puntos clave
- El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por retención indebida de aportes, sin prisión preventiva y con embargo de bienes.
- A Tapia y Toviggino les mantienen la prohibición de salida del país, que queda consolidada en una etapa procesal más avanzada, a 73 días del inicio del Mundial 2026.
- La causa fue impulsada por ARCA, organismo dependiente del Poder Ejecutivo, por la presunta falta de depósito de más de 19.000 millones de pesos en aportes jubilatorios y evasión de Ganancias.
- El procesamiento se acumuló en poco más de un mes desde la citación a indagatoria, un ritmo inusualmente acelerado para este tipo de causa.
- En paralelo avanzan otros frentes judiciales: la causa de TourProdEnter y la mansión de Pilar ante González Charvay, «La Rosadita de la AFA» ante Armella, y la investigación sobre presunto arreglo de partidos vinculada a Beacon y Lobo Medina.
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Juicio por Maradona: los acusados se culpan entre sí y nadie se hace cargo
En su última declaración antes de los alegatos, Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna se pasaron la responsabilidad por la salud del Diez. El 8 de octubre la fiscalía expondrá su acusación por homicidio simple con dolo eventual.
Cinco años después de la muerte de Diego Armando Maradona, ninguno de los profesionales que tenían a su cargo la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre asumió ser el responsable de su salud. La última ronda de declaraciones de los imputados dejó una escena elocuente: cada acusado señaló a otro como el médico que debía decidir, y el paciente quedó, también en el relato judicial, sin nadie que respondiera por él.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, hablaron por última vez el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna. También concurrieron el psicólogo Carlos Díaz y el jefe de enfermeros Mariano Perroni, mientras que el enfermero Ricardo Omar Almirón fue el único ausente. La audiencia comenzó a las 11, con demora, porque el presidente del tribunal llegó tarde.
Se trata del segundo debate por la muerte del astro, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, luego de que el primer juicio fuera anulado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach. Los siete imputados están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que el Código Penal castiga con penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Forlini: «Me imputan omisiones de cosas que no había pedido»
Forlini se adelantó a sus compañeros de banquillo y respondió las preguntas de su defensor, Nicolás D’Albora. Sostuvo que Luque y Cosachov «eran los médicos tratantes» y se apoyó en el acta de externación de la Clínica Olivos, donde Maradona había sido operado de un hematoma subdural. Según ese documento, «se solicitaba enfermería las 24 horas» para el control de signos vitales durante la internación en Tigre.
La médica limitó su rol a la prestación de servicios de la prepaga y recordó una frase de Cosachov según la cual la «decisión final» correspondía a la psiquiatra y al neurocirujano. «Todos los que estudiamos medicina lo hacemos con el corazón. No tenía intereses económicos ni personales. No tenía conflictos con el paciente ni la familia. Me imputan omisiones de cosas que no había pedido. Pido que Dios me acompañe en ese camino», dijo antes de regresar a su silla.
Di Spagna: «No había ninguna epicrisis»
El clínico aclaró que en noviembre de 2020 no trabajaba para Swiss Medical ni para Medidom, y describió con crudeza las condiciones en que se inició la internación: «Entramos al domicilio (Tigre) y no había ninguna epicrisis. Lo único que se nos brindó era una tomografía computada de un hematoma subdural».
Di Spagna afirmó que siempre utilizó la palabra «sugiero» para recomendar estudios complementarios y la intervención de un nutricionista, y trasladó el eje de la coordinación a Forlini: «El único nexo entre nosotros, Maradona, la familia, los médicos y los enfermeros era Forlini». Además, recordó que el 18 de noviembre de 2020, día en que no pudo ver al paciente, Luque le aseguró ser «el médico tratante».
Calificó de «absurdo» e «indignante» que se lo señale como encargado de la salud del Diez. «Hay un proceder médico antes de la muerte de Maradona y otro proceder médico después de la muerte de Maradona», lanzó, y cerró: «No hay una foto mía con Maradona, nunca hablé con la prensa. Soy una persona de perfil bajo. Actué en forma ética, siempre respetando una orden. La consciencia la tengo muy tranquila».
Luque insistió con la muerte «súbita» y apuntó contra sus compañeros
El neurocirujano que operó a Maradona desmintió haber dicho que era su médico de cabecera y dedicó buena parte de su exposición a responder a Di Spagna y a Forlini. «Nancy Forlini conversaba con terceros y me mencionaba como médico tratante, es muy fácil decir que ‘Luque era el responsable de todo'», protestó.
Luque negó que los edemas que presentaba el paciente fueran una señal de peligro: «Un edema no está asociado a algo que pueda causar una muerte inminente. Ese patrón de edema ya lo tenía antes. El edema no es una pauta de alarma en ningún libro, no es signo de alarma». Según su postura, los signos de alarma son «el dolor de pecho y la falta de aire». También sostuvo que nunca formó parte del chat «Tigre», por el que reportaban los enfermeros junto a Forlini, Di Spagna, un neurólogo y un kinesiólogo, entre otros profesionales: «Yo no estaba en el grupo Tigre por el que enfermería reportaba».
Exhibió conversaciones para defenderse y recurrió a la relación personal: «Cuando se sentía bien no me llamaba. Cuando se sentía mal, me llamaba (…) Lo amaba». Cerró con dos frases: «Siempre actué de buena fe» y «No tengo nada que esconder». Y ratificó ante los jueces: «Fue un evento súbito, agudo e irreversible».
La versión de Luque frente a la Junta Médica
La tesis de la muerte súbita coincide con las conclusiones de los peritos Pablo María Ferrari y Antonio José Maya, pero choca con el dictamen de los 22 especialistas que integraron la Junta Médica Interdisciplinaria. Para esa junta, Maradona murió por una insuficiencia cardíaca secundaria a un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada, un cuadro que no encaja con la idea de un final imprevisible.
La contradicción no es menor: el edema que Luque descarta como signo de alarma es, justamente, parte del mecanismo de muerte que describieron los peritos oficiales. Sobre esa tensión tendrá que pronunciarse el tribunal.
Cosachov: «Hice lo mejor que pude»
La psiquiatra respondió preguntas del tribunal y de su abogado, Vadim Mischanchuk, centradas en el vínculo con su paciente. Contó que conoció a Maradona el 27 de junio de 2020 por intermedio de Luque y atribuyó a Forlini la coordinación de la internación en Tigre. También negó haber ordenado el retiro de los acompañantes terapéuticos y sostuvo que esa decisión la tomó el propio Maradona.
«No había patología hepática activa, cardiológica ni renal», afirmó, y reiteró que no firmó el acta de externación de la Clínica Olivos: «Creo que nadie lo leyó». Detalló que visitó al paciente los días 12, 15 (cuando estaba dormido), 18 y 25 de noviembre de 2020, fecha de la muerte, y volvió a defender el plan farmacológico que le indicó. «Siempre estuve comprometida. Lamento todo lo que pasó. Hice lo mejor que pude», concluyó.
Llegan los alegatos, con reglas estrictas
Gaig fijó el cronograma de la etapa final. Los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, dispondrán de cuatro horas el jueves 8 de octubre. Las querellas alegarán el 13 y el 14 de octubre, y las defensas el 20, 21 y 22, con un máximo de tres horas cada parte.
El juez advirtió: «No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones», y agregó: «No se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba». También pidió evitar «cualquier lectura extensa de chats, pericias y declaraciones» y anticipó que «no se reeditará la producción de audios». Tras meses de testimonios, el juicio entra en su recta final con siete acusados que coinciden en una sola cosa: la responsabilidad siempre fue de otro.
Lo que tenés que saber:
- Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna declararon por última vez en el segundo juicio por la muerte de Maradona, en San Isidro.
- Forlini y Di Spagna señalaron a Luque y Cosachov como médicos tratantes; Luque lo negó y apuntó contra ellos.
- Luque sostuvo que la muerte fue «súbita, aguda e irreversible», en contra de lo que concluyó la Junta Médica de 22 peritos.
- Los siete imputados están acusados de homicidio simple con dolo eventual, con penas de 8 a 25 años.
- La fiscalía alegará el 8 de octubre; las querellas, el 13 y 14; y las defensas, el 20, 21 y 22.
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