Más de 247 millones de pesos que debían sostener la cobertura de salud de los trabajadores rurales y estibadores terminaron en las cuentas de una empresa sin antecedentes, sin estructura y con apenas meses de vida. Detrás de esa firma aparece Sergio Aguirre, ex socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Virginia Montero y Marcelo Petroni, ex interventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) designados por el Gobierno nacional, como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. En la misma resolución procesó a Sergio Aguirre y a María Casandra Mirabelli, presidenta de la firma Htech Innovation, por esos mismos delitos, aunque en calidad de partícipes necesarios. La causa se instruye junto al fiscal federal Guillermo Marijuan.

Una empresa nacida con el Gobierno libertario

El eje de la investigación es una contratación directa a favor de Htech Innovation, una sociedad constituida en abril de 2024, es decir, cuatro meses después de que Javier Milei asumiera la Presidencia. La firma que se quedó con el negocio de la obra social de los peones rurales no existía cuando comenzó la gestión que designó a sus interventores.

Según surge del Boletín Oficial, el 18 de julio de 2024 Aguirre modificó el objeto social de Htech Innovation SA para incorporar el rubro de consultorías, el paso previo a la adjudicación del primer contrato de consultoría informática que firmó Montero. Mirabelli, la presidenta de la compañía procesada junto a Aguirre, es su madre. Un portal especializado en investigaciones judiciales detalló además que el dominio web de la empresa recién fue registrado el 6 de enero de 2025, cuando la firma ya cobraba de la obra social.

La resolución de Casanello es contundente sobre la secuencia: «A los dos días de reasumir la intervención, Virginia Montero contrató a la sociedad HTech Innovation SA», señaló el magistrado, y agregó que el ingreso de la firma en Osprera «aparece desvinculado de una necesidad técnica determinada mediante procedimientos objetivos».

Interventores a medida

La acusación fiscal apunta directamente al corazón del esquema. Marijuan sostuvo que «ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa».

Montero firmó el contrato original y Petroni, su sucesor al frente de la intervención, lo renovó y lo amplió. La investigación también registró reuniones de Montero y Aguirre con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que, paradójicamente, debía controlar a la intervención. Los controladores y los controlados se sentaban en la misma mesa que el empresario beneficiado.

Ante el juez, Montero intentó justificar la necesidad de contratar servicios informáticos externos con el argumento de que la obra social atravesaba un «colapso informático y organizativo» cuando asumió, y aseguró que el expediente había pasado por las distintas áreas administrativas. Casanello no dio por válida esa explicación.

Cheques, embargos y prohibición de salida

La investigación determinó que la compañía de Aguirre obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63 a través del contrato con Osprera. El primer cheque está fechado el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025: durante ocho meses, el dinero de los aportes de los trabajadores del campo fluyó hacia una empresa sin capacidad operativa comprobada.

Casanello impuso a los cuatro procesados un embargo por $1.463.896.868 y les prohibió la salida del país. Un quinto investigado, Stefano Zanetti, accionista de Htech, recibió la falta de mérito y seguirá bajo investigación.

El apellido Menem, otra vez en los expedientes

El procesamiento no involucra penalmente a Martín Menem, pero vuelve a poner a su entorno comercial en el centro de una causa por manejo irregular de fondos durante la gestión libertaria. Mientras el Gobierno de Milei hace del ajuste sobre jubilados, discapacitados y trabajadores su bandera, las cajas de la salud solidaria aparecen como botín de los amigos del poder.

El caso se suma a la sucesión de escándalos que salpican al oficialismo, desde la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta las investigaciones patrimoniales sobre funcionarios de primera línea. La obra social de los peones rurales, uno de los sectores más castigados y peor pagos del país, se convirtió en el último capítulo de esa trama.

Lo que tenés que saber:

• El juez Sebastián Casanello procesó a los ex interventores de Osprera Virginia Montero y Marcelo Petroni por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
• Sergio Aguirre, ex socio de Martín Menem, y su madre María Casandra Mirabelli, presidenta de Htech Innovation, fueron procesados como partícipes necesarios.
• Htech Innovation se constituyó en abril de 2024 y cobró $247.836.858,63 de Osprera entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
• Según el fiscal Guillermo Marijuan, los interventores habrían sido designados por recomendación de Aguirre.
• El embargo para los procesados asciende a $1.463.896.868 y todos tienen prohibida la salida del país.