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Osprera: la plata de los peones terminó en la firma del ex socio de Menem

El juez Sebastián Casanello procesó a dos ex interventores designados por el Gobierno de Javier Milei y a Sergio Aguirre, ex socio de Martín Menem, por un desvío de $247 millones a través de una empresa creada cuatro meses después de la llegada libertaria al poder. Los embargos superan los $1.463 millones.

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El Argentino Diario-Martín Menem.
Procesan al ex socio de Martín Menem por quedarse con $247 millones de la obra social de los peones rurales.

Más de 247 millones de pesos que debían sostener la cobertura de salud de los trabajadores rurales y estibadores terminaron en las cuentas de una empresa sin antecedentes, sin estructura y con apenas meses de vida. Detrás de esa firma aparece Sergio Aguirre, ex socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Virginia Montero y Marcelo Petroni, ex interventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) designados por el Gobierno nacional, como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. En la misma resolución procesó a Sergio Aguirre y a María Casandra Mirabelli, presidenta de la firma Htech Innovation, por esos mismos delitos, aunque en calidad de partícipes necesarios. La causa se instruye junto al fiscal federal Guillermo Marijuan.

Una empresa nacida con el Gobierno libertario

El eje de la investigación es una contratación directa a favor de Htech Innovation, una sociedad constituida en abril de 2024, es decir, cuatro meses después de que Javier Milei asumiera la Presidencia. La firma que se quedó con el negocio de la obra social de los peones rurales no existía cuando comenzó la gestión que designó a sus interventores.

Según surge del Boletín Oficial, el 18 de julio de 2024 Aguirre modificó el objeto social de Htech Innovation SA para incorporar el rubro de consultorías, el paso previo a la adjudicación del primer contrato de consultoría informática que firmó Montero. Mirabelli, la presidenta de la compañía procesada junto a Aguirre, es su madre. Un portal especializado en investigaciones judiciales detalló además que el dominio web de la empresa recién fue registrado el 6 de enero de 2025, cuando la firma ya cobraba de la obra social.

La resolución de Casanello es contundente sobre la secuencia: «A los dos días de reasumir la intervención, Virginia Montero contrató a la sociedad HTech Innovation SA», señaló el magistrado, y agregó que el ingreso de la firma en Osprera «aparece desvinculado de una necesidad técnica determinada mediante procedimientos objetivos».

Interventores a medida

La acusación fiscal apunta directamente al corazón del esquema. Marijuan sostuvo que «ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa».

Montero firmó el contrato original y Petroni, su sucesor al frente de la intervención, lo renovó y lo amplió. La investigación también registró reuniones de Montero y Aguirre con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que, paradójicamente, debía controlar a la intervención. Los controladores y los controlados se sentaban en la misma mesa que el empresario beneficiado.

Ante el juez, Montero intentó justificar la necesidad de contratar servicios informáticos externos con el argumento de que la obra social atravesaba un «colapso informático y organizativo» cuando asumió, y aseguró que el expediente había pasado por las distintas áreas administrativas. Casanello no dio por válida esa explicación.

Cheques, embargos y prohibición de salida

La investigación determinó que la compañía de Aguirre obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63 a través del contrato con Osprera. El primer cheque está fechado el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025: durante ocho meses, el dinero de los aportes de los trabajadores del campo fluyó hacia una empresa sin capacidad operativa comprobada.

Casanello impuso a los cuatro procesados un embargo por $1.463.896.868 y les prohibió la salida del país. Un quinto investigado, Stefano Zanetti, accionista de Htech, recibió la falta de mérito y seguirá bajo investigación.

El apellido Menem, otra vez en los expedientes

El procesamiento no involucra penalmente a Martín Menem, pero vuelve a poner a su entorno comercial en el centro de una causa por manejo irregular de fondos durante la gestión libertaria. Mientras el Gobierno de Milei hace del ajuste sobre jubilados, discapacitados y trabajadores su bandera, las cajas de la salud solidaria aparecen como botín de los amigos del poder.

El caso se suma a la sucesión de escándalos que salpican al oficialismo, desde la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta las investigaciones patrimoniales sobre funcionarios de primera línea. La obra social de los peones rurales, uno de los sectores más castigados y peor pagos del país, se convirtió en el último capítulo de esa trama.

Lo que tenés que saber:

  • El juez Sebastián Casanello procesó a los ex interventores de Osprera Virginia Montero y Marcelo Petroni por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
  • Sergio Aguirre, ex socio de Martín Menem, y su madre María Casandra Mirabelli, presidenta de Htech Innovation, fueron procesados como partícipes necesarios.
  • Htech Innovation se constituyó en abril de 2024 y cobró $247.836.858,63 de Osprera entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
  • Según el fiscal Guillermo Marijuan, los interventores habrían sido designados por recomendación de Aguirre.
  • El embargo para los procesados asciende a $1.463.896.868 y todos tienen prohibida la salida del país.

Investigación 🔎

Un forense dice que Epstein fue asesinado, pero Nueva York sostiene el suicidio

Tres especialistas que revisaron el expediente de la autopsia plantean que las lesiones son compatibles con un estrangulamiento por la espalda y con una lucha. La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene el dictamen de suicidio y el informe aún no pasó una revisión académica.

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Jeffrey Epstein en una imagen de archivo

Un equipo de especialistas sostiene que Jeffrey Epstein fue estrangulado por un tercero y no se ahorcó, pero la versión oficial de suicidio sigue vigente. Los tres presentaron sus conclusiones el lunes 16 de noviembre en Middle Temple, una sociedad jurídica de Londres, tras revisar autopsias y fotografías que nunca se habían hecho públicas.

El trabajo lo firmaron Michael Freeman, profesor de medicina forense y editor en jefe del Journal of Forensic and Legal Medicine; Anders Eriksson, profesor de medicina forense en la Universidad de Umeå, en Suecia, e Itiel Dror, investigador especializado en sesgos en las decisiones forenses. La charla estaba prevista en University College London, pero la institución la canceló un día antes por razones vinculadas al bienestar de sus estudiantes y se trasladó a Middle Temple.

Lo que plantea el informe

Freeman recibió el material del hermano de Epstein, Mark, y lo analizó durante meses con modelos tridimensionales de la ligadura. Su conclusión es que Epstein fue muy probablemente atacado por la espalda con una ligadura de tela anudada y que las lesiones indican una lucha previa. También cuestionó que no se analizaran las uñas de Epstein en busca de ADN.

El propio Freeman reconoció que queda sin resolver quién lo hizo y cómo. Según contó, el informe fue rechazado por un revisor de una revista académica y planea volver a enviarlo, de modo que todavía no pasó una evaluación entre pares.

La versión oficial

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York hizo la autopsia el 11 de agosto de 2019, un día después de que Epstein fuera hallado muerto, y dictaminó suicidio. Su portavoz indicó que la oficina mantiene esa determinación. La médica que realizó la autopsia, Kristin Roman, declaró ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que las lesiones eran compatibles con un ahorcamiento y que no había heridas defensivas.

No es la primera voz que duda del dictamen. El patólogo Michael Baden, contratado por la familia, planteó en 2019 que las fracturas del cuello eran más compatibles con una estrangulación. Sin embargo, según una investigación periodística publicada en junio por un diario estadounidense, casi ningún especialista consultado creía que la forma de muerte pudiera establecerse de manera concluyente solo con la evidencia médica.

Un caso lleno de fallas

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. El inspector general del Departamento de Justicia atribuyó el suicidio a una combinación de negligencia y mala conducta del personal. Epstein estaba solo, aunque el área de psicología había advertido que necesitaba compañero de celda, y casi ninguna cámara de la unidad grababa por una falla mecánica; la renovación del sistema se había contratado tres años antes y no estaba terminada.

Los dos guardias asignados esa noche admitieron haber falsificado registros y evitaron la cárcel en un acuerdo con la Justicia. Dos semanas antes, Epstein había estado 31 horas bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras un episodio que dejó su cuello con marcas. Según la revisión de Freeman, tampoco se tomaron fotografías del cuerpo en el lugar y la ligadura no fue preservada ni examinada. El inspector general no halló evidencia que contradijera la conclusión del FBI sobre la ausencia de un delito.

La acusación que enfrentaba

Epstein esperaba juicio por tráfico sexual de menores. La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, difundida en julio de 2019, describió que entre 2002 y 2005 abusó de decenas de chicas menores de edad en sus casas de Manhattan y Palm Beach, a quienes pagaba cientos de dólares en efectivo; según los registros judiciales, algunas tenían 14 años.

Lo que tenés que saber

  • Freeman, Eriksson y Dror presentaron el lunes 16 de noviembre en Londres un informe que plantea un homicidio por estrangulamiento.
  • El material fue entregado por el hermano de Epstein y el informe aún no pasó una revisión académica.
  • La Oficina del Médico Forense de Nueva York mantiene que fue un suicidio.
  • El inspector general del Departamento de Justicia halló negligencia, cámaras que no grababan y registros falsificados, pero no evidencia de un delito.
  • Epstein esperaba juicio por tráfico sexual de menores entre 2002 y 2005.
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