★ El Gobierno libertario, a través de sus terminales judiciales, dejó trascender que evalúa denunciar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo la carátula de traición a la patria. El detonante de esta ofensiva es la gestión que la entidad deportiva realizó para traer de regreso al país al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela durante más de un año. Lo que en términos fácticos constituyó un auxilio logístico y humanitario, es interpretado por la administración libertaria como un desafío a su autoridad diplomática.

Paradojas de la soberanía y la entrega

Resulta una contradicción sistémica que el Poder Ejecutivo Nacional apele a la defensa de la patria para cuestionar a una entidad civil, mientras en paralelo impulsa reformas que afectan directamente el patrimonio estratégico del país. La reciente modificación de la Ley de Glaciares, que habilita la actividad minera en áreas periglaciares anteriormente protegidas, se suma a la entrega de recursos naturales y la desregulación de sectores clave.

En este escenario, la acusación contra la AFA por sus vínculos con Venezuela parece responder más a una necesidad de control político que a una genuina preocupación por la integridad nacional. La utilización de una figura penal de extrema gravedad como la traición a la patria, históricamente reservada para actos de guerra o entrega de territorio, para juzgar una mediación que terminó con un ciudadano argentino en libertad, evidencia una desproporción jurídica.

Según fuentes cercanas a la calle Viamonte, la gestión se realizó ante la inacción de los canales oficiales, utilizando la logística de la firma Baires Fly para garantizar el retorno de un efectivo de una fuerza federal.

El fútbol como botín de guerra política

La embestida contra Claudio Tapia no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia de judicialización constante que incluye citaciones a indagatoria por supuestas irregularidades fiscales motorizadas por el ARCA. La lógica de la Casa Rosada parece ser la de limpiar la estructura de la AFA, aislando a dirigentes como Pablo Toviggino y forzando una intervención indirecta.

Desde la AFA confirmaron que no existe deuda exigible y que el organismo recaudador intenta criminalizar obligaciones que ya fueron presentadas ante la Cámara de Apelaciones. La politización del caso Gallo es el último eslabón de una cadena de presiones que busca doblegar a la única estructura civil con peso propio que aún no se alineó incondicionalmente al programa oficial. Mientras el Gobierno entrega la soberanía energética y territorial, utiliza la palabra patria para disciplinar al fútbol.

Puntos clave

• El Gobierno utiliza la figura de traición a la patria para criminalizar la repatriación del gendarme Nahuel Gallo.
• La AFA cubrió el vacío diplomático del Estado para rescatar a un efectivo de Gendarmería.
• La denuncia ocurre en medio de políticas de entrega de recursos naturales, como la reforma de la Ley de Glaciares.
• La administración de Javier Milei busca la intervención política de la AFA mediante el asedio judicial.
• La Justicia investiga a la cúpula de la AFA por una supuesta deuda fiscal que la entidad niega formalmente.