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Sociedad

Dudas: investigarán posible negligencia en la atención médica de Diego

El Dr. Leopoldo Luque, quien fue el que el pasado 11 de noviembre firmó el alta médica de Maradona, todavía no fue citado a declarar como testigo porque justamente, al ser el máximo responsable de la atención médica del ex futbolista, su actuación está bajo la lupa.

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Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona procurarán determinar si hubo algún tipo de negligencia en los controles y la asistencia médica del exastro futbolístico que murió este miércoles al mediodía en una casa de un country del partido bonaerense de Tigre producto de una cardiopatía severa, informaron este jueves fuentes judiciales.

El foco de los fiscales estará puesto en poder determinar si la atención médica domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona y en por qué nadie lo controló en 12 horas.

Es que según las testimoniales de las personas que convivían con él en la casa del country San Andrés, el último que lo vio con vida fue su sobrino Johnny Herrera el martes a las 23.30 y recién entraron a la habitación y notaron que algo andaba mal a las 11.30 de ayer, cuando llegaron el psicólogo y la psiquiatra personal del “10” para una visita.

Si bien hubo trascendidos desde el entorno del exfutbolista que indicaban que ayer por la mañana se había despertado y luego descompensado, fuentes judiciales aclararon que en el expediente “no hay dobles versiones” y que todos los testimonios fueron coincidentes en que a Maradona se lo vio por última vez con vida la noche anterior.

Incluso, en la habitación estaban intactos los sándwiches de miga que la noche anterior le había dejado la cocinera para cenar, según confiaron las fuentes.

También se hallaron en la habitación varias cajas de psicofármacos y ampollas de otro tipo de medicamentos, como Taural y Reliveran.

La fiscal Laura Capra y el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, fueron los encargados de tomar ayer por la tarde todas las testimoniales claves.

Ante ellos ya declararon el sobrino Herrera, Maximiliano Pomargo (asistente personal de Maradona y cuñado del abogado Matías Morla), la cocinera apodada «Monona», la enfermera del turno mañana, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, un médico vecino que llegó para ayudar y el médico del servicio de emergencias que llegó primero y le hizo RCP, y un empleado de seguridad identificado como Julio Coria.

Se espera que en las próximas horas, puedan localizar y hacer declarar también al enfermero que hizo el turno noche y a las 6 de la mañana terminó su turno para ser reemplazo por la del turno mañana, quien sólo contó que no notó nada raro y prefirió “dejarlo dormir”.

El médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, quien fue el que el pasado 11 de noviembre firmó el alta médica para que su paciente abandone la Clínica Olivos donde había sido operado de un hematoma subdural en la cabeza, todavía no fue citado a declarar como testigo porque justamente, al ser el máximo responsable de la atención médica del ex futbolista, su actuación está bajo la lupa.

“Vamos a analizar bien todo lo que surja de la historia clínica, de la autopsia y de los testimonios del expediente para ver si hay algún tipo de responsabilidad. Si llega a haberla podría convertirse en imputado, y si no, a su momento será llamado como testigo”, dijo una fuente judicial directamente ligada al expediente.

La misma fuente aclaró que “si bien se investigará la actuación médica, lo cierto es que de todos los testimonios volcados en la causa también queda claro que Maradona era un paciente difícil, que no se dejaba tratar”.

El abogado Matías Morla, quien era el actual representante del excapitán de la selección, afirmó este jueves en un tuit que “es inexplicable que durante 12 horas” Maradona “no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines”, denunció que “la ambulancia tardó más de media hora en llegar” a la casa y anunció que va a pedir que “se investigue hasta el final de las consecuencias”.

Fuentes judiciales indicaron que por el momento el equipo de fiscales liderado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad; e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y el ya mencionado Iribarren, y por la fiscal Capra, no tienen planeado citarlo a declarar como testigo y aclararon que por el momento «no representa a nadie en la causa judicial».

Política 📢

El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario

El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.

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El Argentino Diario-Gente en situación de calle-Sin techo.

Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.

El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.

La falacia de la «estrategia integral»

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.

De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.

Puntos clave:

  • * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
  • * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
  • * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
  • * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
  • * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.

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