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El marido Píparo en la indagatoria sostuvo que se trató de un accidente

Juan Ignacio Buzali declaró ante la Justicia por más de cinco horas. El hombre admitió haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de un accidente. Los abogados de los dos jóvenes atropellados adelantaron que pedirán también la imputación de la diputada bonaerense como «coautora» por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio.

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Juan Ignacio Buzali declaró ante la Justicia por más de cinco horas. El hombre admitió haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de un accidente. Los abogados de los dos jóvenes atropellados adelantaron que pedirán también la imputación de la diputada bonaerense como «coautora» por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio.

Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, admitió ante la Justicia haber embestido con su auto a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo en La Plata, aunque sostuvo que se trató de un accidente, mientras que los abogados de las víctimas adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como «coautora» del doble homicidio en grado de tentativa, informaron fuentes judiciales.

Durante una audiencia que se extendió por más de cinco horas, Buzali, que se encuentra detenido desde el viernes, fue indagado por la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputa el delito de «doble homicidio en grado de tentativa» en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

La fiscal Di Lorenzo, consultada acerca de la declaración indagatoria, dijo que el imputado «se ubica en el lugar, da su relato de cómo pasó y que los atropelló (a los dos jóvenes)», aunque sobre ese punto radican las diferentes posiciones, ya que «para el Ministerio Público fue una tentativa de homicidio» y para la defensa es un hecho «culposo».

La indagatoria

Al retirarse de los tribunales platenses tras la diligencia, la funcionaria dijo a los medios de prensa que el esposo de Píparo refirió «que no estaba alcoholizado» al momento del hecho, y al ser consultada sobre si hay elementos para sostener una posible imputación a la legisladora dijo que «por el momento no» aunque «la causa sigue investigándose (…) con testimoniales y con elementos de pruebas para agregar».

Buzali ingresó cerca de las 9.30 a la sede judicial situada en calle 54, entre 6 y 7 de La Plata, sin hacer declaraciones a la prensa, esposado y custodiado por dos agentes policiales que lo trasladaron desde su lugar de detención en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, adonde fue nuevamente conducido tras la indagatoria.

El hombre fue detenido en su domicilio particular del country Grand Bell de la localidad platense de City Bell y según precisó una fuente cercana a la investigación, para que la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenara su arresto «fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que Buzali embistió a los motociclistas desde atrás de lleno».

Fernando Burlando, uno de los abogados que representa al imputado, dijo a la prensa que ya «realizó dos pedidos de excarcelación» y que su cliente «reconoció que había actuado mal», que se trató de un «error» y que está «compungido y arrepentido por la situación y todo lo sucedido».

Por su parte, los abogados de los dos jóvenes atropellados por el esposo de Píparo adelantaron que pedirán la imputación de la diputada bonaerense como «coautora» por considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa.

«Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación necesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como coautora», dijo el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados.

Asimismo, el letrado agregó que «se está investigando la existencia de otros delitos cometidos por la legisladora», por lo que aseguró que «durante la semana» realizarán «las presentaciones correspondientes».

Sobre Buzali, De Vargas dijo que «continuará detenido y no hay posibilidad que lo excarcelen ya que los peligros procesales son manifiestos», al considerar que «intentó fugarse del lugar del hecho abandonando a las víctimas».

Además, «hubo mentiras en la declaración por lo cual está acreditado que pueden obstaculizar el actuar de la justicia». El letrado también contó que recibió mensajes «intimidatorios y amenazantes» en su cuenta de Facebook y adelantó que también realizará en la semana una denuncia al respecto.

A su vez, el abogado Juan Fontana, quien junto a Rodolfo Baqué, representa al adolescente que acompañaba a Levalle, indicó que de acuerdo a las imágenes aportadas a la justicia «se ve que nunca hubo encierro» de las motos al auto, lo cual «desvirtúa lo relatado por Píparo», por lo que consideró que «en los próximos días podría imputársela por delito de falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Fontana se refirió al cargo que ad-honorem ostenta la legisladora al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, lo que, a su entender, «no se vio reflejado en el hecho».

La denuncia de Píparo

Píparo denunció haber sido asaltada por «motochorros» la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora de Juntos por el Cambio, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos «motochorros» que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes que tripulaban la moto y que quedaron heridos.

DDHH

Dos matrimonios identificados en La Perla tendrán su despedida en CABA

El EAAF restituirá este viernes los restos de Nélida Moreno, José Luis Goyochea, Rosa Godoy y Carlos Cruspeire, dos parejas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Las familias organizaron un cortejo fúnebre desde la esquina de Perú y Avenida de Mayo y una misa de cuerpo presente en la Basílica Nuestra Señora de la Merced.

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Este viernes, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una ceremonia de memoria y reparación: los restos de Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire, cuatro personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina, recibirán por fin una despedida digna. Los cuatro fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entre los restos hallados en la zona conocida como Loma del Torito, aledaña al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

Casi 50 años después, el EAAF les devuelve un nombre

Las identificaciones fueron parte de un proceso mayor iniciado por la justicia federal cordobesa. En mayo de 2026, el juez federal Hugo Vaca Narvaja anunció públicamente los nombres de 16 de las 17 personas identificadas por el EAAF en la Loma del Torito, en el marco de excavaciones realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 en la Guarnición Militar de La Calera. De esos trabajos se recuperaron unos 1.200 restos pequeños y fragmentados, que el EAAF sometió a análisis antropológicos y genéticos para lograr las identificaciones. Estas se sumaron a las 12 ya anunciadas en marzo de 2026, lo que elevó a 29 el total de víctimas identificadas en ese predio.

Entre los identificados en mayo, tres matrimonios aparecieron en la misma área, lo que para los investigadores sugiere que fueron trasladados juntos desde el centro clandestino. Así lo indicó el propio juez Vaca Narvaja, quien señaló que las personas fueron secuestradas en sus hogares, en presencia de sus hijos, y que es probable que hayan corrido la misma suerte, aunque aclaró que esa hipótesis todavía se investiga.

Quiénes eran Nélida, José Luis, Rosa y Carlos

Nélida Noemí Moreno nació en Córdoba en mayo de 1945. Era psicopedagoga y trabajaba como administrativa en la Policía de la Provincia. Tenía 32 años cuando fue secuestrada en agosto de 1977 junto a su esposo y en presencia de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. José Luis Goyochea Escudero había nacido en La Rioja y se mudó a Córdoba para estudiar Ciencias Económicas y Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Era administrativo del Colegio de Médicos y de la Subsecretaría de Planeamiento provincial.

Rosa Cristina Godoy nació el 5 de octubre de 1953 en Villa Mercedes, San Luis. Trabajaba como ama de casa, integraba un grupo scout vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y desarrollaba trabajo social desde su parroquia. Tenía 23 años cuando fue secuestrada junto a su marido en el barrio de Bella Vista. Su hija pequeña fue entregada a sus abuelos. Carlos Cayetano Cruspeire trabajaba en una compañía de seguros y funeraria, y fue secuestrado en su lugar de trabajo en septiembre de 1977, a los 22 años, para luego ser llevado a su domicilio donde también detuvieron a Rosa.

La restitución de los restos es un acto privado, a pedido de las familias. Sin embargo, las mismas familias organizaron dos instancias públicas para este viernes en CABA. A las 17.30, el cortejo fúnebre partirá desde la esquina de Perú y Avenida de Mayo. Las familias caminarán con las urnas por la Avenida de Mayo, pasando por la Plaza de Mayo y la Catedral, hasta llegar a la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista 209, CABA. A las 18.00 comenzará allí la misa de cuerpo presente.

Águeda Goyochea, hija de José Luis y Nélida, es una de las impulsoras de estas ceremonias públicas. Como lo indica el sentido de su decisión de abrirlas a la comunidad, se trata de devolver a sus padres un ritual de despedida que la dictadura les negó hace casi medio siglo.

La Perla: el ex centro clandestino que sigue entregando verdad

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes del país durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Por allí pasaron miles de personas secuestradas, torturadas y asesinadas bajo las órdenes del entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Las excavaciones en los predios aledaños, ordenadas por la justicia en el marco del expediente iniciado hace 40 años, continúan aportando pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Con cada nombre restituido, se consolida la verdad que el Estado argentino les debe a las víctimas y sus familias.

El trabajo del EAAF en este caso confirma además que los perpetradores intentaron destruir los restos para volverlos inhallables. Sin embargo, casi cinco décadas después, la ciencia y la justicia lograron lo que la impunidad quiso evitar: devolverles la identidad y, ahora, también la despedida.

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