El sistema de atención a jubilados volvió a quedar en el centro de la polémica. Denuncias sobre recortes en prestaciones, pagos frenados y una deuda que superaría los $500.000 millones pusieron bajo la lupa al PAMI y desataron una interna dentro del propio Gobierno.

Prestadores advierten que la situación ya impacta de lleno en la atención: interrupciones en tratamientos, demoras y dificultades crecientes para acceder a servicios básicos de salud.

Deuda y atención en riesgo

El eje del conflicto es financiero. Profesionales y centros de salud aseguran que el organismo arrastra una deuda acumulada que compromete la continuidad del sistema.

En los hechos, eso se traduce en:

• Cortes o limitaciones en la atención
• Suspensión de tratamientos
• Restricciones en la cobertura de prácticas médicas

La crisis no es sólo administrativa: empieza a sentirse en la vida cotidiana de los afiliados.

Interna en el Gabinete

El escenario también dejó al descubierto tensiones en el Gabinete libertario. Desde el entorno oficial reconocen malestar dentro del Gobierno por la falta de fondos.

Según trascendió, habría diferencias entre el área económica y el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, conducido por Mario Lugones, por la liberación de partidas. Incluso se habló de posibles renuncias en medio del conflicto.

Capital Humano toma distancia

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, salió a despegarse públicamente.

En un comunicado oficial, aclaró que PAMI no depende de esa cartera, sino del Ministerio de Salud, y que cualquier consulta debe canalizarse por esa vía.

La aclaración, lejos de ordenar, dejó expuesta la fragmentación interna.

El conflicto en PAMI se inscribe en un contexto más amplio: ajuste fiscal, caída de ingresos y aumento de la demanda en salud.

En ese cruce, los jubilados vuelven a quedar en el medio. Y el sistema, tensionado entre deuda, recortes y disputas políticas, empieza a mostrar señales de desgaste estructural.